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El técnico judicial 2, Arnold Téllez Espino, confirmó que, a principios del 2016, él gestionó la eliminación del nombre del exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, del sistema informático del Ministerio Público, donde figuraba entre los imputados por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
Téllez aseguró que ejecutó ese cambio por solicitud de la fiscala Natalia Rojas Méndez y precisó que si bien le pareció extraña la petición —porque nunca había hecho algo así— él la acató sin ningún cuestionamiento y sin analizar si estaba actuando o no, conforme a derecho.
“No era normal ese tipo de solicitudes, yo trabajaba en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) desde su fundación en el 2011 y nunca había escuchado de la eliminación de un imputado hasta ese momento. Sí de la inclusión, pero no de la eliminación”, enfatizó el funcionario judicial.
Esas declaraciones las brindó, la mañana de este lunes, ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea, en el juicio por un presunto tráfico de influencias que enfrenta el exalcalde Johnny Araya, el exmagistrado penal, Celso Gamboa Sánchez; y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla.
En esa causa se indaga cómo, de previo a las elecciones municipales del 2016, Johnny Araya, entonces candidato a alcalde de San José, al parecer, obtuvo un documento con ayuda de Celso Gamboa y Berenice Smith para demostrar que no era imputado en esa causa en específico. En ese momento, el primero era fiscal adjunto y la segunda, fiscala adjunta de Probidad.
Posteriormente, Araya le entregó ese documento a la otrora periodista de La Nación, Mercedes Agüero, quien en ese entonces elaboraba un reportaje sobre los procesos que afrontaban los aspirantes a alcaldes.
La tesis del Ministerio Público es que la entonces fiscala Natalia Rojas ordenó borrar el nombre de Johnny Araya tras una reunión con Gamboa y Smith y que fue hasta ese momento que ella le respondió a Araya, en una nota, que él tenía la condición de denunciado y no de imputado en esa causa judicial.
Esos hechos se investigan en el expediente N.° 17-000039-0033-PE y fueron elevados a juicio en el 2021, año en que se dictó un absolutoria por el principio in dubio pro reo, es decir, por duda.
Sin embargo, ese fallo fue anulado por el Tribunal de Apelación en mayo del 2023, que ordenó realizar un juicio de reenvío, el cual se está desarrollando en este momento.
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Eliminación de sistema de información
Este lunes, Téllez precisó que él gestionó la eliminación del nombre de Araya para que no apareciera en una causa dentro del sistema de gestión interno de la Fapta, donde se detallan todos los intervinientes de cualquier proceso judicial, entiéndase imputados, denunciantes y otras partes interesadas.
Contó que eso ocurrió a principios del 2016, cuando él estaba sustituyendo a la coordinadora judicial, Gabriela Quirós, quien estaba de vacaciones.
Este lunes, ella declaró antes que él, y ambos coincidieron en que nunca antes se les había solicitado eliminar el nombre de un imputado del sistema de gestión.
Ellos relataron que usualmente se hace un cambio solo para incluir a un nuevo interviniente, o bien, para corregir un error, como por ejemplo cambiar los apellidos de una persona, a quien se le pusieron invertidos.
La Fiscalía había citado a declarar, este lunes, a la experiodista de este diario Mercedes Agüero; no obstante, su intervención se postergó para este martes. Mientras, que el miércoles será el turno de la exfiscala Natalia Rojas.
