El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) solicitó la renuncia del gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras, por considerar que el funcionario “acomodó el proceso de contratación” de mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas, de la periodista Miren Martínez Ruiz.

Así lo manifestó a La Nación, Lenín Hernández, secretario general de Sinae, quien afirma que también debe renunciar por este caso el asesor de Porras, Hans Vindas.

“La Caja es pilar de la democracia y no se vale que en tiempo de pandemia, de repente se den este tipo de irregularidades denunciadas por la compra de esas mascarillas. Hemos tenido una evidente desabasto en equipo de protección y mascarillas. La consultoría a MR Comunicaciones Políticas (propiedad de Martínez Ruiz) ha causado desabasto. Vemos que la gerencia de Logística le acomodó el proceso de contratación”, afirmó Hernández.

La semana anterior, una investigación de La Nación reveló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregó, a finales de mayo, dos contratos por un total de $4 millones, a un contador público y a MR Comunicaciones, para entregar 12 millones de mascarillas, a pesar de no contar con experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.

A MR Comunicaciones se le encargaron 5 millones de mascarillas por $1,9 millones. Ella no entregó ni un solo dispositivo y la Caja empezó la disolución del convenio.

Lenín Hernández justifica su posición de que el gerente de Logística “acomodó” el contrato a Martínez Ruiz de la siguiente forma.

Martínez Ruiz estaba morosa con la CCSS por ¢1,6 millones. Ningún proveedor puede participar en un concurso por un contrato si está moroso en el pago de cuotas patronales.

Hernández indicó que en el folio 850 del expediente de contratación hay un acuerdo de pago firmado por Martínez, el 2 de abril, en donde se indica que esos ¢1,6 millones los pagaría en 48 cuotas de ¢38.100.

De esa forma logra entrar al proceso como proveedora.

El primero de esos pagos de ¢38.100 lo debía realizar el 2 de mayo, pero no lo hizo. Pagó hasta el 25 de mayo y el 27 de ese mes le adjudicaron el contrato de las mascarillas.

“Se le hace este acomodo a una empresa que no tienen respaldo técnico ni comercial para la venta de equipo y suministros médicos a diferencia de otros oferentes que si concursaron”, insistió.

Por esa razón, Hernández considera que “lo más honorable” para Porras y el asesor Hans Vindas es la renuncia, pero no de no hacerlo, se requiere una actuación de la Junta Directiva para que, en apego al principio de legalidad del debido proceso y derecho de defensa, se les abra una investigación preliminar.

El dirigente sindical adelantó que este miércoles enviaría la carta a la Junta Directiva para que vean el caso en la sesión del jueves.

Tras las publicaciones de este diario, el Ministerio Público abrió una investigación para precisar las condiciones en las que se desarrolló la contratación de las mascarillas pues en un principio una comisión técnica de la CCSS determinó que incumplían requisitos, pero, luego cambió el criterio y declaró “sí se recomienda”.

En paralelo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público también iniciaron pesquisas.