Restricción vehicular sanitaria cerca de ser eliminada por diputados

La propuesta para dispensar de todos los trámites el expediente 22.813 tuvo el apoyo de 35 legisladores y, tal como lo permite el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, ahora el proyecto pasará directo a la agenda del plenario.

En contra votaron solamente seis congresistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la independiente Paola Vega Rodríguez.

La dispensa permite que el plan pase directamente al plenario del Congreso, pero adicionalmente necesitaría que 38 legisladores se pongan de acuerdo para darle prioridad en esa agenda legislativa, lo cual todavía no ha sucedido.

La propuesta de los fabricistas, avalada por Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) e Integración Nacional (PIN), es eliminar los artículos que le dan potestad al Poder Ejecutivo para declarar restricción vehicular durante una emergencia nacional.

Esos artículos fueron incluidos en la Ley de Tránsito el 3 de abril del 2020, a un mes de iniciada la pandemia en Costa Rica, y pretendían que el Gobierno tuviera la potestad no solo para la actual situación de emergencia nacional, sino en el contexto de cualquier posible situación que requiera limitar el tránsito vehicular.

Solamente se mantendría la multa por violación a la restricción vehicular normal que aplica el Ejecutivo, que actualmente está en ¢23.936.

El proyecto también pretende eliminar el transitorio que permite al Gobierno trasladar todo el dinero recaudado por esas multas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para el combate de la pandemia del covid-19.

En ese transitorio, se establece que el traslado del dinero a la Caja estaría vigente hasta el momento en que se levante el decreto ejecutivo por la emergencia sanitaria.

La propuesta lleva la firma de Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Carmen Chan, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar, los miembros del bloque fabricista Nueva República, y fue presentada desde el 1.º de diciembre pasado.

En su argumentación, los independientes aseguran que es necesario eliminar la potestad de que el Ejecutivo pueda decretar restricción vehicular sanitaria “para permitir la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas por las consecuencias de las medidas restrictivas” del Gobierno.

Para el momento que estos legisladores propusieron la medida, en noviembre del 2021, no había llegado al país la variante ómicron del covid-19 y los casos de coronavirus iban en disminución, así como las hospitalizaciones.

De hecho, los fabricistas reconocen, en la exposición de motivos del expediente, “el trabajo que las autoridades de salud han realizado en la implementación de protocolos de desinfección, lavado de manos, uso de mascarilla y, sin duda, el esfuerzo en la aplicación de vacunas contra el covid-19″, pues al 11 de noviembre la CCSS reportaba un 75% de la población con una dosis y un 62% con esquema completo.

“La derogatoria de la restricción vehicular sanitaria se propone como una medida directa de reactivación económica, ya que el avance en la vacunación se correlaciona con mayor movilidad y, por tanto, una menor restricción a la actividad económica, beneficiando a los comercios y, en consecuencia, generar ingresos frescos a las arcas del gobierno”, dijeron los fabricistas en su propuesta.

También, afirmaron que Costa Rica ha logrado controlar la tasa de transmisión de la enfermedad, “lo que la hace capaz de relajar las medidas, reabrir la economía y retomar la presencialidad, lo que permitirá una recuperación económica vigorosa y más rápida”.

La herediana Catalina Montero justificó que el PAC votara en contra de acelerar ese proyecto, porque defendió que el Ejecutivo tenga la facultad de decretar dicha restricción.

“Los estudios han reflejado y han comprobado que la disminución de la movilidad, las medidas sanitarias personales y protocolos sanitarios, así como las vacunas, son las medidas que mejor o mayor resultado tienen en el control de esta pandemia”, enfatizó Montero.

Paola Vega apuntó que ella coincide con Montero en que la restricción durante una emergencia nacional debe ser competencia única y exclusiva del Poder Ejecutivo y que debe atender a razones técnicas y no deliberaciones políticas.