La auditora encargada de llevar a cabo una actuación de fiscalización tributaria al economista Gerardo Corrales le notificó dicho proceso, el viernes anterior, en la sede del diálogo multisectorial con el Gobierno en el Estadio Nacional, porque él mismo le pidió a la funcionaria asistir a ese lugar.

Así lo reconoció Corrales después de decir, en redes sociales, que la gestión de auditoría tributaria constituye un “estate quieto” porque él ha sido crítico del Gobierno.

El viernes, una auditora tributaria buscó al economista para notificarle el inicio de una auditoría tributaria sobre un incremento en su patrimonio. La funcionaria primero intentó comunicarse con él mediante una llamada a la casa, en Curridabat, pero no había nadie.

Entonces, lo llamó al teléfono celular y Corrales le sugirió que lo visitara en su actual residencia, en una finca en La Garita de Alajuela, y ella declinó.

Como ella le dijo que la notificación tenía que ser personal, fue él quien le pidió que asistiera al Estadio Nacional, donde estaba participando en el diálogo que busca salidas a las crisis fiscal y económica.

Justo después de que lo llamó la auditora, Gerardo Corrales afirma que llamó a “dos fuentes” que tiene en Hacienda, para preguntar si era cierto.

Esas fuentes son nada menos que el propio ministro, Elian Villegas, y el director de Tributación, Carlos Vargas, quienes no se enteran del detalle de los procesos de fiscalización tributaria.

Corrales le dijo al director de Tributación que temía que la llamada fuese una estafa, por lo que el funcionario accedió a averiguar de qué se trataba el asunto.

Así lo relataron tanto el economista como Carlos Vargas, consultados por este periódico.

El director de Tributación afirmó: “Simplemente, lo que buscaba confirmar don Gerardo es que no era una estafa. Eso fue, transparentemente. Por un tema de neutralidad y objetividad, yo no dispongo de esa información. Cuando me consultan, yo verifico. Yo le respondí que, efectivamente, la compañera es una auditora y lo que iba era a notificarle el inicio de una actuación”.

Por su parte, el ministro de Hacienda afirmó que, como esos temas no se manejan en su despacho, él llamó a Carlos Vargas para averiguar.

“A partir de eso, tengo entendido que Carlos (Vargas) lo llamó y le dijo que sí, que sí era cierto, porque la duda de Gerardo (Corrales) en ese momento era si alguien estaba intentando estafarlo o algo por el estilo, esas cosas que se dan ahora. Posterior a eso, Carlos Vargas me dijo que ya se había comunicado con él y yo nada más le puse: 'Ok, ya te avisaron y le hice una bromilla, ahí…”.

“Lo que él me dice es ‘ja ja, lo que pasa es que es muy extraño que me saque la rifa en este momento’. Entonces, yo le dije: ‘Compra lotería’. Nada más. Incluso, él me dijo que él le señaló a la muchacha que se fuera para el Estadio Nacional a entregarle el documento y ahí quedó todo. Luego, vi la información que empezó a pasar en redes”.

No obstante, el viernes, Corrales narró la visita de los dos funcionarios de Hacienda de la siguiente manera en redes sociales:

“Señores, solo para que se enteren de primera fuente. Esta mañana (...) me visitaron dos funcionarios de Hacienda para notificarme la iniciación de un proceso de fiscalización para justificar, según ellos, incrementos en mi patrimonio injustificados”.

“Espero estar equivocado, pero qué gran coincidencia que, en millones de personas de este país, sea Gerardo Corrales quien se sacó la rifa. Obviamente no tengo nada que ocultar y así lo demostraré, pero estoy impactado de los métodos aleatorios y de los mensajes de estate quieto que se envían”, escribió.

Cuatro días después, este lunes, tanto en un tuit como en declaraciones a este medio, Corrales aseguró que sí hubo un malentendido. “Efectivamente llegaron allí, porque yo se lo pedí”, respondió.

La gestión es por un “aumento de patrimonio injustificado” explicó Corrales y adujo que es porque compró un carro por ¢60 millones en el 2019 y le están pidiendo que justifique el origen de esos fondos.

Aunque insiste en que contactó a Elian Villegas y a Carlos Vargas porque los conoce desde hace años y confía en ellos, Corrales dice que desconoce cómo se manejan esos temas en los “mandos medios”.

