Informe que pide inhabilitar funcionarios en CCSS por anomalías con mascarillas queda en olvido

Hace casi dos años, en agosto de 2020, la compra de mascarillas y equipos de protección médica para atender la pandemia provocó un escándalo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuando se conocieron presuntos actos de corrupción. En noviembre de 2021, la aplicación de cuestionarios con consultas de índole personal a miles de escolares de 11 y 12 años en las pruebas FARO resultaron en la separación de funcionarios y la renuncias en la cúpula del Ministerio de Educación Pública.

La Asamblea Legislativa decidió abrir investigaciones en cada caso. Por meses, diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público convocaron a interrogatorio a decenas de personas involucradas en los hechos para tratar de determinar qué sucedió y quiénes son responsables. Después de destinar tiempo y dinero público a las pesquisas, los legisladores emitieron dos informes con sus hallazgos, recomendaciones y solicitudes a la Contraloría General de la República (fiscalizar del uso de fondos públicos), la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) y el Ministerio Público (órgano acusador del Estado).

Los reportes –solo el de la CCSS de 510 páginas– fueron aprobados por la comisión legislativa poco antes de terminar funciones el 30 de abril. Sin embargo, los nuevos legisladores, quienes asumieron el 1.° de mayo, han dejado las investigaciones en el olvido: los reportes aún no han sido convocados o incluidos en la agenda para ser votados en el plenario con el fin de que las recomendaciones adquieran firmeza y pasen a las entidades que correspondan para valorar reformas o sanciones. Por ejemplo, en la CCSS, recomiendan inhabilitar a varios funcionarios (lea detalles más adelante).

Para que las investigaciones entren a plenario basta con que sean remitidos a la Secretaría del Directorio Legislativo, según lo establecido en el artículo 96 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

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Sofía Guillén Pérez, diputada del Frente Amplio (seis legisladores), expresó su interés de discutir en el plenario el contenido de los informes.

“Ambos expedientes quedaron resueltos con informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del periodo anterior, tanto el de la investigación de las pruebas FARO como el de la investigación de las compras hechas por la Caja en la pandemia. De eso se encargó la legislatura anterior y, efectivamente ya eso subió a plenario, pero no se ha colocado dentro de las prioridades a ver. Evidentemente, esperamos que se puedan ver lo más pronto posible. Una de nuestras preocupaciones en estas cosas es que se investigue, pero luego no se conozcan los informes. Entonces, de mi parte, espero que pueda verse cuanto antes”, declaró Guillen.

Eliécer Feinzaig Mintz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (seis legisladores), también indicó que desean conocer y votar los informes.

La Nación intentó, el miércoles anterior, consultarle a Rodrigo Arias Sánchez, de Liberación Nacional y presidente del Directorio Legislativo, pero dijo que no podía atender pues estaba en una entrevista.

Según el sitio web de la Asamblea Legislativa, ambos informes fueron remitidos desde el 23 de mayo a la Secretaría del Directorio Legislativo. El expediente 22.146, asignado a la investigación por compras urgentes durante la pandemia, ingresó al orden del día del plenario desde el 7 de junio y el expediente 22.792, correspondiente a la pesquisa sobre las Pruebas FARO, entró el 26 de mayo, pero ambos siguen haciendo fila hasta la fecha.

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CCSS ‘en estado de indefensión’

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Por ejemplo, en relación con la adquisición de mascarillas, guantes, batas y otros a proveedores inexpertos y el pago por adelantado de $1,3 millones a una empresa que entregó tapabocas inservibles, el informe solicita a la Contraloría abrir procedimientos administrativos para valorar la inhabilitación de los funcionarios involucrados. Además, piden precisar si las actuaciones de los empleados públicos involucrados representan delitos contra la Hacienda Pública.

