La conformación de una comisión legislativa que investiga una denuncia en contra de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, suscitó que en redes sociales surgiera un rumor sobre un supuesto plan de los diputados para destituir a la jerarca y nombrar en su lugar a Laura Arguedas Mejía, excandidata a vicepresidenta del Partido Liberación Nacional (PLN).
En publicaciones de Facebook y Telegram, múltiples páginas y grupos aseguran que los legisladores procuran concretar la destitución antes de abandonar sus cargos, el próximo 30 de abril. No obstante, tal versión carece de fundamento, pues en la Asamblea Legislativa no se ha iniciado ningún procedimiento para destituir a Crespo, ni tampoco para designar a Arguedas.
La presidenta de la comisión que investiga el caso, la restauracionista Floria Segreda, enfatizó que el foro carece de potestad para separar a la defensora del cargo, y reconoció que ni siquiera está claro si podrían sancionarla de alguna forma, en caso de comprobar un incumplimiento. Además, un eventual procedimiento de esa naturaleza requeriría de múltiples trámites en la Asamblea Legislativa, que no se podrían realizar en las dos semanas que les quedan a los actuales legisladores.
“No queremos a Laura Arguedas en la Defensoría. Fuera PAC y progresismo de Costa Rica”, dice una publicación que compartieron las páginas Mi voto es contra el PAC 1 y Eres un PAClovercillo 2.0. La misma idea la han repetido durante las últimas dos semanas las páginas y perfiles Pato Villeda, Costa Rica A La Calle No Mas Impuestos En Defensa de la Clase Media, Francisco Perdomo y Bell Cue Geq, entre otras.
Consultada por La Nación, Arguedas Mejía, politóloga y especialista en derechos humanos, dijo que no ha tenido conversaciones con diputados actuales ni con legisladores electos sobre el puesto de defensora de los habitantes. Catalina Crespo fue electa para dicho cargo en diciembre del 2018, por un periodo de cuatro años, que terminará en diciembre del 2022. En ese momento, podrá buscar la reelección por un único periodo adicional, según lo establece la ley.
Comisión sin potestad sancionatoria
La comisión especial número 22.988 se creó el 31 de marzo para investigar una denuncia presentada por una persona llamada Róger Corrales, quien asegura que la Defensoría se negó a asesorarlo para redactar un proyecto de iniciativa popular, según lo informó el Semanario Universidad.
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El órgano lo integran los diputados Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), quien lo preside; Yorleny León, del PLN; Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Guevara, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Dichos diputados tienen previsto recibir en audiencia a Crespo este jueves 21 de abril, y deberán emitir un informe final con sus conclusiones a más tardar el viernes 29 de abril, un día antes de que termine el período 2018-2022. El documento se enviará al plenario legislativo, para que los 57 diputados decidan qué hacer con él. No obstante, Segreda Sagot descartó que su intención sea destituir a la defensora.
“Eso es falso, totalmente. En primer lugar, la comisión no tiene la legalidad ni la potestad de destituir a absolutamente a nadie, esto es una comisión que fue creada simplemente para valorar y ver los hechos denunciados, pero el destituir o no a una defensora, incluso a nivel legal no existe un procedimiento ni mucho menos una comisión creada con esa finalidad”, declaró Segreda.
La diputada, además, aseguró que Laura Arguedas no ha tenido “absolutamente nada” que ver en el proceso. La propia excandidata confirmó dicha información.
“No he tenido ninguna conversación con diputados ni con la fracción entrante (de Liberación Nacional), tampoco la tuve con don Rodrigo Chaves”, declaró la exaspirante a la vicepresidencia.
La Defensoría de los Habitantes es un órgano con independencia funcional, adscrito a la Asamblea Legislativa. Por esa razón, el nombramiento de su jerarca lo realizan los diputados. Cuando el puesto de defensor queda vacante, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa abre un periodo de postulaciones, recibe los atesados de los interesados, los entrevista y después los califica, para conformar una terna que se recomienda al plenario. En la votación final participan los 57 legisladores. El proceso completo se extiende a lo largo de varias semanas, e incluso meses.
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