“Para mí, el tema de dónde me entregan la notificación es irrelevante. La duda es que me pegue yo la rifa”, insistió.

Incluso, vinculó el proceso con sugerencias que hizo días atrás, sobre la posibilidad de ir reduciendo el tamaño de la planilla del sector público, por la extensa lista de directores y puestos jerárquicos del Gobierno Central.

Al consultársele si conoce los criterios y procedimientos de la Dirección de Fiscalización de la Dirección de Tributación, para emprender este tipo de auditorías, Gerardo Corrales respondió que no.

Sobre este punto, tanto Elian Villegas como Carlos Vargas respondieron que los criterios objetivos y no tienen nada que ver ni con el despacho del ministro ni con el jerarca de Tributación, pues es labor de la Dirección de Fiscalización.

“Es un proceso de selección. A inicio de año, la Administración Tributaria publica cuáles son los criterios objetivos de selección para definir ciudadanos y empresas que puedan ser sujeto de fiscalización”, explicó Carlos Vargas.

Añadió que, en ocasiones, se combina una serie de variables y estas dan los indicios. Con base en eso, se saca una lista de posibles personas por fiscalizar.

El director de Tributación enfatizó que si alguien, en algún momento, sugiriera que esa selección se hiciera con criterios políticos, él mismo sería el primero en renunciar. Hacienda hace entre 500 y 600 auditorías de este tipo por año.

“Es un proceso total y absolutamente técnico. Ni siquiera la Dirección interviene. Solo los funcionarios del área encargada intervienen", apuntó Vargas.

Insinuaciones ‘inadecuadas’

El ministro de Hacienda dijo que la insinuación que hizo Corrales “no era adecuada”.

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“El momento en que estamos es para tratar de fortalecer estos procesos sobre una base objetiva y, al fin y al cabo, cuando ya a uno Tributación le notifica algo, lo único que queda es presentar la documentación de descargo y pasar por el proceso. Es lo que corresponde”, dijo Villegas.

¿Cómo se definen empresas y personas auditadas?

La directora de Fiscalización de la Dirección General de Tributación, Karla Salas, insistió en que el proceso de fiscalización tributaria se rige por criterios objetivos de selección, notificados todos los años, vía reglamento.

Técnicamente, se denominan actuaciones de control material intensivo y se definen de acuerdo con los planes de control anuales, que incluyen diferentes acciones, tanto preventivas como correctivas.

Las actuaciones correctivas buscan controlar el cumplimiento de deberes formales, como la presentación de declaraciones o emisión de comprobantes, o el cumplimiento de deberes materiales, como hacer un pago a la Administración Tributaria.

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Las actuaciones de fiscalización buscan, según explicó Salas, aplicar un control de veracidad, para verificar que un contribuyente haya liquidado adecuadamente su deber de cumplir y colaborar con el financiamiento del Estado.

Básicamente, se trata de que se haya emitido adecuadamente la autoliquidación de impuestos y, si tocaba, que se haya hecho el pago de impuestos que correspondía.

La jerarca explicó que, entre los criterios de selección, se define que todos los contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas regionales pueden ser objeto de esa auditoría.

Además, se eligen declaraciones que registren diferencias detectadas por medios de información interna o externa, entre los cuales se usan datos del Registro Nacional de la Propiedad.

Como Corrales reveló que su auditoría es sobre bienes patrimoniales, Karen Salas explicó que, desde setiembre, se empezó con un proceso de fiscalización de ese tipo.

Ese criterio, sobre las declaraciones, es uno de los más utilizados. El patrimonial es uno de los cruces de información que se hacen para seleccionar a los fiscalizados.

Agregó que, desde enero, se van definiendo, como parte del plan operativo, cuáles sectores se irán fiscalizando. Puede ser el turismo, profesionales liberales.

“Hace un tiempo lo hicimos con el sector futbolístico, como anunciamos en conferencia de prensa”, recordó Salas, quien añadió que es un proceso continuo.

Al año, se realizan entre 500 y 600 auditorías de este tipo, explicó la jerarca, quien añadió que una vez definidos los criterios de selección objetiva y hecho un análisis de riesgo tributario, se definen los contribuyentes que serán auditados y se reparten según región, a las diferentes oficinas del país.

Cada auditor maneja entre tres y cinco casos a la vez, y conforme va realizando esos casos, reciben nuevas asignaciones.