EscucharRodrigo Chaves Robles, presidente de la República, respaldó la revisión de las computadoras portátiles de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), para perseguir la supuesta filtración a la prensa de un acta relacionada con el aumento salarial retroactivo, aprobado en agosto del año anterior para más de 2.000 trabajadores.
“He conversado con la presidenta ejecutiva del INS y ella me ha explicado la necesidad que tiene el INS, al ser una empresa en competencia, de proteger algunas informaciones que pueden poner en riesgo la estabilidad del negocio”, respondió el mandatario ante una consulta de este diario, mediante la oficina de prensa de Casa Presidencial.
La inspección de los dispositivos electrónicos de los directivos fue propuesta por Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, el 20 de setiembre de 2022, un día después de atender una entrevista con un periodista de La Nación.
Según Araya Esquivel, al momento de la entrevista, el periodista tenía detalles muy específicos y aseguró que el reportero tenía el acta de la sesión en la que se discutió y aprobó el incremento en los salarios.
“Esto no se va a quedar así y en lo personal voy a pedir una investigación (...) cuando se pierde la confianza no se tiene nada”, dijo la jerarca del INS, según el acta de la sesión de ese 20 de setiembre.
Para hurgar en las portátiles, la Junta Directiva aprobó crear una comisión. Una vez instaurada la comisión, ordenaron a la empresa GBM analizar los equipos y determinar si alguno de los directivos había reenviado la información sobre el alza en las remuneraciones a la prensa.
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Para ese servicio, el INS echó mano de un contrato firmado desde diciembre de 2021 con GBM Costa Rica, para otros fines.
Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.
La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.
“La solicitud de realizar una investigación fue una decisión de todos los miembros de la Junta Directiva presentes en esa sesión y fue un acuerdo unánime. El requerimiento de acceder a las computadoras lo propusieron varios directores y dicha revisión fue un acto voluntario”, agregó Chaves.
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Pese a que para husmear en las computadoras de las autoridades, el INS usó un contrato que tenía otro objetivo, Chaves defendió esa actuación y descartó que vaya a pedir una investigación al Ministerio Público.
“No considero que haya elementos suficientes para presumir que se ha actuado de manera irregular”, declaró.
También dijo que, según le explicaron, “nunca existió intención de bloquear información pública a la prensa”
Polémicas
Mónica Araya Esquivel, de 52 años, fue nombrada en la Presidencia Ejecutiva del INS en mayo de 2022. En los últimos meses ha enfrentado varias polémicas por negar información relacionada con el aumento salarial a diputados, promover un contrato confidencial con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y la propuesta de revisar las computadoras de sus compañeros de Junta Directiva.
En noviembre del año anterior, la Sala Constitucional le ordenó entregar los datos relacionados con la mejora en los sueldos.
Además, en los últimos días, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción para convocarla, con el fin de que dé explicaciones sobre el aval para subir los salarios y la orden de revisar los dispositivos de los directivos.
