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Mónica Segnini, presidenta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que nunca debieron ventilarse al público los financiamientos otorgados para el cemento chino y para que Coopelesca le comprara una hidroeléctrica a Holcim, así como ningún tipo de información sobre Bicsa, sobre Bancrédito y ni siquiera sobre la denuncia por presunta legitimación de capitales que el BCR presentó contra la empresa Latco, a la cual le cerró las cuentas.
Así lo expresó Segnini ante sus compañeros de la Junta Directiva del BCR en la sesión del 19 de julio del 2017.
Y en el acta de ese día, Segnini dijo que ese "tipo de situaciones le generan una enorme pena, máxime cuando recibe consultas de clientes acerca de lo que está pasando con el BCR".
Ella cuestionó que existan "filtraciones de información del banco, de sus clientes y sus créditos", pues el banco se puede ver afectado.
Lo mencionó luego de que el directivo Alberto Raven pidió referirse a una noticia publicada en Diario Extra sobre un crédito que el BCR le otorgó a un cliente de su bufete.
"Ningún tipo de información de este banco ni de Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica, del cual el BCR es propietario en un 51%) ni siquiera del caso Latco (Latinamerica Trust & Escrow Company), ni del Banco Crédito Agrícola de Cartago, debió ventilarse en los medios. Tampoco toda la información de Sinocem Costa Rica S. A., de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R. L. (Coopelesca) y, ahora, toda la información de este último cliente ya está en poder de los medios de comunicación", dijo Segnini.
En el acta, se consigna que la presidenta del banco "ha sido crítica de los manejos de información confidencial del Banco hacia la prensa".
"Aclara que no critica a la prensa, ellos solo hacen su trabajo y aclara que defiende la libertad de expresión; sin embargo, nunca estará de acuerdo con romper el principio de resguardar los intereses de la institución a la cual se pertenece", dice el acta N°. 31-17.
"Indica que esto no es un tema de la prensa, sino de la filtración de información del Banco, sus clientes y sus créditos; ya cuando la prensa tiene dicha información en su poder, sin duda que la va a utilizar a su discreción y como mejor le parezca", agrega.
Sobre el caso Latco, Segnini aseguró: "No se puede estar filtrando información a la prensa que afecte al Banco, como se hizo en aquel entonces con el Bicsa, que fue muy grave lo que sucedió y afectó como ya sabemos la liquidez de Bicsa. Desde ese momento se abrió una puerta peligrosa y en este seno (la junta directiva del BCR) no se quiso revelar el nombre de la persona responsable".
Consultada por este medio sobre las afirmaciones del 19 de julio, la presidenta del BCR adujo que lo dicho obedece a que hay un deber de confidencialidad de la información bancaria, que incluso se incluye en el juramento de cada directivo.
"En esos términos fue que yo me referí y porque eso le ha hecho un daño al banco. Creo que es más que evidente que eso daña la imagen del banco. Tal vez no la confianza pero sí la imagen. Usted no ve un banco privado donde se estén ventilando los asuntos internos que se discuten", sostuvo.
"No se ventilan los asuntos internos que se discuten en las grandes corporaciones, porque la información hay que manejarla de esa manera, muy diferente si son actos de corrupción que deben conocerse, pero también hasta esos hay que manejarlos con el debido cuidado porque también, si se contaminan durante el proceso, puede llegar a no sentarse las responsabilidad y el caso a caerse por violación al debido proceso".
"Además, la Sugef nos llamó la atención por eso. Nos dijo que era un potencial riesgo para el banco estar ventilando los asuntos internos y delicados a la prensa".
Posteriormente a la intervención de Segnini, varios directivos hicieron uso de la palabra para expresar su preocupación con respecto a la publicación de anónimos y el tratamiento que se le debe dar a ese tipo de documentos reproducidos por algunos medios de comunicación y en redes sociales.
Tal fue el caso de Alberto Raven, quien expresó: "Lo ideal sería que cuando salga la noticia, además de la versión del denunciante anónimo, se adjunte la versión oficial del BCR, con el propósito de tratar de contener el eventual daño. Ese es el deber de lealtad que le corresponde al Banco en relación con un cliente que confió su negocio en esta institución, pero siente que en este caso se falló gravemente en ese punto.
Mientras, Rónald Solís declaró estar "muy preocupado por todo lo que está sucediendo con la publicación de este tipo de noticias, lo cual tiene un efecto muy negativo para el Banco, no solo por los clientes, sino también por el público en general y que se aprecia en los comentarios que emiten en las redes sociales y donde parece que existe un proceso continuo de crear una visión ideológica de que se trata de una mafia organizada".
