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Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, asesores de la Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cumplirán en agosto dos años de suspensión con goce de salario que en 22 meses suman ¢75 millones. Ambos funcionarios fueron removidos de sus cargos desde agosto de 2020 como una medida cautelar ante presuntas irregularidades en la compra urgente de 12 millones de mascarillas quirúrgicas descartables por $4 millones.
La millonaria contratación fue adjudicada a un contador público y una periodista sin experiencia en el suministro de equipo de protección médico. Además, fueron inscritos como proveedores de la Caja pocos días antes de la publicación de la licitación. Incluso, uno de ellos mantenía deudas con la entidad al momento de la adjudicación e incumplieron con las entregas de los tapabocas, claves para proteger al personal hospitalario del contagio de la covid-19.
El caso, dado a conocer por una investigación de La Nación, también provocó la suspensión con goce de salario del gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez. Sin embargo, él renunció de forma voluntaria en octubre de 2021, aunque entre agosto de 2020 y 2021 recibió un salario mensual de ¢4,8 millones. Mientras, Vindas Céspedes y Díaz Rivera cobran ¢1,6 millones y ¢2 millones por mes, respectivamente.
Además del exgerente Porras, Vindas y Rivera, en la investigación están involucrados Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y Maynor Barrantes Castro, jefe del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Los dos pasaron a otros cargos desde setiembre de 2020, pero conservan sus salarios intactos. También están incluidos en esa indagación varios funcionarios de la comisión responsable de revisar la calidad de las mascarillas y autorizarlas.
Esa investigación administrativa es una de las nueve que arrastra la CCSS por supuestas anomalías en la adquisición de mascarillas, batas, pagos por adelantado y vuelos privados para el transporte de donaciones desde China, entre otros. Todos los casos tienen un común denominador: meses dando vueltas entre despachos sin llegar a conclusiones, absolutorias o sanciones para los señalados.
Por medio de un correo electrónico, la institución indicó que no puede dar detalles del estado de los procedimientos, pues se encuentran en etapas confidenciales.
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De las nueve investigaciones, siete son contra funcionarios o exfuncionarios y dos son contra los proveedores DHL (a la que se le contrataron tres vuelos de carga desde China) y MR Comunicaciones Políticas (sociedad de la periodista).
En los expedientes contra funcionarios hay entre una y nueve personas implicadas en cada uno. Por ejemplo, según la relación de hechos ASAAI-RH-178-2020 sobre la compra directa de 185.000 batas impermeables por $951.000 a una mujer de apellido Montes de Oca, hay cinco trabajadores cuestionados.
A los empleados investigados, entre los que se encuentra el exgerente Porras y otras cuatro personas de su equipo, se les achaca incumplir con medidas de control interno que garantizaran la calidad de las batas, ya que no existe evidencia de que la comisión técnica inspeccionara las condiciones de los insumos.
Este caso también fue presentado por la Auditoría Interna de la CCSS al Ministerio Público por violar, en apariencia, artículos de la Ley General de Control Interno y la Ley de Contratación Administrativa.
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Otro ejemplo es la relación de hechos ASAAI-RH-004-2021 por la contratación directa de 316.000 mascarillas quirúrgicas descartables por más de $150.000 a una chatarrera llamada Metales Tosha IP. En este caso se abrió expediente administrativo contra cinco funcionarios: de nuevo el exgerente Porras, Salas Araya y tres miembros de la comisión técnica a cargo de los productos por presuntamente violar reglas de control interno para comprobar el cumplimiento de la oferta, la cotización y la calidad de los cubrebocas.
La compra urgente de mascarillas a la chatarrera también fue dada a conocer por La Nación en diciembre de 2020.
Este jueves se enviaron varias consultas a Álvaro Ramos Chaves, presidente ejecutivo de la CCSS, sobre los procedimientos administrativos, su estado y proyecciones de conclusión, pero al cierre de esta edición no había respondido.
También se intentó conocer la posición de Román Macaya, exjerarca de la Caja, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
Ramos señaló, en una conferencia de prensa del 11 de mayo, que no toleraría la impunidad.
“Sin que esto haya sido necesariamente un tema de corrupción ni mucho menos, sí siento que genera una percepción de impunidad. El hecho de que ya esté intervenida (la oficina de investigación) me tranquiliza mucho porque significa que estamos dando una señal de que esta impunidad no será tolerada. Y si la impunidad no es tolerada, la corrupción tampoco. Ese va a ser el principal mensaje”, comentó al ser consultado sobre la intervención del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA).
Atrasos
En febrero de 2021, más de seis meses después de que estallara el escándalo por la compra de mascarillas en la CCSS, La Nación reveló que la oficina a cargo de las investigaciones decidió realizar las audiencias orales hasta que “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19″.
Tal determinación consta en el informe de Auditoría Interna AS-SAGAL-278-2021 del 10 de febrero. La noticia provocó molestia entre los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, quienes desarrollaban una investigación especial sobre las adquisiciones hechas durante la pandemia. También generó la separación temporal de Mario Cajina, director del CIPA.
Para tratar de agilizar los procedimientos, las autoridades institucionales decidieron ponerlos en manos de abogados de otras áreas, pero eso tampoco funcionó. En setiembre de 2021, Roy Araya Oviedo, abogado de la CCSS a cargo de tres de las nueve pesquisas disciplinarias, dejó esas funciones porque no le pagaban un subsidio de ¢3.500 para el almuerzo.
Este profesional labora para la CCSS desde agosto de 2008 y en marzo 2021 aceptó pasar del Hospital San Juan de Dios a oficinas centrales para asumir las investigaciones. Sin embargo, al percatarse de que por el cambio de funciones dejaron de pagarle el auxilio económico para alimentación, reclamó el pago; al no obtener una respuesta afirmativa decidió regresar a sus labores en el centro médico y así recuperar el beneficio.
La renuncia de Araya fue aceptada por la Junta Directiva de la Caja el 28 de setiembre, en la sesión 9.211 y se nombró un nuevo abogado hasta finales del año pasado.
