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La Sala Constitucional anuló la directriz de la Caja que advertía a los médicos de acciones patrimoniales y disciplinarias en su contra si recetaban a los pacientes medicamentos fuera de la lista oficial.
En la sentencia número 023524-19, los magistrados cuestionan la medida y la consideran como una lesión a la estabilidad laboral de los profesionales y al derecho a la salud de los asegurados.
Lo anterior, “amenaza, coacciona y restringe el acto médico”, manifestaron los magistrados.
La sentencia de la Sala IV anula el criterio legal DJ-2290-2018, del 27 de abril del 2018, de la Dirección Jurídica de la Caja, la circular GM-AA-9710- 18, de la Gerencia Médica de esa institución, y el oficio HMP-DG-2741-2018, del Hospital Max Peralta, de Cartago.
Con esta medida, se anulan también todos los actos administrativos para cobrar o sancionar disciplinariamente que se hubieran iniciado para recuperar los eventuales daños patrimoniales sufridos por recomendaciones médicas de nuevos tratamientos.
En agosto del 2018, cuando La Nación dio a conocer la existencia de esas disposiciones administrativas y jurídicas de la Caja, quien entonces fuera gerente médico de la institución, Roberto Cervantes, manifestó que, ante fondos públicos los funcionarios de la institución se debían sujetar a la normativa.
“Si la institución me dice que si para el dolor tengo esto, esto y esto, entonces nos ajustamos a lo disponible. Cuando se quiere algo que no está (en la lista de medicamentos), hay una normativa institucional para que el médico lo solicite por esa vía. Si no lo usó, eso es otra cosa. El personal está claro”, dijo Cervantes.
El entonces presidente del Colegio de Médicos, Andrés Castillo, manifestó su oposición a la medica por considerarla contraria al acto médico.
"A todas luces, ese criterio violenta el principio de libre prescripción médica, establecido en el artículo 28 del Código de Ética Médica, del 28 de abril del 2016, en donde al médico se le garantiza que debe gozar de libertad y autonomía en el acto médico.
“El médico debe dirigir su acto pensando en el principio de autonomía, en los valores y criterios del enfermo. El Colegio se opone y no comparte en absoluto el criterio de la asesoría legal, lo rechazamos y creemos que el criterio de un médico es independiente y autónomo y se debe respetar”, dijo Castillo en el 2018.
