La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó al Ministerio Público investigar “situaciones sospechosas” relacionadas con el patrimonio de las personas involucradas en presuntas irregularidades en compras de mascarillas durante la pandemia.

La CCSS confirmó este jueves 4 de febrero que envió dos oficios a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que se indaguen, como parte de las pesquisas que realiza desde el año pasado, la adquisición de bienes por parte de “los posibles imputados”. Una de las alertas se dio el año anterior y otra el presente año.

Sobre presuntos ilícitos relacionados con contrataciones durante la pandemia, el Ministerio Público mantiene abiertos los expedientes 20-000122-1218-PE y 20-000175-1218-PE por los presuntos delitos de tráfico de influencias y perjuicio contra la Hacienda Pública.

El primero está relacionado con la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a MR Comunicaciones Políticas, empresa de la periodista española, Miren Martínez Ruiz; y el contador público costarricense, David Landergren Castro.

Los dos contratistas, sin experiencia en la venta y distribución de equipo de protección personal, se inscribieron como proveedores ante la CCSS al inicio de la pandemia y recibieron millonarios contratos pocas semanas después.

El segundo tiene que ver con supuestas anomalías en la compra de 570.000 respiradores KN-95 a Martínez Ruiz por $1,3 millones.

Desde agosto del año anterior, la CCSS suspendió con goce de salario a Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística y sus asesores, María Díaz Rivera y Hans Vindas Céspedes, mientras avanzan procedimientos administrativos en su contra relacionados con las contrataciones mencionadas.

También trasladó de puestos a Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y Maynor Barrantes Castro, jefe del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Además, disolvió la comisión técnica que avaló las compras.

La Auditoría Interna no brindó detalles sobre las “situaciones sospechosas” que señaló porque las pesquisas se encuentran en etapas confidenciales. Sin embargo, aseguró que entregó a la Fiscalía un “legajo probatorio” para que sea analizado.

La Nación supo que la CCSS también solicitó revisar el nivel de endeudamiento de los involucrados y el de sus núcleos familiares.

Este jueves 4 de febrero, La Nación reveló que Centro de Acondicionamiento Lift S. A., sociedad presidida por Hans Vindas Céspedes, de 36 años, asesor de la Gerencia de Logística de la CCSS, adquirió en plena pandemia, el 5 de junio anterior, un gimnasio de crossfit.

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Ese día, según certificaciones del Registro Nacional, la madre del funcionario, Sandra Céspedes Porras, de 60 años, y dos ecuatorianos de apellidos Vaca, aportaron $14.000 para la compra de las acciones del negocio y acordaron designar a Vindas como presidente y “representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma”.

Vindas ingresó a laborar en la Caja en 2004 y, en la actualidad, recibe un salario de ¢1,6 millones por mes; su perfil de Linkedin dice que se licenció en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, en la Universidad Fidélitas.

De acuerdo con información suministrada por la CCSS, arrastra tres investigaciones administrativas, una de ellas por “pérdida objetiva de confianza”.

La institución le achaca supuestas anomalías en contrataciones de emergencia, ejecutadas entre marzo y mayo del año anterior, para el suministro de mascarillas y otros insumos necesarios para proteger al personal de salud encargado de atender a los pacientes con covid-19.

Ante el Registro Nacional

Aparte de ser funcionario público, Vindas es empresario. En el Registro Nacional aparece como presidente de dos sociedades anónimas.

La primera es Inversiones Vinro 2016 S. A., propietaria del gimnasio VINRO Fitness Center, especializado en crossfit en la Guácima, Alajuela.

Entretanto, Centro de Acondicionamiento Lift S. A. aparece como propietaria del gimnasio —también de crossfit— Redemption Fitness, en Pozos de Santa Ana.

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La primera de esas dos sociedades, Inversiones Vinro 2016 S. A., posee una deuda con la seguridad social por casi ¢2,2 millones, la cual se encuentra en cobro judicial.

Al mismo tiempo, le adeuda al Ministerio de Hacienda unos ¢271.000 por el no pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del tributo a las personas jurídicas. Esa deuda se encuentra en cobro administrativo.

En redes sociales, Vindas tiene publicadas imágenes del gimnasio Vinro y dice ser propietario de Forward Training Center.

Además de su participación en esas sociedades anónimas, el funcionario de la CCSS tiene registrado a su nombre y al de su esposa, una propiedad de 563 metros cuadrados en la Guácima de Alajuela, la cual tiene un valor fiscal de ¢121,7 millones y tiene una hipoteca de $200.000 (casi ¢124 millones) con el BAC San José.

También tiene a su nombre un automóvil marca Hyundai Accent SE, modelo 2016, valorado en ¢5,7 millones.

Aparece como deudor de un carro registrado a nombre de su mamá, Sandra Céspedes. Se trata de un Hyundai Elantra, modelo 2019, que se inscribió en junio del año pasado y tiene un valor registral de ¢13,4 millones. Incluso, la placa de ese auto tiene sus iniciales: HVC.

También, el 13 de febrero de 2020, la madre de Vindas inscribió a su nombre una motocicleta BMW modelo 2019 valorada en ¢2,5 millones