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Si Costa Rica mantiene una tasa de crecimiento del 9% anual en la cantidad de vehículos, como la tuvo en el 2025, el país tendría un automotor por habitante en el 2036.
La flota vehicular empataría con la población en casi 5,4 millones y, a menos de que el Estado haga una descomunal inversión en carreteras, pasos elevados y túneles, las calles se convertirán en parqueos, como ya ocurre en muchos lugares.
El número de vehículos crece a un ritmo mucho mayor que la población. Solo el año pasado, la flota creció en 174.000 unidades, mientras que la población subió en solo 27.000 personas.
Los datos se desprenden de las estadísticas de vehículos con seguro obligatorio, compiladas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), y de las proyecciones de crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Es normal escuchar a allegados, sobre todo a los más jóvenes, hablar de su deseo de tener carro o moto para resolver necesidades de movilización.
Su aspiración es legítima. Les urge resolver una necesidad que el Estado no les resuelve: desplazamientos eficientes, seguros y pagables.
Cada vez más personas aspiran a tener vehículo porque el transporte público no cubre sus rutas, o lo hace de forma lenta y con paradas en sitios inseguros. Muchos prefieren pagar servicios de plataformas, aunque les resulte más caro.
Bajo esas circunstancias, se produce un ciclo de caos en el que la solución que encuentran las personas alimenta el problema.
Ya ni hora pico tenemos, pues hoy toda hora es hora pico, al tiempo que las rutas hacia los sitios de descanso también están colapsadas.
La única forma de cambiar voluntades es ofrecer una alternativa real y es ahí donde debe existir la política pública, pues para ello se pagan impuestos.
Sin embargo, los antecedentes no son buenos. Costa Rica es un país que invierte muy poco en carreteras. Por costos económicos y la poca capacidad del Estado, es muy difícil apostar solo a la ampliación de la infraestructura vial, a menos de que se llenen todas las carreteras de peajes, lo cual también eleva costos.
Y los precedentes sobre el transporte público son pésimos. Más bien, hoy se están clausurando líneas de bus y los políticos han tenido mucha reticencia al transporte masivo en tren. Durante la administración 2018-2022, partidos como el PLN y el PUSC frenaron el crédito para construir el tren eléctrico, con argumentos como el desacuerdo con que las zonas rurales pagaran por un tren en la GAM, como si los impuestos que aportan todos no tuviesen objetivos generales. Luego, el actual gobierno tardó casi cuatro años en replantear el proyecto.
Si la flota vehicular sigue creciendo a este ritmo, ¿al menos existirá una política pública que advierta de la situación?
eoviedo@nacion.com
Esteban Oviedo es jefe de Información de ‘La Nación’.
