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Víctor Hugo Víquez renunció este lunes al Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN), luego de conocer la condena en su contra por el delito de tráfico de influencias en relación con el caso del cemento chino.
El exdiputado herediano envió su carta de renuncia al Comité Ejecutivo. Esta menciona: “El amor al PLN y a algunos de sus líderes me hace anunciar mi renuncia irrevocable de sus órganos, no porque alguien me lo pide, sino por la convicción de lo que significa la historia del partido al que di mi vida entera”.
Horas antes de que se conociera su dimisión, el presidente del PLN, Ricardo Sancho, exigió su separación inmediata del partido, a través de su cuenta de Twitter.
“Ante la noticia de la condena a Víctor Hugo Víquez, miembro electo del Directorio, solicito su separación inmediata de cualquier actividad partidista y se abstenga de participar en cualquier instancia del partido”, publicó Sancho.
Este llamado fue acogido por el exdiputado y excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti. “Víctor Hugo Víquez debe separarse de los órganos del partido”, dijo.
Agregó que es imperdonable no hubiera comunicado, antes de su elección, que el juicio estaba por empezar.
Recién el 11 de marzo anterior, el exdiputado fue electo como representante de la provincia de Heredia ante el Directorio de Liberación Nacional.
El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, respaldó el nombramiento. El político también dijo que el exmandatario José María Figueres Olsen apoyó su candidatura.
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Al ser consultado por La Nación, Óscar Arias manifestó: “Creo que la renuncia irrevocable de Víctor Hugo a todos los órganos del partido es lo correcto. Es lo que éticamente tiene que hacer”.
El secretario general de la agrupación, Miguel Guillén, aseguró que Víquez aún no ha asumido el cargo en el Directorio.
“Todavía está pendiente el trámite de acreditación ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”, dijo el político. Agregó que la renuncia le permitirá a Víquez “sobrellevar con mayor tranquilidad su defensa en instancias penales superiores”.
Este martes 28 de marzo, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a Víquez a dos años y ocho meses de prisión por el delito de tráfico de influencias.
También, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años y deberá pagar un monto de ¢2 millones por daño social.
La causa en su contra está relacionada con gestiones que realizó a favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños y sus empresas, en el 2013. En aquella época, Víquez era diputado.
La Fiscalía acusó que el liberacionista se valió de su puesto como legislador para intervenir en favor de Bolaños ante la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, con el propósito de que el empresario del cemento recibiera beneficios y ventajas indebidas en la adjudicación de contratos públicos.
Víquez recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena.
En la carta remitida al Comité Ejecutivo de Liberación Nacional, el exdiputado verdiblanco afirmó que apelará la sencia y que está seguro que su inocencia quedará demostrada.
“El rencor contra mis actuaciones es impresionante. Cuatro veces antes, por el mismo tema, los Tribunales de Justicia me absolvieron de toda responsabilidad, porque era claro que nunca medió intención de influir en alguna decisión administrativa y menos tener provecho de la misma, como se demostrará en las instancias superiores que correspondan”, dice la misiva.
