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Policía alerta sobre fraudulento servicio para ‘capturar’ deudores de pensión alimenticia

Fuerza Pública no trabaja en asociación con personas o empresas que cobran por, supuestamente, localizar y entregar a las autoridades a deudores

El Ministerio de Seguridad Pública alerta a la población sobre un supuesto servicio de captura de deudores de pensión alimenticia que se promociona en redes sociales. La institución recordó que las diligencias relacionadas con procesos judiciales las realiza la Fuerza Pública, conforme a las órdenes que les brindan los tribunales, sin intervención de empresas o agentes externos.

La supuesta empresa se da a conocer en Facebook, por medio de publicaciones en grupos públicos, en los que promete “localizar al deudor sea en su lugar de trabajo, casa de habitación o cualquier parte del territorio nacional”, por medio de “lo último en tecnología”. El servicio, según los mensajes, se coordina por medio de WhatsApp, al número 62315908, y se cobra una vez que el sujeto quede bajo custodia policial.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad aseguró que es “completamente falso” que sus policías trabajen en asociación con este tipo de supuestas empresas. “La Fuerza Pública actúa conforme a solicitudes judiciales y de acuerdo con lo que establece la legislación costarricense, sin especial interés de una empresa en particular”, dice el pronunciamiento oficial de la autoridad policial.

Uno de los espacios donde se promociona el servicio clandestino es el grupo “Cartago compra y venta”. Las publicaciones en dicho foro las ha realizado una cuenta identificada como “Paola Jimene”, la cual registró su primera publicación en Facebook en julio del año pasado.

El apremio corporal es una medida que pueden dictar los juzgados, en contra de personas obligadas al deber de alimentos con familiares (por ejemplo, con sus hijos) que estén atrasadas con el pago de las cuotas mensuales, siempre que sean menores de 71 años. La Ley de Pensiones Alimentarias establece que el apremio no puede extenderse por más de seis meses, así como que la orden se revoca si el obligado paga la deuda.

La misma ley dicta que en caso de que el deudor se oculte, la policía podrá allanar el lugar en el que se encuentre, una vez que obtenga la autorización de un juez.

Sofía Chinchilla Cerdas

Sofía Chinchilla Cerdas

Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.

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