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Durante las próximas semanas, usted podría sentir la tentación de publicar un formulario de encuesta en su muro de Facebook, su cuenta de Twitter o sus historias de Instagram, para conocer por quién van a votar sus conocidos y familiares. Tenga cuidado: a menos de que usted sea una de las diez organizaciones que se inscribieron ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como encuestadoras, el experimento podría costarle una multa de hasta ¢23 millones.
Según lo establece la normativa electoral, desde el pasado 13 de noviembre quedó prohibido que personas físicas o jurídicas que carezcan del aval del TSE publiquen sondeos relacionados con los candidatos presidenciales. Esta regla aplica, incluso, a los usuarios de redes sociales.
Sin embargo, cuando se acerca una elección, suelen proliferar en redes sociales sondeos rudimentarios no autorizados y encuestas falsas. En la cuarta entrega del especial NoComaCuento en Elecciones, Andrei Cambronero, letrado del TSE, explica quiénes pueden publicar estudios de intención de voto durante la campaña electoral, cuáles multas se aplican a quienes incumplan las normas y cómo se puede detectar un estudio fraudulento.
Solo 10 organizaciones pueden publicar encuestas
El Código Electoral establece que durante los periodos electorales, las empresas, universidades e institutos que deseen publicar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral deben registrarse ante el TSE dentro de los 15 días posteriores a la convocatoria a elecciones. Para los comicios del 2022 ya se cumplió dicho periodo, al cabo del cual obtuvieron el aval diez organizaciones:
- Opinión Política C y C S.R.L. (OPOL)
- CID Gallup Latinoamérica S.A
- Universidad U Latina S.R.L.
- Demoscopía S.A.
- Idespo / Universidad Nacional
- Programa Estado de la Nación / Consejo Nacional de Rectores
- Enfoques Investigación MP
- Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) / Universidad de Costa Rica
- B y S Blanco y Sánchez Consultores
- INDICE
Para registrarse, las encuestadoras debieron informar sobre su experiencia en la realización de este tipo de estudios, la metodología de investigación utilizada y los precios que cobran por sus servicios. Al mismo tiempo, debieron indicar el nombre del profesional en estadística, avalado por el Colegio de profesionales en Ciencias Económicas, que se hace responsable por las publicaciones.
Multas desde los ¢4,9 millones para infractores
Quienes publiquen encuestas y sondeos electorales sin autorización se exponen a recibir multas de entre 10 y 50 salarios base, es decir, montos que oscilan entre los ¢4,6 millones y los ¢23 millones.
El TSE investiga este tipo de incumplimientos a partir de las denuncias que se le presenten, no indaga de oficio. Si el infractor no cancela la multa en el periodo estipulado, el Tribunal puede iniciar un procedimiento de cobro judicial. Esta norma aplica a las personas físicas y jurídicas por igual, incluso a usuarios de redes sociales.
Lo que no se puede hacer en redes sociales
El Código Electoral no sanciona la recolección de datos, pero sí la divulgación al público de resultados de sondeos electorales no autorizados. Por lo tanto, un usuario de Facebook podría preguntarle a sus amigos, dentro de un grupo cerrado, por quién planean votar, siempre y cuando los resultados los vea solo ese grupo de personas. Si la encuesta la hace en un grupo público, o en su muro, donde cualquiera pueda ver el resultado, el TSE podría sancionarlo.
Deben revelar quién los financia
Además de cumplir requisitos previos para la inscripción, las encuestadoras autorizadas deben informar al TSE sobre cada estudio que publiquen durante la campaña electoral. El mismo día de la publicación, deben entregarle al Tribunal una ficha que detalle el tipo de muestreo que se utilizó para recolectar los datos, la forma de selección de la muestra, el grado de confianza y el margen de error de la encuesta.
Las encuestadoras también deben informar si algún medio de comunicación, partido político, persona o empresa pagó por el estudio. Además, el Tribunal ordena que se conserven íntegras las bases de datos recolectadas y los análisis que se hayan realizado, en caso de que se necesite investigar alguna denuncia por presuntas anomalías en el estudio.
Esta regla se implementó luego de que, en las elecciones del 2018, la firma Opol Consultores publicara encuestas sin advertir de que las mediciones las había encargado el Partido Restauración Nacional, tal como lo develó La Nación el 8 de mayo de ese año. A partir de ahora, si alguna de las encuestas que se publican es contratada por un partido político, los electores lo sabrán.
Influencia en electores y prestamistas de partidos
Según Andrei Cambronero, letrado del Tribunal, todas estas normas buscan que los costarricenses ejerzan el voto de la forma más libre posible, ya que las encuestas podrían influenciar en esa decisión. Por ese mismo motivo, es que en el país se prohíbe la publicación de encuestas durante los tres días previos a la elección.
El TSE también vigila con celo la publicación de encuestas, porque los bancos suelen prestarles dinero a los partidos políticos que tienen un mejor rendimiento en las encuestas, lo cual podría limitar las posibilidades de financiamiento de las agrupaciones más pequeñas o menos conocidas.
¿Cómo detectar una encuesta fraudulenta?
Previo a los comicios del 2018, y en los meses previos al inicio de esta campaña electoral, circularon en redes sociales supuestos resultados de encuestas fraudulentas, con cifras inventadas.
Para detectar si se está en presencia de una medición avalada o un sondeo falso, el Tribunal recomienda identificar quién es el autor del estudio, verificar la fuente original en la que se publicó la información y luego constatar en la página www.tse.go.cr/2022/encuestadoras.html si se trata de una firma autorizada. Si el sondeo no cumple dicho requisito, no se le debe dar credibilidad.
