EscucharPor mucho tiempo fue un secreto a voces, un susurro que se filtraba por los salones de clase, por los cubículos y las oficinas administrativas. Pero al final la valiente denuncia de un puñado de alumnas destapó los ultrajes que estaban sufriendo las mujeres en los campus universitarios.
Corría el mes de mayo del 2019 cuando 20 alumnas de las Universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) se declararon “en estado de emergencia” por los casos de violencia de género que ocurrían en esos centros educativos.
Ellas aseguraron que la violencia contra las mujeres en los centros de enseñanza superior estatales era “persistente e histórica”, así como la negligencia con que las autoridades manejaban las denuncias por acoso y hostigamiento sexual contra las estudiantes.
Tenían razón. Hasta entonces, estos problemas estaban prácticamente invisibilizados y los procedimientos establecidos para investigarlos y el régimen sancionatorio eran laxos, por no decir alcahuetes.
De ello dan cuenta los desgarradores testimonios de varias jóvenes víctimas de los depredadores que aprovecharon los vacíos del sistema para cometer sus fechorías con impunidad.
Afortunadamente, tal parece que el grito lanzado por las estudiantes tocó fibras profundas y las universidades, exhibidas en cuanto a sus falencias y despreocupación en esta materia, tomaron acciones para saldar una vergonzosa deuda.
Una investigación realizada por La Nación revela que luego de la protesta estudiantil del 2019, las universidades estatales endurecieron las sanciones contra funcionarios involucrados en actos comprobados de hostigamiento sexual.
La revisión de 78 denuncias presentadas entre el 2012 y el 2022 determinó que después de que el problema salió a la luz pública, el despido se convirtió en la medida más utilizada para sancionar a los agresores, mientras las suspensiones de 15 o 30 días ganaron terreno.
Se trata de un cambio significativo, si se toma en cuenta que antes los castigos solían ser suspensiones de ocho días o menos y los despidos eran esporádicos.
No obstante, la lucha no termina. El significativo paso, dado gracias a la valentía de las estudiantes, debe calar en escuelas, colegios, oficinas públicas, empresas privadas y donde sea que el acoso sexual se extiende ante la indiferencia y la complicidad.
rmatute@nacion.com
El autor es jefe de información de La Nación.
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El 27 de mayo del 2019, un grupo de 20 alumnas de la UCR, la UNA y el Tec denunciaron el hostigamiento sexual.
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