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Miren Martínez Ruiz, la periodista española investigada por presuntas irregularidades en la venta de mascarillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pandemia, registró una nueva sociedad anónima con la cual busca ganar nuevos contratos con la entidad.
Atrás quedó MR Comunicaciones Políticas, la firma inexperta en suministro de materiales para hospitales, cuestionada por no entregar millones de cubrebocas y también por recibir un pago adelantado de $1,3 millones por artículos defectuosos. Ahora emplea la sociedad Martínez, Moya y Ramírez S. A., inscrita en mayo de 2021 para participar en concursos para vender guantes, tapabocas, quimonos y batas.
De acuerdo con la Caja, MR Comunicaciones Políticas arrastra dos procesos administrativos por supuestas anomalías en la contratación de 5 millones de mascarillas por $1,9 millones y por el adelanto de $1,3 millones por respiradores filtrantes de partículas KN-95 inservibles. Ambos hechos también los investiga el Ministerio Público por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Estos casos, además, motivaron la suspensión de quien fuera gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez y sus dos asesores. Estando separado del cargo, Porras presentó la renuncia en octubre.
Mientras los procedimientos administrativos y judiciales avanzan, Martínez, Moya y Ramírez S. A., la nueva empresa de la periodista, presentó ofertas para 36 contrataciones promovidas por la CCSS entre agosto y noviembre de este año, indica el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Por ejemplo, el 5 de noviembre presentó una oferta para una licitación de 8 millones de mascarillas por $880.000.
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A pesar de los antecedentes por incumplimientos y despachos de artículos defectuosos, para la contratación del 5 de noviembre prometió tiempos de entrega cortos: “Nuestra representada tiene capacidad de entregar la totalidad de la demanda en una única entrega en un plazo de 8 días naturales desde la emisión de la orden de compra”. Como opción secundaria plantea dos entregas de 4 millones de tapabocas. La primera 15 días naturales después de la emisión de la orden de compra y la segunda 30 días naturales después.
La Nación consultó a Martínez Ruiz. “En cuanto a la nueva sociedad a la que se refiere, es cierto. Decidí formar una empresa con la asesoría de un experto en Derecho Público y otro en Derecho Penal para concursar en procesos licitatorios, apegada al derecho establecido en el numeral 46 de la Constitución Política”, dijo la comunicadora de 34 años, quien ingresó al país, por primera vez, en 2012.
Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, confirmó que Martínez, Moya y Ramírez S. A. ha participado en varios concursos, pero no ha superado las etapas de análisis administrativo y técnico. Por lo tanto, no ha recibido adjudicaciones.
‘No me he ocultado’
El artículo 46 de la Constitución Política, mencionado por la periodista española, hace referencia a la prohibición de monopolios y el interés del Estado de impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. No obstante, no existe evidencia de monopolios en el suministro de equipo de protección personal en la CCSS.
La proveedora agregó que Martínez, Moya y Ramírez S. A. lleva su apellido porque pretende ser transparente y no esconder su participación en esa organización. Los abogados que acompañan a la periodista, según el Registro Nacional, son Fernando Ramírez Junco y Diego Moya Meza. Ambos también figuran como representantes legales de esa sociedad anónima.
“Esto demuestra que no me he ocultado y que efectivamente formo parte activa de dicha sociedad. Por su parte, MR Comunicaciones Políticas S. A. sigue operando en el ámbito privado como indiqué”, dijo Martínez. Esa sociedad anónima, según información oficial, debe ¢1,3 millones a la CCSS por atrasos en obligaciones obrero-patronales.
Sobre ese punto, aseguró que estaba fuera del país debido a la muerte de un familiar y que por esa razón no había podido cancelar. “Ayer ingresé nuevamente al país y hoy he realizado el pago pertinente de las cuotas patronales pendientes, las cuales quedarán actualizadas en el sistema en los próximos días”, declaró el 25 de noviembre por medio de un correo electrónico.
Intermediaria
Con respecto al pago por adelantado que se investiga ($1,3 millones), la contratista rechazó que se tratara de una irregularidad. Expuso que, en ese caso, funcionó como intermediaria de una empresa denominada KGB y, desde el inicio, en la negociación, se acordó pagar el producto una vez se pusiera en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Ese procedimiento contradice la normativa de adquisiciones de la CCSS, pues en todas las compras se deben revisar los suministros antes de cancelarlos.
Según el expediente 2020CD-000062-5101, los $1,3 millones por 570.000 respiradores filtrantes KN-95 se depositaron el 7 de mayo por medio de una transferencia internacional hecha por la CCSS a una cuenta de la compañía Kai Gifts Inc Dba Bazarkai (KGB) en el Citibank New Castle, en Delaware, Estados Unidos. La revisión de los dispositivos ocurrió, de acuerdo con el expediente de ejecución del contrato, hasta el 13 de mayo, es decir, seis días después de la transferencia internacional.
Por esa intermediación, según Martínez, recibió $28.500.
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“Esto significa que la responsabilidad de MR Comunicaciones Políticas, como intermediaria por representación de KGB culminaría con la entrega de la mercancía en ‘cualquier aeropuerto de Costa Rica’ y no a su llegada a los almacenes de la CCSS”, aseguró Martínez.
La CCSS confirmó que los 570.000 respiradores entregados por la proveedora permanecen sin uso en las bodegas centrales de la entidad.
“Los respiradores filtrantes se encuentran en custodia en nuestro almacén general, en vista que dicho proceso se encuentra en un reclamo administrativo, por lo que no han sido utilizados, y se mantendrán en custodia hasta que se culmine dicho procedimiento administrativo”, informó la Gerencia de Logística de la Caja.
