Salud

Fondo de Retiro de Empleados de CCSS tiene hueco de ¢17.000 millones

Proyecto de ley propone cerrarlo, pero reserva no alcanzaría para liquidar funcionarios y trasladarlos al ROPC. CCSS financia aportes a 59.000 trabajadores y paga 19.000 jubilados.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021 el hueco en las reservas del Fondo de Retiro de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pasó de ¢5.500 millones a ¢17.629 millones. En términos relativos esa variación representa un crecimiento de 220%. La brecha es tan significativa que, según el último estudio actuarial, las reservas ni siquiera alcanzarían para cumplir con las obligaciones que mantienen con los trabajadores activos.

El Fondo de Retiro de Empleados (FRE) es un beneficio creado a través de la Ley Constitutiva de la CCSS para entregar a los funcionarios una pensión adicional a la que ya tienen por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, el FRE no recibe cotizaciones de los trabajadores; su única fuente de financiamiento son aportes de la misma institución equivalentes al 3% de los salarios ordinarios mensuales.

En los últimos años, el Fondo ha enfrentado problemas financieros que obligaron a la Junta Directiva a aumentar el porcentaje de aportes, disminuir el monto recibido por cada trabajador a la hora del retiro y dejar de subsidiar los gastos administrativos.

Los apuros del FRE son tantos que en la Asamblea Legislativa avanza un proyecto de ley que propone cerrarlo para frenar el gasto. Se trata del expediente 21.824, propuesto por la exdiputada del Partido Liberación Nacional, Yorleny León y convocado por el Gobierno la semana anterior para ser discutido en el periodo de sesiones extraordinarias de los diputados.

El proyecto plantea cerrar fondos de pensiones complementarias financiados exclusivamente con dinero de los contribuyentes. Es el caso de la Caja, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. La propuesta es mantener el pago mensual a las personas ya pensionadas bajo esa modalidad y trasladar a los trabajadores activos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), como están la gran mayoría de empleados en el país.

No obstante, el estudio actuarial EST-0040-2022, emitido en abril pasado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, revela que las reservas (aportes + intereses) del FRE no alcanzarían para transferir a los empleados al ROPC. El análisis concluye que, hasta diciembre de 2021, las reservas eran de ¢226.325 millones y añade que se requerirían ¢243.954 millones para realizar el traslado planteado por la iniciativa legislativa.

Los actuarios de la CCSS estiman que si se aprueba la ley debería trasladarse, en promedio, ¢4,08 millones a casi 60.000 trabajadores, pero el dinero no alcanza: faltan ¢17.629 millones.

¿Por qué existe esa diferencia? Gustavo Picado, gerente Financiero de la CCSS, dijo que no se debe a anomalías o irregularidades.

“Porque los fondos de pensiones cuando se estiman, se calculan con valuaciones actuariales a mediano y largo plazo, los fondos no están estimados para que las reservas, en un momento específico, cubran necesariamente la totalidad de recursos si el Fondo se fuera a liquidar. Hay una brecha, efectivamente, pero el Fondo no estaba pensado para liquidarlo. Está pensado para ser administrado en el mediano y largo plazo”, comentó.

Otras razones que explican el faltante, según Picado, son “aspectos estructurales”. Por ejemplo, menciona que cada año son más las personas que se pensionan versus las que ingresan al sistema y el poco crecimiento de los salarios en la CCSS. Además, advirtió que si se aprueba la ley la entidad deberá buscar cómo cubrir los ¢17.629 millones.

“Esto es como que usted esté planeando un viaje y esté ahorrando dinero, pero en un momento le dicen: ‘hay que salir ya’, bueno, se sale ya, pero como no se tienen todos los recursos para viajar, hay que buscar una fuente de financiamiento”.

Álvaro Ramos, nuevo presidente ejecutivo de la CCSS, manifestó que el FRE crea “una serie de pasivos” que afectan a la entidad, pues no son “la manera ideal” de administrar las compensaciones de los funcionarios.

Agregó que deben discutir el futuro del Fondo en la Junta Directiva, pero subrayó que desea frenar la generación de pasivos.

“Quisiera ver cómo está el FRE en este momento, quisiera tener mucha claridad de la composición redistributiva que tiene. Mencioné que genera un ingreso adicional mayor, proporcionalmente, a quienes menos ganan en la CCSS y que tenemos que ver cómo podemos replantearlo, si fuera el caso de que lo vamos a replantear”, señaló Ramos.

Según datos de la Auditoría Interna, la Caja traslada por mes, en promedio, ¢750 millones para alimentar el Fondo.

Además de cumplir con el traslado de 59.000 trabajadores activos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, la CCSS tendrá que asegurar que los 19.000 exfuncionarios que ya reciben pensiones del FRE las sigan percibiendo. También tiene que velar porque se cumpla el beneficio para los 3.900 trabajadores que se jubilarán bajo el FRE en los 18 meses posteriores a la eventual aprobación de la ley.

Cubrir las pensiones de esas 22.900 personas le costará a los asegurados, según el estudio actuarial, ¢431.000 millones, pues estiman que el último beneficiario de ese sistema moriría en 2090, aproximadamente. Eso se explica porque hay pensiones que fueron heredadas por viudos e hijos de extrabajadores de la Caja. Por ejemplo, en la actualidad se pagan casi 350 beneficios por orfandad.

El monto de la pensión promedio en el FRE, según datos oficiales, es de ¢134.000, pero hay algunos jubilados que reciben hasta ¢324.000 cada mes. Esos montos se suman a lo que cobran por su pensión del régimen del IVM y a otros fondos complementarios.

Yorleny León, exdiputada del Partido Liberación Nacional y actual presidenta ejecutiva del IMAS, resaltó la importancia de aprobar el proyecto de ley, pues generaría ahorros para la Seguridad Social a largo plazo.

“Este tipo de fondos han financiado lo que nosotros llamamos una tercera pensión, en la mayoría de los casos esas terceras pensiones se alimentan de un aporte del patrono y otro de los trabajadores, pero ese no es el caso de la Caja, ahí el 100% lo hace la entidad a través de las cargas sociales que pagan los trabajadores independientes y los patronos (...) El proyecto lo que hace es cerrar para impedir que, en adelante, los trabajadores nuevos ingresen a ese tipo de beneficios, pero respeta los derechos adquiridos de los trabajadores que reciben pensiones en curso de pago”, comentó León.

La Nación consultó a Pilar Cisneros, jefa de fracción de la bancada legislativa oficialista, sobre su posición con respecto al proyecto de ley, pero manifestó que no ha estudiado el texto aún. Pidió tiempo para revisarlo.

También se intentó consultar a Eliécer Feinzaig, congresista del Partido Liberal Progresista, pero a través de su encargado de prensa dijo que aún no analiza el texto. Aseguró que el próximo viernes podrían referirse al tema.

Kattia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, dijo que solicitaron a la CCSS los estudios actuariales sobre el FRE para revisarlos y definir una posición.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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