Política

Presidencia legislativa acude a Procuraduría sobre suspensión de diputado Gilberth Jiménez

Asunto está en manos de los legisladores, porque el TSE declaró que no tiene potestad para sancionar a un congresista

La Asamblea Legislativa no tiene claro cuál camino debe tomar con respecto a la suspensión de 25 días –sin goce de salario– para el diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le trasladó desde el lunes pasado por hechos ocurridos cuando fue alcalde de Desamparados (2016-2022).

Debido a eso, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, evitó poner el asunto en análisis de los jefes de las fracciones legislativas y optó por buscar asesoramiento de la Procuraduría General de la República (PGR, órgano que funge como abogado del Estado) sobre los pasos que debe seguir.

Arias dijo que le corresponde a él, como jerarca del Congreso, definir el procedimiento por seguir, y enfatizó que una de las posibilidades es aplicar el proceso establecido en el Reglamento cuando hay acusaciones contra miembros de supremos poderes.

“Estamos analizando las opciones legales. Una de ellas es hacer una consulta a la Procuraduría General de la República. Hoy vamos a definir el tema para tener bien claro el procedimiento”, respondió ante la prensa.

La sanción de 25 días de suspensión, sin goce de salario, la pidió la Contraloría General de la República contra Jiménez por acciones cuando era alcalde de Desamparados.

La Contraloría le cuestiona a Jiménez haber tardado dos meses y medio en reabrir un procedimiento administrativo sobre una denuncia presentada por la Defensoría de los Habitantes, en el 2018.

La CGR considera que el exalcalde fue negligente con su deber de actuar a tiempo pues, alega, su demora causó que los hechos denunciados prescribieran.

Este 24 de mayo, la Contraloría solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicar la suspensión del legislador del PLN, pero este órgano se declaró sin autoridad para ejercer ese castigo.

A criterio de los magistrados electorales, si el TSE sanciona a Jiménez estaría cometiendo una ilegítima violación a la separación de poderes y consideraron que es la propia Asamblea Legislativa la que tiene que ejecutar la suspensión de 25 días.

Entonces, el Tribunal remitió su criterio al Congreso, junto con la solicitud de sanción a Jiménez; se recibió este lunes a las 5:58 p. m. y entró bajo el número de expediente 23160.

El problema de la Asamblea es que por 12 años ha eludido la aprobación de una ley que sirva de marco para sancionar a los diputados en los momentos en que se requiera, principalmente, por violaciones al deber de probidad como parte de su función de legisladores.

Pero tampoco hay claridad de qué sucede cuando la sanción deriva de hechos sucedidos de previo a que una persona sea diputada.

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