De acuerdo con la investigación legislativa, Luis Fernando Porras Meléndez, entonces gerente de Logística de la CCSS, omitió los lineamientos de control interno y los manuales de puestos para colocar a su asesor, Hans Vindas Céspedes y otra funcionaria identificada como Sherry Alfaro Araya al frente de las compras de emergencia durante la pandemia.

La orden, según quedó plasmada en el oficio DABS-0966-2020, le permitió a Vindas Céspedes “injerencia -en muchas ocasiones ilegal- en las contrataciones excepcionales realizadas por la emergencia de covid-19, ingresando ofertas y proformas que no cumplían con los requisitos esenciales o que no fueron presentados a tiempo. Asimismo, participó en las sesiones de análisis técnico de proformas por parte de la Comisión Técnica, lo cual era prohibido según el Reglamento de Comisiones Técnicas”, dijeron los legisladores en su reporte.

Otro aspecto importante es que se afectó a la Seguridad Social al suprimir el pago de garantías de cumplimiento por parte de los proveedores.

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“Al suprimir Miguel Salas -funcionario de la CCSS- las garantías de cumplimiento requeridas en las diversas relaciones contractuales investigadas en este informe, se propició un estado de indefensión para la Caja Costarricense de Seguro Social y por ende para sus asegurados, al no poder recuperar recursos en los reiterados incumplimientos que se produjeron en las contrataciones por la pandemia”, señaló el informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Entre las 510 páginas de la investigación, los legisladores de la Comisión hay una petición al Ministerio Público para accionar “con prontitud y diligencia” para determinar “posibles responsabilidades penales” del exgerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras Meléndez, quien renunció al cargo en octubre de 2021 luego de permanecer suspendido con goce de salario por más de un año.

También piden hacer lo mismo con Hans Vindas Céspedes, asesor de Porras, y Juan José Acuña Ramírez, funcionario de la Gerencia Financiera de la CCSS quien gestionó el pago por adelantado de $1,3 millones a favor de MR Comunicaciones Políticas, firma de la periodista española Miren Martínez Ruiz, por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico y que permanecen embodegados sin poder utilizarse.

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Además, piden incluir en las investigaciones judiciales a los oferentes David Landergreen Castro, Rebeca Fernández Cordero y Miren Martínez Begonia, quienes recibieron contratos por varios millones de dólares durante la pandemia.

Evasión de responsabilidades

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Sobre la aplicación del cuestionario de “Factores Asociados” en medio de las pruebas FARO a miles de menores de edad, los legisladores expresaron que las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación (CSE) intentan evadir su responsabilidad.

“De la deposición en las comparecencias, es posible denotar que existe la ausencia de una cadena de mando y de funciones claramente establecidas, que permita dilucidar con claridad la responsabilidad de las partes involucradas en los hechos en cuestión. Tanto las autoridades del MEP como del CSE evaden la responsabilidad acerca de la implementación del cuestionario sobre los “Factores Asociados” en las pruebas FARO”, menciona el informe.

Parte de las molestias que provocaron la renuncia de la entonces ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz Maduro, y la viceministra académica, Melania Brenes Monge, es que en los cuestionarios de “Factores Asociados” se incluyeron preguntas de índole personal.

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“Se determinó en cuanto a la elaboración del cuestionario “Factores Asociados”, que no tuvo un proceso de asesoría legal ni psicológica para determinar sí había faltas o no en cuanto a la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales; asimismo sí podría llevar o no a cabo amenazas psicológicas al estudiantado”, agregó la Comisión en su análisis.

El documento, de 95 páginas, contiene recomendaciones para el MEP, la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.

A la Contraloría le recomienda “investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones”.

A la Procuraduría: “determinar si las actuaciones atribuibles en el presente informe a los funcionarios comparecientes constituyen faltas a la ética y probidad y emitir las recomendaciones pertinentes desde la perspectiva del derecho administrativo y penal”.

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A la Agencia: “realizar una investigación por parte de la Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Paz para establecer la responsabilidad por el no cumplimiento de la ley No. 8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales”.