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La Presidencia de la República vetará el proyecto de ley denominado Voto Informado, ante la existencia de una duda razonable sobre si la iniciativa fue consultada, como corresponde por Constitución, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo anunciaron en un comunicado conjunto, este viernes por la tarde, la Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y el órgano electoral.
Se trata de un proyecto construido por los liberacionistas Silvia Hernández y Carlos Ricardo Benavides, de la mano del grupo Poder Ciudadano Ya, que obliga a los partidos a entregar al TSE sus planes de gobierno y las biografías de sus candidatos, para que el Tribunal los haga públicos.
El posible error se produjo porque, aunque la iniciativa debía ser consultada obligatoriamente al organismo electoral, esta institución confirmó ayer que no constaba en sus registros dicha consulta.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, sostiene que esa gestión sí se hizo y que los técnicos legislativos así lo demostraron. No obstante, en el comunicado, se estableció que queda una duda razonable al respecto.
“Tras verificaciones hechas por la Asamblea Legislativa y el TSE, existe duda razonable de que la consulta del proyecto haya sido efectivamente comunicada al TSE, pese a que esta se tramitó oportunamente por parte de la Asamblea”, dice la nota.
Como voceras del pronunciamiento, firman el comunicado conjunto la diputada Silvia Hernández, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y la presidenta a. í. del Tribunal, Eugenia Zamora.
Las tres jerarcas manifestaron un interés común de avanzar en la iniciativa para que se realice un proceso electoral con mayor transparencia. “Este proyecto de ley cumple con este objetivo, por lo que es importante que se convierta en ley de la República lo antes posible”, manifestaron.
El problema, tal como lo advirtió el letrado electoral, Andrei Cambronero, es que la ausencia de la consulta podría constituir un vicio de inconstitucionalidad por la forma, pues es obligatorio preguntar su criterio al TSE sobre reformas al Código Electoral.
La Presidencia de la República comunicará lo antes posible su decisión a los diputados, para que ellos puedan tramitarlo nuevamente, luego de subsanar el trámite faltante.
“La Asamblea podrá tramitar lo correspondiente en forma expedita, resguardando el proceso legislativo. Por su parte, el Tribunal se compromete a enviar la respuesta a la consulta que se le formule sobre el proyecto de ley en el plazo necesario, para que entre a regir en este proceso electoral”, dice la nota.
La ministra de la Presidencia también se comprometió a sancionar y publicar lo más rápido posible cuando llegue el proyecto tramitado correctamente.
¿Qué fue lo que pasó?
El miércoles fue aprobado en segundo debate el expediente 22.414 en el plenario de la Asamblea Legislativa, con una votación afirmativa unánime. De inmediato, Silvia Hernández firmó el decreto legislativo junto con Aida Montiel, primera secretaría a. í., y Xiomara Rodríguez, segunda secretaria del Directorio.
El jueves por la mañana, al enterarse de dicha aprobación, el TSE revisó en sus registros y no encontró evidencias de que les hubieran hecho la consulta obligatoria establecida por la Constitución.
Entonces, envió la alerta a la Casa Presidencial y al Congreso. En Zapote, detuvieron el proceso de firma presidencial de la ley y su publicación.
La premura se debía a que, por ley, es necesario aprobar reformas electorales antes de los seis meses anteriores al día de las elecciones nacionales, plazo que se cumplía este viernes precisamente.
Sin embargo, la ley dice que si el TSE no se opone a la reforma de marras, es posible aprobarla dentro de los seis meses anteriores a la elección.
El letrado Cambronero sí dijo que sí resultaría imposible que se hagan cambios a la legislación después del llamado oficial a elecciones, que se hace cuatro meses antes del día de los comicios, el 6 octubre.
Luego de recibir la campanada del Tribunal, la presidenta Hernández fue advertida, apenas empezó la sesión del plenario legislativo y, a las 6 p. m., fue a reunirse con técnicos de la Asamblea para revisar la situación.
En un informe que emitió la Secretaría del Directorio, se detallan las gestiones de consulta al TSE sobre el proyecto el 22 de junio, sobre las que se recibió una respuesta de confirmación.
“Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega”, decía ese mensaje.
La consulta se hizo a las direcciones de la Secretaría del TSE, su presidente, Luis Antonio Sobrado, y la funcionaria de esa secretaría.
“Este viernes 6 de agosto se recibe por parte del funcionario José Antonio Loría Ramírez, el archivo original descargado de Microsoft en “.csv” en el cual se verifica y comprueba que, por parte del servidor de la Asamblea Legislativa, el correo electrónico correspondiente al oficio AL-DSDI-OFI-0064-2021 consulta N° 1, sí fue remitido y entregado al Tribunal Supremo de Elecciones”, explica ese informe.
También, se incluyó un criterio un especialista en Modern Workplace de Microsoft, que dice que luego de revisar la información del equipo técnico del Congreso, “se puede apreciar que el correo sí fue enviado por el remitente a la Asamblea y recibido por el servidor del TSE”.
“Sin embargo, la razón por la cual el servidor del TSE no notificó al cliente no es posible identificarla con la información proporcionada, ya que pudo haber ocurrido por diferentes variables, como configuraciones o políticas internas a nivel del Exchange del TSE”, explica el documento.
TSE achaca error a Asamblea
En el informe que emitieron los funcionarios del organismo electoral, a raíz del desacuerdo con la Asamblea, concluyeron “de forma fehaciente, determinante y concluyente” que dicho correo no fue recibido en el Tribunal.
El oficio STSE-1765-2021, suscrito por el secretario general del TSE, Erick Guzmán, junto con Xenia Guerrero, directora de Estrategia Tecnológica, y el letrado Cambronero, explican varios detalles técnicos y lo acontecido en la reunión con funcionarios legislativos.
Por ejemplo detallan que desde el 2013 se le había notificado a la Asamblea los correos oficiales para recibir consultas legislativas, que son secretariatse@tse.go.cr y eguzmanv@tse.go.cr, del secretario Guzmán.
Sin embargo, ni en la cuenta de Guzmán, ni en la recepción del Tribunal o en la cuenta de la Secretaría llegó la consulta sobre el proyecto, según lo informado por los funcionarios electorales.
El que sí se recibió fue una consulta sobre los partidos políticos nacionales y provinciales, pues ese había llegado a la dirección del presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, y este la remitió a la Secretaría General del Tribunal.
Cuando entre funcionarios de una y otra institución revisaron el caso, se dieron cuenta que las direcciones de correo utilizadas por la Asamblea llevaban una apóstrofe de esta forma: ‘secretariatse@tse.go.cr; además, se incluyó otra inexistente: mcalvo@tse.go.cr, pues la correcta de esta funcionaria es mcalvos@tse.go.cr.
Además de las conversaciones más técnicas, el informe del Tribunal también refiere sobre una sugerencia que hizo la asesora de la presidenta legislativa, Silvia Hernández, que fue rechazada.
“La asesora manifestó que, a pesar de lo que fuera expuesto, para ellos el correo se envió, ante lo cual le indiqué nuevamente que podemos certificar (de parte del TSE) que no fue recibido definitivamente, ante lo cual manifestó que sería importante ver la forma de conciliar en pro del fondo del asunto, es decir, del trámite del proyecto de ley en cuestión, ante lo cual le comenté que la reunión versaba sobre la determinación técnica del no envío del correo electrónico y que las consideraciones de fondo deberían tratarse entre jerarcas”, relantó Erick Guzmán en su informe.
