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El aumento exponencial de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) parece no tener fin, al punto de que a mayo del 2025 alcanzó ¢4,4 billones, más del doble del 2019 y equivalente a cerca de un 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Un 82% de ese monto corresponde al Seguro de Salud, por lo que la CCSS incluyó en su Plan Estratégico Institucional una propuesta que pretende reducir gradualmente esta morosidad.
Gustavo Picado, gerente financiero de la institución, aseguró a La Nación que el foco de esta propuesta es eliminar las obligaciones impuestas al Estado por medio de leyes creadas sin fuente de financiamiento, y que este más bien aporte solo al primer nivel de atención, es decir, los Ebáis.
Dichas leyes fueron aprobadas para que el Estado financiara la atención de grupos vulnerables, como familias en condición de pobreza extrema o básica, los menores de 18 años cuyos padres no pueden otorgarles un beneficio familiar y los pacientes con VIH-SIDA sin capacidad contributiva.
¿Quedarían estos grupos sin atención? Según Picado, al no existir fuente de financiamiento, el Estado actualmente solo paga un 1% del costo de prestar los servicios a estas poblaciones.
“La propuesta del rediseño de las obligaciones del Estado con el Seguro de Salud mantiene la cobertura y protección de los grupos vulnerables. Las personas continuarían teniendo acceso a los servicios y atenciones de salud, literalmente en las mismas condiciones vigentes hoy en día”, manifestó.
Según este plan, los servicios en los Ebáis serían de acceso universal para ciudadanos costarricenses, ciudadanos extranjeros con condición migratoria regular y ciudadanos extranjeros protegidos por leyes o normas especiales.
Para Picado, el reto será lograr el consenso político entre fracciones legislativas y el Ministerio de Hacienda para elaborar una ley que derogue las obligaciones actuales del Estado, y además crear una fuente de financiamiento.
Actualmente, el aporte estatal es cercano al 0,5% del PIB al año, por lo que la idea es que ese porcentaje crezca de forma gradual, un 0,1% por año, hasta que dentro de unos 10 a 15 años este aporte cubra todos los Ebáis.
“Ahí verá uno si es incrementar el IVA o aumentar la renta, y la suerte es que es progresivo y entonces usted puede ir haciendo aumentos escalonados, pero rediseñar todo para que no haya fuente de financiamiento es como cometer el mismo error dos veces”, señaló.
Picado recordó que cerca del 2012 la deuda era un monto manejable, y la CCSS negociaba con Hacienda para alcanzar acuerdos en los que les pagaban en títulos valores o, en algunos casos, en efectivo.
Pero a partir de allí, el monto empezó a crecer acelaradamente y cada vez se les ha tornado más difícil lograr convenios de pago.
“Tenemos una disposición de la Contraloría de llevar eso a un proceso de cobro judicial si efectivamente el Estado no paga. Yo particularmente reconozco que cuando alguien debe el 9% del Producto Interno Bruto, es imposible pensar que lo vamos a recuperar”, reconoció el gerente financiero.
