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Los 3.000 afiliados de la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede) lidian todos los días con la angustia de perder los ahorros e inversiones de toda su vida por un mal negocio realizado por esa organización.
Entre los afectados hay magistrados, jueces y fiscales; algunos de ellos depositaron ahí montos que superan los ¢300 millones, producto de las reservas de toda su vida o la cesantía obtenida a la hora de retirarse.
El origen del problema se dio en 2010, cuando Caprede decidió entrar en el negocio de compra y descuento de facturas para aumentar sus utilidades, actividad denominada factoreo. Once años después, aquella decisión los tiene al borde de la quiebra, sin poder devolverle ahorros e inversiones millonarias a sus socios y con varias denuncias judiciales a cuestas.
Para dedicarse a aquella actividad, Caprede creó la subsidiaria Caprede Factoreo y le trasladó ¢4.500 millones de los ahorros y utilidades de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.
También le inyectó más de ¢4.300 millones de créditos solicitados al Banco Nacional y otras entidades financieras, los cuales están pendientes de cancelar y son responsabilidad de los asociados.
Una auditoría forense realizada en 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.
Según los estados financieros auditados, a julio de 2020, Caprede estaba en riesgo de perder ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas.
“La cartera de crédito, al 28 de febrero del 2017, muestra un nivel de concentración y un deterioro importante. Al punto de que las pérdidas estimadas en cartera incobrable llevarían a la empresa a una quiebra técnica”, se detalla en el informe elaborado por la firma auditora ARF Consultores y de la cual tiene copia La Nación.
La reconstrucción financiera encontró que la cartera de factoreo ascendía en el 2017 a ¢9.365 millones, de los cuales el 65%, es decir ¢6.050 millones, fue catalogada de muy difícil recuperación.
La mayoría de esos recursos terminaron, según el reporte forense, en manos de una sociedad llamada Alfredo Rojas y Asociados; la cual presuntamente cedió facturas alteradas a Caprede Factoreo.
Por ejemplo, los auditores detectaron que Alfredo Rojas y Asociados les vendió 484 facturas de Walmart que resultaron falsas; esa condición fue confirmada por representantes de esa corporación y subrayada por ARF Consultores en 2017.
Con el paso del tiempo, el déficit de ¢6.050 millones creció hasta llegar a los ¢8.844 millones actuales.
La situación es tan delicada que Alexander Arguedas Vindas, gerente general de Caprede fue denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de intermediación financiera; caso que se tramita bajo el número de expediente 20-000069-621-PE.
Además, Adrián Arroyo Acosta, expresidente de la Junta Directiva de Caprede, enfrenta pesquisas por aparente apropiación y retención indebida en la causa 21-000007-619-PE.
Ambos casos, según el Ministerio Público, fueron denunciados entre mayo y noviembre de 2020 y están en fase de indagación, que es privada.
Arguedas y Arroyo dijeron que desconocen de esos procesos judiciales y rechazaron ser los responsables del descalabro financiero de la Caja de Préstamos.
“Lo ponen a uno como si uno fuera el responsable y uno no es el responsable, para el año 2020 yo era el presidente de la Junta Directiva, pero el factoreo no es una situación que se diera en el 2020″, argumentó Arroyo, quien es vocal en la Junta Directiva actual.
Antes de ser presidente de Caprede entre 2019 y 2020, Arroyo ocupó varios puestos en la Junta Directiva; incluso admitió haber participado de la asamblea que aprobó la creación de Caprede Factoreo.
Por su parte, Arguedas fue gerente financiero de Caprede Factoreo entre 2011 y 2012, actualmente labora como gerente general de Caprede.
El expresidente aseguró que a los perjudicados se les está explicando lo sucedido y se les está pidiendo tiempo para honrar los pendientes.
“Se les ha solicitado (a los afiliados) un poco de tiempo, ya se han ido cancelando algunas obligaciones”, dijo.
