EscucharLa Sala Constitucional condenó el pasado 3 de marzo a la Universidad de Costa Rica (UCR) porque dos funcionarios rehusaron entregar al periodista Sergio Zúñiga Ruiz grabaciones de las sesiones del Consejo Científico del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom).
El tribunal determinó que se lesionaron los derechos fundamentales del periodista, luego de que este pidiera las grabaciones de cinco sesiones y no se las dieran, bajo el argumento de que fueron eliminadas porque las actas habían sido ratificadas y se superó el plazo de almacenamiento de 15 días.
Aunque a Zúñiga se le entregaron copias de las actas de las sesiones, los magistrados advirtieron que la regulación establece “que las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados universitarios deben almacenarse al menos durante un año a partir de la aprobación del acta correspondiente”.
Los condenados en la resolución número 2023004968 fueron los funcionarios José Luis Arce Sanabria, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC); y Yanet Martínez Toledo, entonces directora del Cicom.
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Zúñiga solicitó las grabaciones el 12 de agosto de 2022 y ante la imposibilidad de acceder a estas, presentó el recurso de amparo ante la Sala Constitucional el pasado 13 de enero. La eliminación de los archivos de audio fue expuesta a la Sala por Arce y Martínez.
El oficio Cused-1-2023, emitido por la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Archivos (Cused) de la UCR, fue clave para que los magistrados descartaran los argumentos de las autoridades universitarias.
El dictamen clarifica que no es excusa que la plataforma de grabación elimina archivos en un plazo en específico.
Al contrario, el Centro de Informática de la UCR advirtió a la comunidad universitaria de que tomaran previsiones para resguardar archivos digitales como las grabaciones de sesiones de órganos colegiados.
En noviembre de 2022 entró a regir la Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario, que obliga a los órganos colegiados de las instituciones públicas a guardar no solos las transcripciones de las actas de las sesiones, sino también la grabación en audio y video de estas. Además, estos documentos son de acceso público.
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La Nación contactó a Yanet Martínez para conocer su opinión sobre la sentencia. La investigadora aseguró que acata las decisiones de la Sala IV “con respeto y reconocimiento de la institucionalidad y su valor”.
Añadió que, desde febrero de 2022, se mantiene en comunicación con Zúñiga, a quien atendieron consultas y solicitudes vía correo electrónico, reuniones virtuales y oficios.
Martínez detalló que siguió los reglamentos para el manejo de archivos durante la virtualidad en la pandemia.
“Todo lo que se hizo fue sin dolo, en un tiempo excepcional para el país y con la intención de mantener funcionando los procesos y sistemas de la mejor manera”, declaró.
Magistrados ordenan iniciar procedimiento disciplinario
Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron a Arce y Martínez, así como a María José Cascante, rectora interina de la UCR, o a quienes ocupen sus cargos, dar inicio de manera inmediata a un procedimiento administrativo disciplinario en contra de las personas responsables de eliminar las grabaciones.
Además, los jueces añadieron que se debe dictar una resolución final a este proceso disciplinario en un plazo máximo de dos meses.
Contexto de la denuncia
El periodista Sergio Zúñiga pidió al Cicom información correspondiente al proyecto de investigación C1735-22, el cual estaba indagando en el marco de una denuncia administrativa presentada ante José Luis Arce.
Al parecer, una subalterna de Arce, quien estaba a cargo de dicho proyecto, habría violentado artículos del Reglamento de Régimen Disciplinario de la UCR.
Zúñiga explicó que las grabaciones solicitadas eran prueba clave que involucra a funcionarios en acciones cuestionables, de ahí la importancia de tener estos archivos.
“No obstante, las direcciones del Cicom y la ECCC obstruyeron mi investigación al confesar a la Sala Constitucional que estos archivos fueron eliminados”, argumentó.
El órgano constitucional comprobó que el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, ordenó al director de la ECCC, en setiembre del año pasado, abrir una investigación sobre las actuaciones de la funcionaria del Cicom a cargo del proyecto, y elevar el caso a la comisión disciplinaria encargada.
Dicho proceso disciplinario sigue en manos de Gutiérrez debido a un recurso de revocatoria y apelación en subsidio que no ha sido resuelto.
Zúñiga enfatizó que, si bien le parece justa la decisión de la Sala de ordenar un proceso administrativo por la pérdida de dichas grabaciones, le sorprendería que la UCR obedeciera a los magistrados.
“Es conocido que la UCR tiene enormes resistencias en cuanto a los tiempos para sancionar a sus funcionarios investigados, como suele suceder con algunas denuncias de acoso sexual”, dijo.
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