Rodrigo Chaves incurriría en delito si renuncia a sus atribuciones, advierte Rodrigo Arias

El miércoles, Chaves anunció que renuncia a impulsar los proyectos de ley de seguridad del gobierno, porque los diputados los cuestionan, y trasladó al Congreso la responsabilidad de legislar en esta materia “sin participación del Poder Ejecutivo”.

Al respecto, el jerarca de la Asamblea Legislativa, afirmó: “El presidente no puede renunciar válidamente al ejercicio de las atribuciones otorgadas a él constitucionalmente, en materia de seguridad pública. En caso de hacerlo, incurriría en el delito de incumplimiento de deberes y eventualmente de prevaricato, si se demostrare que actuó dolosamente”.

En declaraciones a la prensa, después de la reunión de las jefaturas de las fracciones políticas, Rodrigo Arias señaló que las atribuciones del mandatario están claramente definidas en la Constitución Política.

En el texto de la Carta Magna, se establece que es una atribución exclusiva del presidente “ejercer la iniciativa en la formación de las leyes”, así como “ejercer el mando supremo de la Fuerza Pública” y “mantener el orden y la tranquilidad de la nación”.

Arias manifestó que cada uno de los poderes tiene sus funciones particulares, por lo que corresponde que los tres actúen de forma coordinada “para tener una verdadera política de Estado en seguridad”.

“Espero que se dé una rectificación del presidente y espero un cambio de rumbo que permita la coordinación de sus ministros con este Congreso. Estoy seguro de que Costa Rica exige esa coordinación efectiva”, agregó el jerarca legislativo.

El presidente de la Asamblea también enfatizó que la política que presentó el Gobierno, el mismo miércoles, debe complementarse con legislación que salga del Parlamento.

Por lo tanto, Arias solicitó que se convoque para estudio durante las sesiones extraordinarias del Congreso la lista de los proyectos que pidieron los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, luego de las negociaciones entre los seis partidos políticos.

“Desde este Congreso haremos lo que corresponde para darle a Costa Rica el ordenamiento jurídico que requiere. La seguridad ciudadana es un asunto que nos atañe a todos y debe prevalecer la serenidad y el buen juicio en la construcción de esta política de Estado”, dijo.

Consultado por La Nación, Rodrigo Arias reconoció que la tensión entre el Gobierno y los diputados es recurrente, cosa que afecta el avance de las decisiones y de la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas que afectan al país.

Adicionalmente, el jerarca legislativo explico que aspira a tener una buena coordinación para que el Poder Ejecutivo convoque, en los meses de sesiones extraordinarias (noviembre del 2023 a enero del 2024), proyectos de ley para que el Poder Judicial pueda tener los instrumentos para trabajar.

“Voy a insistir al máximo para que el Ejecutivo convoque los proyectos de seguridad que se requieren”, dijo Arias Sánchez, quien evitó calificar si las declaraciones de Rodrigo Chaves fueron una estrategia o no.

Agregó que la actividad diseñada por el gobierno para presentar su nueva política sobre seguridad se vio reducida y deslucida cuando el mandatario aprovechó para hacer una intervención de repartir culpas y atacar a la Asamblea Legislativa, lo que finalmente fue la noticia.

“Ustedes vieron la reacción de todas las fracciones. Se interrumpió la discusión de la agenda, dejamos de ver el presupuesto y se decretó un debate reglado. Fue una reacción extraordinaria del Congreso, con todas las fracciones de la oposición unidas, reclamándole al presidente esa posición. Por eso, yo le estoy pidiendo una rectificación, un cambio de rumbo”, agregó Arias.

El presidente de la Asamblea respondió que lo único que puede seguir haciendo es insistir en pedirle a Chaves el cambio de rumbo, para enfocarse en la seguridad, el combate a la criminalidad y la narcoactividad, no en repartir culpas.

“No me voy a cansar tratando de construir un puente. Hemos perdido tiempo. Uno de los proyectos importantes (de Rodrigo Chaves) ya estaba en el plenario, no se por qué se desconvocó”, sentenció, en referencia al plan que permitiría al Poder Judicial efectuar intervenciones de comunicaciones en investigaciones sobre femicidios, homicidios simples y extorsiones.

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