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Desde el 1.° de julio, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) quedó sin autorización legal para brindar los servicios eléctricos a sus 561.000 abonados, principalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM).
La razón es que la ley de creación de la Compañía, del 8 de abril de 1941, estableció en su artículo 36 que el contrato eléctrico y las concesiones de la empresa tendrían una vigencia de 25 años más a partir del 1°. de julio de 1968 y, a partir de esa fecha, se considerarán automáticamente prorrogadas por otros 25 años.
Ese último plazo se venció este año con lo cual ahora se podrían ver comprometidas legalmente decisiones de la CNFL centradas en la prestación del servicio aunque la legalidad de la subsidiaria del ICE siga intacta.
Esa advertencia la hizo desde marzo de 2014 la Procuraduría General de la República mediante la Opinión Jurídica OJ-036-2014 en la que señalaba que el contrato eléctrico y concesiones habían cumplido su plazo en 1993, “y debido a la prórroga automática por 25 años más, este período se encuentra próximo a vencer en el año 2018”.
La Procuraduría aclaró, sin embargo, que como sociedad, la CNFL tiene una vigencia de 99 años, tal y como se deriva del artículo 54 de la Ley N° 8660 del 13 de agosto del 2008.
Este diario consultó a la CNFL sobre eventuales implicaciones, como sería la posible nulidad de algunos de sus actos, y la vía para resolver este vacío.
La Compañía es una subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que provee la electricidad al 32% (560.000 abonados) de los 1,7 millones de servicios que existen en Costa Rica. El ICE provee otro 44% (778.000 abonados) de manera que, entre ambos, atienden a 76% del país, conforme estadísticas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Proyecto de ley
De acuerdo con Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, de mantenerse la ilegalidad pondría “en serios problemas” la operación de la CNFL y potencialmente perjudicar a miles de abonados de la empresa. La situación ocurre aun y cuando desde años atrás se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para modificar esos plazos.
Ese proyecto que ingresó en el 2013 se tramitó bajo el expediente 18.920. Su intención era, de manera anticipada, ampliar la vigencia de las concesiones, los derechos y las obligaciones de la CNFL derivadas de su contrato eléctrico.
Además, proponía que esas actividades comerciales de la CNFL tengan el mismo plazo de 99 años que concede a la CNFL la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones N° 8660 del 13 de agosto del 2008.
Prendas recordó que, a partir de la entrada en vigencia de esa norma del 2008, esta legislación no indica expresamente que se amplíe a la CNFL el plazo del contrato o la concesión para otorgar servicios; tampoco modifica o deroga disposiciones de la Ley N° 2 de 1941.
“Una cosa es la sociedad bajo la cual existe la CNFL y otra muy distinta es la concesión requerida para operar”, dijo el legislador.
Para él, la Compañía solo puede superar esta situación con el proyecto de ley propuesto ya que, administrativamente, no puede.
La propia PGR señaló en el 2014 que “a la luz de la normativa de cita, de no realizarse una modificación en el plazo anteriormente mencionado, el contrato eléctrico propiamente estaría perdiendo vigencia en el año 2018, y con él, los derechos y las obligaciones a la CNFL que derivan de éste contrato”.
La Procuraduría incluso apuntó hace cuatro años que la reforma de ley N° 18.920 pretendía ampliar el plazo del contrato para brindar servicios (Ley N° 2 del 8 de abril de 1941) de manera tal que rigiera por el mismo plazo de la CNFL como entidad (Ley N°. 8660 del 8 de abril del 2008). Es decir, que ambos tuvieran 99 años a partir del 2017.
El diputado informó de que el proyecto 18.920 está en la agenda del plenario (listo para primer debate) y ahora debería tener mayor importancia dado que ya pasó el plazo de vencimiento.
“¿Puede el ICE garantizar a los miles de abonados que se les dará el suministro eléctrico necesario para sus actividades? En caso contrario, ¿qué harán para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y así no perjudicar a los usuarios?”, comentó el diputado en referencia al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); responsable legal de la CNFL al ser una de sus subsidiarias.