La Gerencia General de Caprede reconoció a este diario que están pagando certificados de ahorros e intereses vencidos con un año de atraso y hasta ofreciendo terrenos como forma de pago.
En la actualidad, tienen compromisos financieros vencidos con 200 socios por un total de ¢2.000 millones.
Uno de ellos es Jesús Maceo, funcionario de los Tribunales de Justicia en Limón.
El hombre relató que tenía un ahorro a la vista por un monto menor a ¢200.000 y el año anterior decidió retirarlo porque lo necesitaba, pero se sorprendió al enterarse que no se lo podían pagar.
“Cuando ocupé el ahorro me dijeron que no me lo podían dar (...) De hecho me dijeron que me iban a dar ¢50.000 y que el resto me lo daban al año de haber renunciado a la Caja, yo lo solicité a principios de noviembre de 2020″, expresó Maceo, quien se afilió a Caprede en 2019.
Aseguró que al momento de asociarse nadie le advirtió de la situación financiera de la institución.
Este diario conoció otros casos en los que no se ha hecho devolución de ahorros, certificados a plazo y otros, pero las víctimas pidieron que no se revelaran detalles, ni se incluyeran sus nombres por temor a represalias.
También afirmaron que al momento de empezar ahorros o firmar inversiones no les informaron de las escollos financieros de la entidad.
En el 2010, año en que se aprueba el factoreo, el gerente general de Caprede era Randall Bonilla Cruz.
Alegan estafa
Luego de conocer el informe forense, Caprede procedió a cerrar Caprede Factoreo. Sin embargo, rehúsan declarar como pérdidas las cuentas incobrables desde 2017 como lo recomiendan varios informes auditados.
La razón para no declarar como pérdida los ¢8.844 millones transferidos a Caprede Factoreo es que mantienen procesos judiciales por el supuesto delito de estafa contra un hombre de apellidos Rojas Moscoa y otros procedimientos de cobro judicial.
Carlos Mora, presidente de la Junta Directiva de Caprede, precisó que presentaron la denuncia en 2017.
No obstante, desconocen si la pesquisa prosperará y si lograrán recuperar algo. Además, por la complejidad del caso, la investigación avanza lento.
El 10 de marzo, Israel Naranjo, fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República, entregó, a solicitud de Caprede, un reporte sobre el desarrollo de las pesquisas relacionadas con este asunto.
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“Se han realizado investigaciones por parte de la Sección de Fraudes, levantamiento de
secretos bancarios y levantamiento de secretos tributarios, entre otras diligencias de utilidad en la averiguación de los hechos.
“En ambos casos se encuentra a la espera del informe policial que fue solicitado a la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial”, detalló Naranjo en su informe.
Malos cálculos
Mora aceptó que el negocio de factoreo no resultó como pensaban y que arrastran las consecuencias.
Caprede pasó de una planilla de 60 personas a 26 y la reserva de liquidez pasó de ¢3.000 millones a solo ¢50 millones.
El año anterior valoraron someterse a un proceso de administración superior, en el cual un juez evalúa su condición financiera y establece una intervención.
“Lo que cuenta la historia es que factoreo le iba a generar una utilidad grandísima a todos los afiliados, eso era en síntesis el negocio del factoreo”, comentó Mora.
Entre 2017 y 2018, la Caja de Préstamos despidió a 11 funcionarios de Caprede Factoreo, entre ellos a la gerenta general de ese entonces, Cristina Fonseca Barrios.
En su página web, Caprede no incluye ni los estados financieros auditados, ni el análisis forense de 2017 ni la lista de miembros de Junta Directiva.
“Lo cierto del caso es que Caprede ha sido muy casero, muy tropicalizado, muy interno y hacer eso movimientos requieren cambiar ciertas costumbres”, concluyó Mora al referirse a la ausencia de esa información para el conocimiento público.
El mes pasado, La Nación dio a conocer de la desaparición de ahorros y dinero para cesantías que empleados de la Asamblea Legislativa tenían en Coopeasamblea R. L. El Ministerio Público abrió una causa por el hecho.
