Una segunda reforma a las pensiones de lujo, planteada por el gobierno, se traduciría en un ahorro de más de ¢115.000 millones para los contribuyentes en un plazo de nueve años.

Así lo determinó un cálculo elaborado por el departamento de Asesoría Económica Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a solicitud de los diputados.

Según el estudio, el proyecto de ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345) economizaría recursos desde tres flancos.

Traslado al IVM

El principal ahorro lo generaría el cierre definitivo de todos los sistemas de jubilaciones que corren por cuenta del erario, lo que impediría el ingreso de nuevos funcionarios públicos.

Esta medida implicaría trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a todos los funcionarios activos que aún aspiran a pensionarse mediante sistemas como los de Hacienda, General de Pensiones u Obras Públicas, los cuales son más ventajosos en temas como la edad de retiro y el monto de la pensión.

La ley actual permite que se pensionen con estos regímenes los trabajadores públicos que entraron a laborar antes de 1992. Sin embargo, el proyecto de ley los trasladaría al IVM para que se jubilen con las condiciones de este régimen.

Este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años. Ese es el plazo en que se jubilaría el último funcionario activo que aún puede acceder a estos regímenes administrados por la DNP.

Solo podrían pensionarse con los viejos regímenes quienes cumplan los requisitos en los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Eliminar exenciones

El segundo ahorro lo generaría el cobro de una cotización obligatoria a poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por el Magisterio Nacional y la DNP, quienes hoy disfrutan de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.

Esta medida economizaría ¢4.900 millones anuales, lo que suma más de ¢44.000 millones en el mismo periodo de nueve años.

De esos beneficiarios, 777 corresponden al Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional y 7.930 a los regímenes especiales de la DNP .

Con el cobro de la cotización obligatoria, el primer grupo aportaría ¢2.250 millones anuales y el segundo, ¢2.645 millones anuales.

En el caso de los jubilados del Magisterio, paradójicamente, la exoneración actual favorece a quienes reciben más dinero.

El artículo 70 de la ley 2248 fija una cotización obligatoria que oscila entre un 8,75% y un 16%, en forma escalonada, hasta por un monto de ¢3,9 millones.

De esa manera, está exento el dinero que un pensionado por encima de esa cifra y, en el Magisterio, hay personas con pensiones hasta de ¢12 millones mensuales.

Actualmente, esta salvedad beneficia a 777 personas. Con la reforma planteada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, cuando ejercía plenamente como diputado, a estos beneficiarios se les cobraría la cotización obligatoria sobre la totalidad de la pensión.

En el caso de las pensiones administradas por la DNP, actualmente, el artículo 11 de la ley 7302 establece una cotización mensual obligatoria que oscila entre un 9% y un 16%, dependiendo de cuán grande sea el monto de la jubilación.

No obstante, la ley exonera a quienes reciben menos de ¢575.400 mensuales, es decir, menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública. Esta exoneración sería eliminada y estas personas cotizarían un 9%.

Según el informe de la DNP, actualmente, hay 7.930 quienes reciben de pensión menos de esa cantidad. Es a ellos quienes se les cobraría la cotización.

Para julio del 2019, casi el 58% de los pensionados de la Dirección de Pensiones se beneficiaba de la exoneración y solo cotizaban unos 5.800 jubilados.

Bajar el tope

El tercer ahorro provendría de bajar a ¢2,2 millones el actual tope de ¢2,7 millones avalado por la Sala Constitucional para las pensiones de lujo otorgadas después de 1998.

Esta medida ahorraría ¢129 millones al año, es decir, ¢1.161 millones en el plazo de nueve años.

En diciembre del 2018, la Sala IV avaló el tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo otorgadas después de 1998, siempre que sus beneficiarios no hayan postergado el retiro.

El gobierno propone bajar el tope a ocho veces el salario base más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil. Esa cifra corresponde a ¢2,2 millones.

Hoy, el cálculo de referencia para el pago máximo de una pensión es de 10 veces el salario base más bajo pagado en ese mismo régimen: ¢2,7 millones.

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Suma de ahorros

Esta propuesta de ley, presentada por Morales Mora en abril del 2018, fue dictaminada el pasado 19 de diciembre en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, mediante dos informes. El de mayoría elimina los ahorros en cotizaciones y tope a pensiones de lujo, mientras que el de minoría, de la diputada liberacionista Yorleny León, mantiene todos los ahorros.

Con las tres medidas, el ahorro anual promedio sería de ¢12.000 millones anuales en un primer lapso de nueve años, lo cual se sumaría a los ¢12.000 millones ahorrados con el proyecto aprobado en noviembre de 2019, el cual aumentó en 4.100 la cantidad de pensiones de lujo que deben pagar contribución solidaria.

El aporte solidario es un tributo para las pensiones muy altas en solidaridad con el resto de la población.

Así, el gobierno alcanzaría un ahorro de ¢24.000 millones, en momentos en que las pensiones con cargo al Presupuesto demandan más de ¢700.000 millones anuales a los contribuyentes.

El análisis de la DNP sobre el proyecto de Morales Mora fue enviado a la diputada Xiomara Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, el pasado 15 de diciembre.

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El documento aclara que, “por temas de acceso a la información”, en el análisis solo se tomaron en cuenta los datos de los regímenes especiales de Gobierno y del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

No se calculó el ahorro que generaría el proyecto de ley en las pensiones del Poder Judicial, porque se trata de un sistema que no está “dentro de la esfera de administración o fiscalización” de la DNP, enfatiza el informe.

Estos sistemas de pensiones se consideran de lujo porque sus beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibir las jubilaciones que hoy ostentan.

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