El director médico de ese centro especializado, Cristian Elizondo Salazar, confirmó la información, y explicó que las denuncias recibidas de diferentes fuentes (medios de comunicación, redes sociales o directamente en el hospital) venían incompletas, sin elementos suficientes para identificar funcionarios responsables o testigos que pudieran aportar elementos para continuar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades y sanciones.

Las quejas recibidas en la segunda mitad de este año se remontan incluso al 2018. Según explicó Elizondo, se concentran en tres temas: los internamientos voluntarios, las salidas exigidas y el uso de sujeciones para la contención mecánica y el aislamiento del enfermo en periodos de crisis.

Aunque el Hospital Psiquiátrico abrió una investigación por orden de la Gerencia Médica, Elizondo Salazar asegura que fue la condición de estos pacientes la que los llevó a poner la queja. “No tienen consciencia de enfermedad. No reconocen las situaciones en las que están como síntomas de su enfermedad, y esto los expone a muchos riesgos”, dijo el especialista.

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“De los casos que pudimos revisar, pudimos ver que muchos obedecían a la condición del paciente. Hay que entender que este, además de ser un hospital especializado, es especial. Nuestros pacientes no solo vienen con una afectación en la salud, sino que esta le altera su salud mental. El tipo de pacientes que viene aquí es porque tiene una alteración mental o conductual mayor, con síntomas o moderados o graves.

“Todos los elementos disponibles fueron revisados para poder decir si procede o no avanzar con una siguiente fase, y establecer la verdad real de los hechos. En estos casos, no se pudo avanzar porque se determinó que todo tenía relación a la situación del paciente. Las actuaciones (del hospital) se ajustaron a los protocolos y, por lo tanto, se archivaron”, dijo Elizondo.

Elizondo reconoce la importancia de que los usuarios presenten denuncias lo más cerca posible del momento en que habrían sucedido los hechos, pero que aporten toda la información posible como evidencia.

Según insistió, la información de la quejas venía incompleta, sin posibilidad de identificar funcionarios, sitios donde ocurrieron los hechos o testigos. El único caso abierto es porque se debe completar la entrevista de testigos.

“Era tan poca la información que no teníamos qué revisar. Venían sin nombre o número de cédula. No teníamos cómo ubicar el pabellón o las señales que nos pudieran dirigir hacia un funcionario que pudiéramos identificar como responsable. Había poca evidencia de las circunstancias, incluso testigos que dieran fe de lo que el paciente estaba reclamando. Sobre todo, esto pasó con los casos que se distanciaban más entre los hechos y la ponencia de la denuncia”, dijo Elizondo.

En cascada

La primera denuncia por supuestas anomalías en la atención de pacientes hospitalizados en el Psiquiátrico trascendió por redes sociales, el 28 de junio de este año, cuando María Daniela Leitón Villavicencio, de 20 años, señaló anomalías en su atención durante los 11 días que estuvo internada ahí, entre el entre el 12 y el 22 de junio.

En esa oportunidad, ella afirmó a La Nación no solo ser víctima, sino también testigo del maltrato a otros pacientes internados en el mismo pabellón que ella. Leitón atribuyó el maltrato a personal de Enfermería, que amenazaba con amarrar a las pacientes por no comer, no bañarse o, simplemente, por llorar.

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Posterior a esa denuncia, otros pacientes internados en diferentes momentos corroboraron situaciones muy parecidas a las descritas por Leitón. Tal es el caso de la mamá de una adolescente que, hace casi dos años, pasó cinco días internada en ese hospital con una crisis.

“Salió peor de lo que entró: con estrés postraumático y brotes de violencia que nunca había tenido. Eso fue en febrero. En agosto, tuve que sacar un préstamo y pagar un internamiento en un hospital privado, donde topamos con un ángel, que es el que la tiene compensada ahora”, comentó la mujer en referencia al internamiento registrado en febrero del 2019.

El Ministerio de Salud, en su momento, también ordenó que se investigaran estos hechos, pero unió las indagaciones a las realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde el Hospital Psiquiátrico.