Sofía Chinchilla Cerdas. 16 enero
En setiembre del 2017, Luis Guillermo Solís compareció ante la comisión investigadora de los créditos bancarios, en una sesión que se realizó en Casa Presidencial. Foto: Melissa Fernández.
En setiembre del 2017, Luis Guillermo Solís compareció ante la comisión investigadora de los créditos bancarios, en una sesión que se realizó en Casa Presidencial. Foto: Melissa Fernández.

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reabrió, en setiembre pasado, la investigación sobre las actuaciones del expresidente Luis Guillermo Solís en torno al escándalo del cemento chino.

En un oficio con fecha del pasado 10 de enero, la PEP le comunicó a la Asamblea Legislativa que retomó la pesquisa con base en una solicitud que le hicieron los diputados en setiembre del año pasado.

Los legisladores pidieron reabrir el caso dentro del informe final de la comisión legislativa que investigó por qué los actuales legisladores no pudieron apelar el primer informe de la Procuraduría de la Ética, el cual exoneró a Solís de responsabilidades sobre ese caso.

Además, la PEP le informó al Congreso de que también acogió la solicitud para que se investigue la forma en que los consejos de gobierno de Solís y Carlos Alvarado separaron, primero, y luego destituyeron a los exdirectivos del Banco de Costa Rica (BCR) implicados en el escándalo.

José Armando López Baltodano, director de la Procuraduría de la Ética, ordenó las nuevas investigaciones desde el 20 de setiembre del 2019, según consta en el oficio remitido a la Asamblea.

En ese documento, se detallan los temas que son objeto de investigación.

Primero, se ordenó indagar la forma en que se dieron “las investigaciones de la Procuraduría de la Ética Pública acerca del actuar del expresidente Solís en el cementazo”.

Los legisladores de la comisión investigadora concluyeron que, en su criterio, la PEP fue omisa al investigar las acciones de Solís en el caso del cemento chino.

La comisión señaló que la Procuraduría no solicitó documentos a las instituciones vinculadas al escándalo, ni profundizaron en las declaraciones que dieron quienes comparecieron ante el primer foro investigador del cementazo.

“Es decir, no se realizaron diligencias adicionales significativas que pudieran esclarecer con detalle contradicciones o inconsistencias entre los ya existente (informe y expediente 20.461) y posteriores testimonios de las partes involucradas para definir responsabilidades”, dice la recomendación de los diputados.

Luego de que se conociera la reapertura de la investigación, Solís publicó en sus redes sociales que ve la decisión del ente procurador como una oportunidad para que se verifique “el análisis de sus actuaciones”.

“Su intervención, como la primera que me exoneró completamente de haber incumplido mi deber de probidad, es esencial para que resplandezca la verdad. Y yo, a diferencia de mis enemigos, deseo que resplandezca la verdad”, escribió el exmandatario.

Investigación a dos consejos de Gobierno

En segundo lugar, los legisladores pidieron a la PEP revisar a profundidad “el desconocimiento del principio de legalidad por parte del Consejo de Gobierno”.

Sobre ese aspecto, los diputados señalaron que Javier Cascante, el exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en realidad nunca recomendó de forma directa la suspensión ni la destitución de los directivos del BCR implicados en el caso del cemento chino.

En octubre del 2017, el gobierno de Solís suspendió a cinco directivos del BCR que se opusieron a la petición que les hizo el entonces mandatario para que renunciaran.

Según comunicó en aquel momento la Casa Presidencial, la solicitud se les hizo ante la preocupación por los créditos otorgados por ese banco para “negocios cuestionados” y por los conflictos internos que se generaron a causa de dichos préstamos.

Los directores suspendidos fueron Mónica Segnini (quien ocupaba la presidencia de la Junta Directiva), Evita Arguedas, Francisco Molina, Paola Mora y Alberto Raven, quien posteriormente renunció a su cargo.

Un año después, en diciembre del 2018, el gobierno de Carlos Alvarado destituyó de forma definitiva a Mora, Molina y Segnini.

A Paola Mora se le encontró responsable de haber alterado un acta, mientras que a los otros dos directivos se les achacó el haber “debilitado la cultura corporativa” del BCR.

Los diputados señalaron, en su investigación, que los directivos bancarios solo se pueden remover cuando se configuren actuaciones muy específicas, por lo que, según alegan, los gabinetes de Solís y Alvarado pudieron haber incurrido en violaciones al principio de legalidad.

"Es necesario que la Procuraduría de la Ética Pública, así como el Ministerio Público, verifiquen si las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno tenían fundamento legal, y si estas actuaciones tienen repercusiones de pago de dobles dietas a directores suspendidos y a nuevos directores, o lesiones a los intereses económico-financieros por los que debe velar el Banco de Costa Rica.

“Por tanto, esta Comisión insta a la remisión del presente informe al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, para que inicie investigaciones sobre el proceder irregular del Consejo de Gobierno de las administraciones del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y el actual presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en la suspensión y remoción de los directivos de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica”, dice la recomendación emitida por los diputados.

El director de la PEP acogió la petición de los diputados y ordenó a la procuradora Johanna Masís Díaz proceder con la investigación.

“Con base en lo expuesto y la documentación que se adjunta a la presente misiva, le instruyo para que, de conformidad con las competencias de fiscalización atribuidas a la Procuraduría de la Ética Pública, proceda a realizar formal investigación en torno a las recomendaciones recién esbozadas”, ordenó el director del ente procurador en setiembre.

El Directorio legislativo recibió la comunicación de la PEP el lunes, según confirmó este jueves en el plenario el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides.

No obstante, en medio de una polémica que incluyó fuertes reclamos de legisladores de todos los partidos políticos, incluido el suyo, Benavides reconoció que se atrasó en la entrega del oficio a los otros 55 diputados, quienes recibieron el documento este jueves.