Escuchar“En el pasado, la decencia estaba vinculada a ciertos comportamientos sexuales. Lo indecente hoy es que una persona no pueda vivir de acuerdo con lo que se considera digno” (Martha Nussbaum).
El concepto de “decencia humana” de esta reconocida filósofa, está profundamente enraizado en su visión de la dignidad como un derecho fundamental de cada persona.
Nussbaum reconoce la vulnerabilidad humana y ve nuestra dependencia de otras personas como una oportunidad para desarrollar una humanidad auténtica. Imagina una sociedad donde las capacidades básicas, como la educación, la salud, la participación política y la interacción social, no solo sean derechos garantizados, sino pilares sobre los que se construye el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. En su visión, la justicia y la equidad no son solo ideales, sino imperativos cimentados en el respeto inquebrantable por la dignidad inherente de cada individuo.
Estos conceptos de Nussbaum se me vinieron a la mente a raíz de la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar al Ministerio de Educación alrededor de ¢14.000 millones, aprobados por la Asamblea Legislativa desde el año pasado, para los programas de comedores estudiantiles, becas Avancemos y apoyo a familias en condición de pobreza. Concretamente, de dichos fondos, ¢7.710 millones están destinados a becas y ¢5.789 millones corresponden al programa de comedores escolares.
Al sistema educativo público costarricense asiste el 85% del estudiantado costarricense. De ellos, cerca del 40% vive en pobreza (¡casi 400,000 niños, niñas y jóvenes!) y un 12% vive en pobreza extrema. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica es el país con la tasa más alta de pobreza infantil.
Evidentemente, nuestras escuelas y colegios públicos, además de formar académicamente a la niñez y a la juventud, están llamadas a funcionar como un nivelador social fundamental. ¿Por qué? Porque compensan diversas carencias de algunos factores necesarios para el desarrollo integral que pueden tener los hogares: niveles de escolaridad y clima educativo de los padres, orden y estructura, disciplina, destrezas sociales y creatividad, entre otros.
Aún más, la escuela y el colegio públicos proveen protección, cuido y en miles de casos, nutrición básica. Muchas veces es la maestra la que identifica problemas de violencia intrafamiliar y de deficiencias en el desarrollo y en la salud integral de un niño o una niña. Asimismo, sabemos que es en el comedor escolar donde miles de estudiantes reciben la única comida realmente nutritiva y sustanciosa del día.
Por otra parte, según el Informe del Estado de la Educación y diversos estudios internacionales, el no contar con programas de apoyo al estudio, como transporte, becas y comedores escolares, es uno de los predictores de exclusión estudiantil (lo que antes se mal llamaba deserción).
Es decir, hay estudiantes que se ven forzados a abandonar la escuela o el colegio porque no pueden pagarse el bus, los cuadernos o los zapatos. Contrario sensu, la existencia de comedores en los centros educativos incentiva a muchas familias a mandar a sus hijos a clases. De hecho, se sabe que el mantener los comedores abiertos durante las vacaciones de medio año ayuda a que los estudiantes completen el curso lectivo.
Las citadas ayudas para el estudio son especialmente necesarias en países como Costa Rica, donde un segmento importante de la población tiene carencias multidimensionales. Reducen barreras económicas al permitir a estudiantes de familias con escasos recursos tener oportunidades semejantes a las de cualquier chico o chica de su edad; propician equidad al ofrecer a toda la población estudiantil condiciones similares para estudiar; fomentan el desarrollo integral (sobre todo cuando hay programas deportivos y artísticos); propician mayor rendimiento académico al dar acceso a programas y servicios esenciales que permiten a la población beneficiaria enfocarse en el aprendizaje (alimentación, apoyo psicológico y pedagógico, etcétera.); finalmente, como adelanté, las transferencias sociales facilitan la continuidad y permanencia educativas.
Además, en un país con las condiciones del nuestro, el sistema público es factor esencial de movilidad social. Es la llave para que miles de personas salgan de la pobreza, superen diversas condiciones limitantes del entorno en que nacieron, gocen de más oportunidades de superación y puedan ejercer a plenitud su condición de ciudadanos costarricenses.
Recordemos que la educación es un derecho humano, por lo que todas las acciones educativas deben estar basadas en los principios fundamentales de inclusión, equidad y no discriminación, en especial para las poblaciones más frágiles.
El artículo 78 de la Constitución Política establece que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, son gratuitas y costeadas por la nación. Esa gratuidad y costeo por parte de la nación comprende las transferencias o ayudas necesarias para que nadie, ningún niño, niña ni joven, se quede sin poder asistir a la escuela o el colegio.
Abonando a esto, la Sala IV ha dicho que cuando la Asamblea Legislativa aprueba un presupuesto, está dando una orden al Estado, en concreto al Ministerio de Hacienda, el cual no puede alegar criterios de oportunidad para negarse a girar los recursos. La Ley de Presupuesto es vinculante para el Poder Ejecutivo. Así lo establece el artículo 180 de la Constitución Política.
Concretamente, en una resolución de 2011, la Sala IV estableció que “… el constituyente originario optó por un Estado social de derecho, lo que conlleva una vinculación de los poderes públicos a esta realidad jurídica y social. Ergo, en este último caso, el Poder Ejecutivo, en la medida que los ingresos así lo permitan, tiene la obligación de financiar los programas sociales para mantener y profundizar el Estado social de derecho”.
A este punto, es claro que la decisión de no girar dineros presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa con el destino específico de atender necesidades esenciales de las personas más vulnerables, determinantes para el futuro de nuestra población infantil y juvenil más necesitada, violenta un derecho humano, contraviene la Constitución y la ley. Y Martha Nussbaum seguramente diría que no es solo un asunto de legalidad.
En otras palabras, hay indecencia cuando una sociedad, y particularmente un Estado, descuida a su población más vulnerable, cuando no destina los recursos necesarios para que cada persona viva en condiciones mínimas de dignidad, cuando reproduce inequidades en vez de generar bienestar.
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Abril Gordienko López es activista cívica.
