Rodrigo Chaves vetaría devolución del ROP

“Me preocupa que la propuesta tenga como intención, o como consecuencia no deseada, que la gente saque el ROP para pagar a los bancos que están viendo un aumento en su morosidad en los portafolios de tarjetas de crédito. Si esa es la intención, ahí mismo la voy a vetar. Habrá que ver el detalle. Tengo esa sospecha. No se vale”, dijo Chaves, este martes en la conferencia de prensa que ofreció para presentar la tercera y última parte de su gabinete.

La propuesta fue introducida a la corriente legislativa este lunes 1.° de mayo por Francisco Nicolás, diputado del PLN, después de que el excandidato presidencial, José María Figueres, la anunció en campaña. La intención del expediente legislativo 23.082 es que parte del dinero de las futuras pensiones sea destinado a pagar créditos actuales.

La jefa de fracción de Liberación, Kattia Rivera dijo, la semana pasada, que este plan podría ser una de las prioridades de su bancada.

“El presente proyecto de ley pretende brindar a los titulares del dinero depositado en las cuentas del ROP, la oportunidad de decidir si desean aprovechar el 30% de ese dinero, por una única vez y excepcionalmente, lo cual podrá hacer en asocio con otros miembros de la unidad familiar, para el pago de créditos, como la hipoteca de la casa, u otras operaciones con bancos, cooperativas, asociaciones solidaristas, empresas de crédito y similares”, señala el motivo del proyecto de ley.

El ROP es una pensión complementaria que se nutre de aportes de patronos y trabajadores; los fondos son administrados en cuentas individuales en operadoras de pensiones.

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) advirtió que el plan “garantizaría una situación de pobreza en la vejez” para muchas de las personas que gasten por adelantado ese dinero. Asimismo, señaló que ese retiro podría descapitalizar al sistema.

Las operadoras insistieron en que el ROP es un instrumento de seguridad social para garantizar una pensión a largo plazo, y no un ahorro para gastarlo en la etapa productiva.

De prosperar la iniciativa, los asalariados tendrán un plazo de 12 meses para solicitar el monto autorizado y las operadoras tendrían 30 días para depositar los recursos directamente en las acreedoras de los préstamos que serían saldados, sea bancos cooperativas, asociaciones solidaistas o hasta con casas de empeño.