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La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que un proyecto de ley, que se discute en la Asamblea Legislativa, podría favorecer la impunidad en los casos de corrupción.
Se trata de una iniciativa propuesta por el exdiputado Fabricio Alvarado, en el 2017, para fijarle un plazo máximo de un año a las investigaciones judiciales sobre actos de corrupción.
Según un criterio vertido por la Procuraduría, este proyecto promovería la impunidad porque, si el Ministerio Público no logra completar sus investigaciones en menos de 12 meses, los sospechosos quedarían libres de la causa judicial.
El proyecto propone la siguiente redacción para el artículo 171 del Código Procesal Penal: “El Ministerio Público deberá concluir la investigación preparatoria en un plazo razonable. En los casos de investigaciones relativas a hechos de corrupción, el plazo no podrá excederse de un año”.
“Cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado indebidamente, le solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio que le fije término para que finalice la investigación”.
“El tribunal le solicitará un informe al fiscal y, si estima que ha habido una prolongación indebida según la complejidad y dificultad de la investigación, le fijará un plazo para que concluya, el cual no podrá exceder de seis meses” culmina.
Al respecto, la Procuraduría advirtió a los diputados: “El proyecto bajo análisis, contrario a lo que su promovente pretende, crearía más incertidumbre en los ciudadanos y, más bien, propiciaría la impunidad, pues al establecer un plazo perentorio de un año para realizar la investigación, daría al traste con todas las pesquisas que haya realizado el Ministerio Público y que, por su complejidad, no se hubieran terminado en dicho plazo”.
La Procuraduría sostiene que la duración en este tipo de procesos penales corresponde a diversos factores y no solo a la etapa de investigación.
“Atacar solo la duración de la investigación, la etapa más importante del proceso penal, no beneficiaría en nada con acabar con la corrupción en el país; todo lo contrario, la percepción de la ciudadanía sobre la impunidad tratándose de este tema aumentaría, al no lograr llevar a juicio a los funcionarios públicos sospechosos de cometer este tipo de infracción, dado que no fue posible en el año de plazo propuesto”, aclara el criterio.
Asimismo, el texto explica que, para terminar los procesos investigativos en ciertos casos de corrupción complejos, se requiere obtener prueba en el extranjero y que, ante una fecha limitada, no se podría contar con esta.
El proyecto está en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual lo envió a consulta a seis instituciones públicas en el mes de junio del 2019.
“Estaba en una subcomisión en sesiones ordinarias, que formamos parte doña Carolina Hidalgo, doña Mileidye Alvarado y yo; y efectivamente se había ido a consulta. No fue convocado en extraordinarias, por ello no avanzó. Sigue en el orden del día” explicó la diputada liberacionista Silvia Hernández.
La PGR indica, con base en estadísticas de la oficina de Planificación del Poder Judicial, que el proceso que genera mayor retraso, en los procesos penales, es la etapa de juicio, la cual sugiere debe ser combatida con urgencia tanto para casos de corrupción como otros delitos.
“Una correcta y amplia investigación, sin incurrir en plazos excesivos, puede asegurar una condena en contra de los investigados, por lo que reducir al plazo de un año esta etapa procesal traería consecuencias graves para la construcción de la teoría del caso por parte de la representación fiscal, creando con ello mayor impunidad de lo que la propuesta de ley quiere evitar”, expone el criterio.
Por último, la PGR califica el proyecto como un riesgo para las finanzas públicas, puesto que el país atraviesa un déficit fiscal y las investigaciones de los casos de corrupción consumen gran cantidad de recursos, lo que provocaría una redistribución del personal y de su presupuesto.
Sobre esto último, advierte, podría poner en riesgo el personal y presupuesto previsto para investigaciones de otros tipos de delincuencias.
Los organismos públicos a los que se les envió, según consta en las actas de la comisión, fueron: Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Procuraduría General de la República.