Francisco Molina y Gustavo Arias, por su parte, solicitaron a la administración del BCR la implementación de un mecanismo de reacción para mitigar los efectos de este tipo de noticias, "empezando por la definición de un esquema de comunicación que contemple la opción de emitir derechos de respuesta, de manera tal que se publique la posición oficial del banco".
"No se trata de una entrevista porque se corre el riesgo de que el periodista la pueda editar", afirmó Arias.
Este martes, el Consejo de Gobierno acordó suspender de sus cargos en el BCR a Mónica Segnini, Alberto Raven, Evita Arguedas, Francisco Molina y Paola Mora, quienes se negaron a dimitir a sus cargos luego de que el presidente Luis Guillermo Solís se los solicitó.
Segnini lamentó la decisión presidencial, pues dijo que fueron ellos quienes ordenaron la investigación del crédito para el cemento chino y se requería una coordinación entre el banco y el Gobierno.
No obstante, el Consejo de Gobierno ordenó la suspensión como medida cautelar mientras se realiza un proceso sancionario en contra de los directivos.
Solís les pidió la renuncia la semana pasada luego de que un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtiera de que persistían conflictos entre los miembros de Junta Directiva, que afectaban la gobernanza del BCR y ponían en peligro sus operaciones.
Solo acataron el pedido los exdiputados del PAC Rónald Solís y Gustavo Arias.
Caso Latco
En noviembre del 2015, el Banco de Costa Rica (BCR) le cerró las cuentas a la firma Latco por falta de información sobre el origen de $67 millones que esa empresa introdujo al país provenientes de Malta y Emiratos Árabes Unidos.
En esa compañía figuraba como gerente general y apoderada generalísima la directora del Banco Nacional (BN) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), Jennifer Morsink. Este último banco es propiedad del BCR y del Nacional.
Por este caso, el BCR solicitó al Nacional la destitución de Morsink y denunció a la empresa ante la Fiscalía por dudas sobre el origen de los recursos.
El dinero provenía de dos empresas de una costarricense de 35 años –gerenta de un sportsbook (negocio de apuestas en línea) en Montes de Oca–, las cuales reportaron ingresos a sus cuentas por $1.528 millones en el 2014, en dichos países. Sin embargo, aquí ella hipotecó dos veces un terreno para construir su casa.
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Cemento chino
En la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y la Sugef se encuentra bajo la mira las dos líneas de créditos con un tope de endeudamiento de $30 millones que el BCR le otorgó al empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento desde China. Se trata de determinar si hubo tráfico de influencias u otra anomalía en el trámite.
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En total, el BCR le desembolsó $38,9 millones a la empresa Sinocem Costa Rica para que importara cemento desde China en el 2016. Sin embargo, en el mismo periodo, al país solo ingresaron importaciones de este producto por $9,7 millones.
Además, días antes de que el Comité de Crédito autorizara los préstamos, se aprobó una reforma para permitir la utilización como garantía de pólizas de caución de aseguradoras privadas.
Por su lado, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) reformó un reglamento para eliminar la norma que impedía la comercialización de cemento con más de 45 días de fabricación.
Los diputados y la Fiscalía también investigan el hecho de que Sinocem solo utilizó un proveedor de cemento, llamado Sinobuilding Materials Hong Kong, y la devolución de esa firma de al menos $7,5 millones a cuentas de Juan Carlos Bolaños en los bancos Cathay y Nacional.
Coopelesca
El Ministerio Público y los diputados investigan un posible tráfico de influencias en un crédito otorgado por el BCR en el 2014, por $32,7 millones a Coopelesca para la compra del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas a la empresa Holcim Costa Rica.
La operación se avaló en el momento en que Alberto Raven Odio era fiscal de la junta de la empresa cementera y también directivo en el BCR.
Al final, Holcim le vendió a la Cooperativa la planta Aguas Zarcas por un valor de $35,3 millones, a pesar de que la tenía asegurada por $24 millones. Al tiempo que salía que el proyecto presentaba daños en equipos y un menor caudal de agua.
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Bancrédito
El 25 de mayo pasado, el Consejo de Gobierno acordó cerrar la operación comercial del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) para acelerar su transformación a banco de fomento y desarrollo.
Esa decisión implicó que la institución estatal deje de realizar intermediación financiera, es decir, captar recursos del público y otorgar créditos, antes del 31 de diciembre de este año.
El acuerdo se tomó debido a que la entidad estatal afronta un deterioro financiero, que se hizo más evidente el año pasado, cuando tuvo una caída de sus ganancias, por tres créditos que afrontaron problemas de pago.
Hasta abril del 2017, Bancrédito reportó un activo total por ¢755.104 millones y un pasivo total por ¢686.825 millones, según el reporte de la institución ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El banco tiene un saldo de cartera de crédito buena por ¢420.927 millones e inversiones en títulos valores por ¢194.071 millones.
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