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El diputado Edgardo Araya, jefe de la fracción legislativa del Frente Amplio, quedó absuelto de la acusación por supuesta difamación que había planteado la empresa minera Industrias Infinito en su contra.
Así lo confirmó el magistrado presidente de la Sala III de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, quien dijo que se declaró sobreseimiento definitivo, dado que la parte querellante nunca se presentó al juicio.
“El diputado se considera ya sin proceso penal en su contra;, no podríamos decir que resolvimos por el fondo, pues el juicio no se hizo; se resolvió por la forma, por inercia de la parte querellante”, comentó Chinchilla.
La resolución incluye una condena a la parte querellante, ya que al no presentarse, deberá pagar por las costas procesales y personales de los respectivos procesos civil y penal.
En ese caso, Industrias Infinito le tendrá que pagar a Araya lo correspondiente por honorarios de su abogado, que son ¢150.000 y ¢18.166.000 por “costas procesales civiles”.
A principios de noviembre, Araya anunció públicamente que había renunciado a la inmunidad para que, finalmente, se hiciera el juicio que Infinito habría rehuido varias veces.
Las declaraciones que la minera consideraba difamación las dio el diputado frenteamplista en el 2010, cuando aún no tenía la investidura parlamentaria, y estaba en pleno juicio contencioso administrativo contra la concesión minera a la empresa de capital canadiense para explotar esa actividad en la localidad de Crucitas de Cutris, en San Carlos.
Un alivio. El legislador explicó, vía telefónica, que la decisión de los magistrados de la Sala III es un alivio para él, pues era una especie de asunto sin resolver.
“Por fin se termina esto; ahora espero que la sentencia pueda servir al país para el arbitraje internacional, en Washington D. C., porque ellos (Infinito) intentan demostrar que actuaron de buena fe y que el Gobierno actuó como si fuera malvado”, explicó el frenteamplista.
Araya comentó que todavía hay varios asuntos pendientes para finiquitar las disputas entre el Estado costarricense y la empresa minera Infinito.
“Queda aún pendiente por definir las responsabilidades del exministro de Ambiente Roberto Dobles y espero que se incluya al otro que firmó (el decreto para declarar de interés público la minería), que era el presidente en ese momento (Óscar Arias). Todavía me pregunto por qué solo se juzgó a Dobles y a Arias ni se le tomó la declaración”, indicó Araya.
El magistrado Chinchilla insistió en que el fondo del asunto nunca se analizó, por la ausencia del querellante.
