Irene Vizcaíno, Patricia Recio. Hace 6 días
El viernes, adultos mayores fueron convocados al Ebáis de San Rafael Abajo de Desamparados, para recibir la vacuna contra la covid-19. Uno de ellos fue Armando Prada Díaz, de 84 años, quien recibió la dosis de la enfermera Anais Chavarría. Foto Alonso Tenorio
El viernes, adultos mayores fueron convocados al Ebáis de San Rafael Abajo de Desamparados, para recibir la vacuna contra la covid-19. Uno de ellos fue Armando Prada Díaz, de 84 años, quien recibió la dosis de la enfermera Anais Chavarría. Foto Alonso Tenorio

El ministro Daniel Salas oficializó este lunes la obligación de vacunarse contra la covid-19 para los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y de primera línea de atención del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Vacunación, se está aprobando la obligatoriedad de la vacuna a funcionarios del sector salud, la CCSS, Ministerio y la red de servicios de atención directa del INS, así como el sector privado. Esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna.

“El hecho de que se haga obligatorio, el personal de salud tiene que invadir un espacio personal, el hecho de estar vacunado cumple el juramento hipocrático, que demanda “primero no hacer daño” para el personal que atiende pacientes de covid que arriesgan a las personas y su propia vida. Esto va a permitir reactivación de servicios en general, muchos han sido pospuestos, esto se hace necesario”, dijo Salas.

Según el jerarca de Salud, la medida evita que este personal sea una fuente de contagio para la sociedad.

“Es un deber ético y profesional vacunarnos contra la covid, esto va a ser verificado y cumplido por cada patrono, que debe tomar las medidas en caso de que no quieran”, advirtió.

El ministro aclaró que es muy poco el personal que se niega a aplicarse la dosis, pero se consideró la obligatoriedad por el compromiso personal, ético y laboral que debe existir.

Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, dijo que hasta el momento solo 309 funcionarios de hospitales y áreas de salud se han negado a aplicarse la protección contra el virus SARS-CoV-2, que produce la covid-19. En horas de la tarde, la oficina de prensa, confirmó que son 374 los trabajadores que han rehusado aplicarse la vacuna.

“Cada caso se va a revisar para ver los motivos y se analizará con Salud Ocupacional y Recursos Humanos. Con respecto al ritmo, dependemos de la cantidad de vacunas que lleguen”, expresó.

Para este lunes, dijo se habían aplicado 101.181 vacunas, la tasa 1,94 por cada 100.000 habitantes.

En caso de anomalías

La otra cara de la moneda son los funcionarios que han irrespetado turnos para vacunación, según informes de la propia CCSS.

“Hago un llamado a esperar a que toque el turno, respetar la fila, todos nos vamos a vacunar en algún momento”, manifestó.

Ante la existencia de aparentes anomalías en los procesos detectadas en hospitales, principalmente, Ruiz aseguró que se ha instruido que se haga una investigación administrativa a cada persona, para que explique qué hizo y por qué. “Se tomarán las acciones que permita la ley”.

Según la acción, puede constituir una falta grave, que implicaría despido o amonestación.

“Pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que si alguien se saltó la fila o hizo algo irregular tendrá que asumir las consecuencias”.

Cuando se den los informes de auditoría se activan mecanismos de investigación pertinentes, reiteró.

(Video) Entre el 20 y 22 de febrero se registraron 996 casos nuevos de covid-19 en el país

Entre los casos que se han dado a conocer, está el de 16 funcionarios del Hospital Enrique Baltodano que recibieron la dosis aunque no estaban en ese momento en atención directa de pacientes covid-16.

Además, la propia Auditoría también presentó informes, según los cuales se ha vacunado a personal en vacaciones o con permisos sin goce de salario.

El ente fiscalizador detectó 67 casos, eventualmente irregulares, en los hospitales San Vicente de Paúl, en Heredia; Max Peralta, en Cartago; William Allen, en Turrialba; y en el Área de Salud de Corredores, en Puntarenas.

En todos los casos, señaló irrespeto a la priorización establecida.

Fuera de centros de salud, se indaga el proceso en el Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, en Goicoechea, donde se les aplicó la dosis a personas que no son funcionarios de la institución.