EscucharCompañías telefónicas denunciaron un trato desigual en la asignación de frecuencias para desplegar redes 5G, debido a una asimetría en la cuota asignada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Y reclaman al Gobierno cumplir compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos (EE. UU.), Centroamérica y República Dominicana (Cafta, por sus siglas en inglés).
Esa queja se recoge en una consulta pública pedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para actualizar un estudio de factibilidad, antes de iniciar con el proceso para una subasta del espectro radioeléctrico, que busca atraer firmas extranjeras para desarrollar 5G.
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El edificio de la sede central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), localizado en Sabana Norte, en San José. Esa compañía estatal tiene en su poder una banda de 2.600 Megahercios (MHz) para desplegar redes 5G. Sus competidores privados exigen tener una porción de ese espectro. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
La discordia se basa en la banda de 2.600 Megahercios (MHz), la cual está en su totalidad en manos del ICE, pese a ser la segunda banda media en importancia para 5G en el país. La necesidad de distribuirla, de manera equitativa, ha sido señalada por la Sutel, pues supondría un impacto para la libre competencia en el mercado, el no incluir suficiente de esta en la futura subasta.
Varias empresas, como Liberty, Claro, 5G Americas, Ciber Regulación y Ericsson, comentaron la necesidad de aplicar la normativa vigente para asignar y distribuir equilibradamente ese espectro entre los operadores móviles del mercado e hicieron referencia directa a las bandas de 2.600 MHz y 3.500 MHz.
Recordatorio
Liberty expresó que con la ratificación del Cafta, Costa Rica abrió su sector de telecomunicaciones pero además, garantizó principios como una administración objetiva de las frecuencias.
Para esa firma, una subasta sin 2.600 MHz sería “una clara asimetría entre el grupo de interés económico integrado por el ICE y Racsa (Radiográfica Costarricense S. A.), versus el resto de los operadores, quienes para acceder a ese recurso escaso deben de participar en un concurso público y ganar la licitación correspondiente”.
La firma denunció que el operador estatal y su subsidiaria recibieron esa frecuencia de forma directa, sin pagar por el derecho a explotarla, con el agravante de que en el caso de Racsa no es un operador móvil.
“No utiliza ese recurso escaso como ha evidenciado la Sutel”, se quejó la firma, según el informe de Sutel al Micitt.
La empresa estadounidense incluso alegó que el marco normativo costarricense dotó al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para recuperar frecuencias del espectro radioeléctrico por razones de ineficiencia, desuso, nuevas tecnologías y concentración que afecta la competencia efectiva.
“Dado lo anterior, resulta de difícil comprensión que de cara al diseño de un posible procedimiento concursal que siente las bases del eventual despliegue de 5G en el país, no se esté considerando la recuperación inmediata de algunos segmentos de la banda de 2.600 MHz”, señaló Liberty, en el informe de Sutel.
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La firma agregó que ello generaría una asimetría en materia de la asignación del espectro que se le otorga al operador con una mayor cuota de espectro, el ICE: “Es una posición ventajosa para hacer frente al aumento de la demanda del servicio”.
En el mismo orden de ideas, la empresa mexicana América Móvil (marca Claro) dijo que esa concentración del espectro, por tiempo indefinido en la banda de 2.600 MHz, es una infracción a los principios de igualdad y de libre competencia.
Claro anotó también que el ICE tiene a su disposición tres veces más espectro radioeléctrico en comparación con sus competidores, pero no utiliza o subutiliza casi el 61% del recurso concesionado, es decir, la banda de 2.600 MHz.
De esa frecuencia, el ICE posee 190 megahercios y, de la banda de 3.500 MHz, tiene 100 megahercios para sus desarrollos comerciales, incluso luego de ceder 125 megahercios, en setiembre pasado, al Poder Ejecutivo.
Para ese proveedor, la cantidad diferenciada y no utilizada de ese espectro concesionado al ICE obedece a una situación preexistente a la apertura del mercado en el 2011, la cual, agrega el informe de Sutel, es contraria tanto a la Ley General de Telecomunicaciones como a principios regulatorios que Costa Rica adquirió al suscribir el Cafta.
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Sin discriminar
La multinacional sueca Ericsson, al referirse a la necesidad de una justa asignación del espectro, también recalcó la importancia de “cumplir con los compromisos de Costa Rica” en el Cafta.
Para ese grupo empresarial, el tratado es un recordatorio para una distribución de esa banda “de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria; así como también de medidas para promover la libre competencia del mercado de telecomunicaciones”.
Debido a la respuesta conjunta de las telefónicas, la Sutel alertó, el pasado viernes, al Gobierno sobre la necesidad de recuperar, cuanto antes, el espectro radioeléctrico en la banda de 2.600 MHz en manos del ICE, para un desarrollo adecuado de las redes 5G.
De lo contrario, el mercado interno de telecomunicaciones sufriría las consecuencias.
Como ya lo ha reiterado en varias ocasiones, la Superintendencia indicó a las autoridades que la banda media de 2.600 MHz es crítica en desarrollos 5G a nivel mundial.
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