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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, instalará este martes la comisión que investigará los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), varios de ellos de forma directa y sin concurso público.
El foro lo integrarán Dinorah Barquero y Danny Vargas Serrano, de Liberación Nacional (PLN); Ada Acuña, de Progreso Social Democrático (PPSD); Vanessa Castro Mora, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); José Pablo Sibaja Jiménez, de Nueva República (PNR); Johana Obando, del Liberal Progresista (PLP); y Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA).
Los diputados aprobaron crear la comisión el pasado miércoles 13 de setiembre, con 42 votos a favor y uno en contra. Sin embargo, las fracciones legislativas aún no deciden cuáles de sus congresistas integrarán dicho foro.
Las bancadas corren contra el tiempo, debido a que la moción aprobada determinó que, a más tardar el 24 de noviembre próximo, la comisión debe rendir un informe. Por tanto, cuanto más tarde se conforme, menos tiempo tendrán para investigar.
Por ese motivo, La Nación consultó al presidente legislativo cuándo conformaría el grupo investigador.
“Hay que moverse rápido. Voy a pedirle a los jefes de fracción que me manden algunas sugerencias de nombres. Lo haré tan pronto pueda y tenga los nombres”, respondió Arias Sánchez en la mañana.
El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción liberacionista, dijo que hablaría con el presidente legislativo durante la reunión de su bancada, para abogar por que se instale la comisión este martes 19 de setiembre. “Cada día cuenta”, aseveró.
Alejandro Pacheco, líder de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que espera que la comisión se conforme esta misma semana.
“La conformación de la comisión normalmente se la dejamos al presidente legislativo, pero lo ideal sería que se haga esta misma semana. Si de aquí al jueves no se ha instalado, entonces vamos a hacer presión”, declaró por la mañana el líder socialcristiano.
Pacheco añadió que, de ser necesario, él estaría de acuerdo en prorrogar el plazo que tiene la comisión para rendir el informe.
El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, coincidió con Pacheco en que, de ser necesario, se puede postergar la fecha límite del foro legislativo. Añadió que, en su bancada, hay varios diputados interesados.
“La asamblea está abarrotada de comisiones, tenemos todavía abiertas la de lista gris y la de marchamo. Una vez esas dos comisiones dejen de existir, se abre un espacio para que las nuevas empiecen a trabajar. En ambos casos, marchamo y lista gris, no deberían pasar de esta semana, así que no veo necesidad de postergar la conformación”, dijo Feinzaig.
El líder del PLP dijo que apoyarían extender la comisión que investigará a Sinart en caso de ser necesario, y siempre que se trate de una prórroga razonable. Sin embargo, “si lo que se trata es de obstaculizar que esta investigación se lleve a cabo, nosotros nos vamos a oponer rotundamente”.
Por su parte la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), declaró que, si le daba tiempo, hablaría hoy con su bancada para definir cuál de sus congresistas integra la comisión. La elegida fue Ada Acuña.
“La fecha límite se puede modificar, se extiende depende de las necesidades y, si los miembros convencen a nuestros diputados de que es necesario más tiempo, eso a mí no me preocupa. Creo que habrá suficiente tiempo para investigar. Aunque somos fracción oficialista, apoyamos la conformación de la comisión, porque nos va a permitir demostrar lo mal que se ha manejado la pauta estatal”, agregó Cisneros.
La Nación intentó contactar con Fabricio Alvarado, líder del PNR; sin embargo, no atendió los mensajes. Tampoco fue posible obtener la versión del FA.
“Desde el inicio del Gobierno, se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible ‘tinte político’ de publicidad, donde figura la agencia del Sinart”, señala la moción aprobada por los diputados.
“De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión”, indica el documento.
