Ley sobre Uber y DiDi entra en la guillotina legislativa

Desde el 3 de marzo, al expediente 21.587 se le venció el plazo ordinario de discusión en el foro legislativo. En consecuencia, el plan entró en la “guillotina legislativa”. Así se le denomina al momento reglamentario en que los diputados ya no pueden discutir más las mociones sobre un proyecto puesto en la agenda del día, sino que deben votarlas de inmediato.

Luego, en la siguiente sesión, la comisión tiene que dictaminar el texto de forma afirmativa o negativa, para pasarlo al análisis del plenario legislativo. En esta etapa, los legisladores sí se pueden referir por el fondo al expediente.

Este proyecto les impediría a los choferes de las plataformas trabajar más de 12 horas diarias y los obligaría a inscribirse como trabajadores independientes en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, exigiría a los clientes a pagar un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) por cada servicio y a los conductores a pagar al Gobierno un derecho de operación anual de ¢92.000, equivalentes al 20% de un salario base.

La diputada liberacionista Karine Niño, presidenta de Económicos, informó de que este martes 19 de abril se pondría el expediente en agenda la iniciativa y, luego, se votarían tres mociones de fondo presentadas por los diputados.

De ser posible, sostuvo la diputada, se sometería el plan a dictamen este martes, “siempre que se agote tiempo de la discusión (por el fondo)”.

El expediente actual es un texto alternativo a la propuesta del Gobierno, presentado por el diputado Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN), y otros legisladores en setiembre del 2019.

El plan del diputado Thompson mantiene la pretensión inicial del Gobierno de cobrarle a plataformas el pago al Estado de ¢8,2 millones por el registro de su operación.

En tanto, las tres mociones pendientes de votar sobre la iniciativa son textos sustitutivos. Una es del diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, otra del legislador oficialista Enrique Sánchez y la última de Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El texto de Sánchez, por ejemplo, bajaría de ¢92.000 a ¢55.000 el monto anual que pagaría cada chofer, al cambiar de un 20% a un 12% de un salario base el derecho de operación. Sin embargo, mantiene el pago del 13% del IVA para los usuarios.

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Los diputados Abarca y León evitaron explicar el contenido de sus propuestas.

La administración Alvarado intentó impulsar una regulación a las plataformas digitales de transporte.

De hecho, en setiembre del 2019, el mandatario aseveró que había llegado el momento para establecer esa regulación. “Le llegó la hora a las plataformas de transporte. Este es el momento para que lleguemos a una regulación en materia de plataforma de transportes. Creo que muy prontamente tiene que desatarse ese nudo con una regulación”, dijo en esa oportunidad Alvarado.

Alvarado también defendió, en esa misma ocasión, la idea inicial del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, de que el proyecto contemplara una compensación económica para los taxistas y sus familiares.

“Por la merma en ese actividad, están altamente endeudados. No pueden pagar estudios de hijos o no pueden llevar alimento a la casa por la baja en actividad”, argumentó el gobernante, al tiempo que afirmó que el dinero para esa compensación no puede salir de más endeudamiento del Gobierno.