Afirmación de diputado del PUSC sobre los ‘más pobres’ choca con la realidad

Sin embargo, las estadísticas contradicen la afirmación del legislador del PUSC. ¿Recaería ese tributo realmente sobre las personas más pobres del país?

El plan original del gobierno era cobrar el impuesto solo a los salarios escolares superiores a ¢842.000, como ocurre con todos los sueldos del país. Luego, la administración de Carlos Alvarado subió el tope a ¢1 millón con un segundo proyecto.

Sin embargo, para empezar, las personas con menos ingresos del país no son los asalariados, sino los trabajadores informales, los cuales representan el 43% de la fuerza laboral ocupada en Costa Rica.

Más de la mitad de estos 826.000 trabajadores informales percibe menos de un salario mínimo al mes, es decir, menos de ¢319.500. En esa condición está el 54%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En cambio, entre los asalariados, solo el 6,5% recibe menos de un salario mínimo.

A ello se suma que los trabajadores informales carecen de seguridad social, reciben un salario en especie o un pago por una única vez, son ayudantes sin remuneraciones o cuentapropistas, entre algunas características.

Los formales, en cambio, tienen seguro social y por consiguiente cotizan para una pensión. Ellos son los asalariados, que constituyen el mayor grupo, así como cuentapropistas y empresarios.

Asimismo, entre los asalariados, el 79% de ellos está exento del impuesto de renta sobre el salario porque ganan menos de ¢842.000, detalló el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Entonces, ¿sobre quiénes realmente recaería la eliminación de la exoneración fiscal del salario escolar?

La respuesta está en que, en el sector público, el 56% de los funcionarios gana por encima de los ¢842.000, mientras que, a nivel de todos los asalariados del país, solo el 18% supera esa cifra.

De hecho, 32.000 servidores públicos, que constituyen el 10% de la planilla estatal, ganan más de ¢2 millones mensuales y existen salarios públicos hasta de ¢18 millones.

Estos sueldos están entre los grupos de mayores ingresos del país, estadísticamente, dijo el ministro de Hacienda.

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Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones, los doce salarios ordinarios anuales y el aguinaldo.

La Sala Constitucional ha aclarado que el salario escolar no es un ahorro ni producto de las deducciones acumuladas en el año. Es un salario ordinario de los servidores estatales, pero se paga en enero de cada año porque el gobierno de José María Figueres (1994-1998) no pudo pagar un aumento del sueldo y, entonces, lo compensó como un salario más a principios de año.

No obstante, los funcionarios públicos recibieron la exoneración fiscal en este salario por una reforma lega en el 2008. Ese beneficio le cuesta ¢43.560 millones anuales al erario.

A nivel de beneficios, los servidores pagan impuesto de renta sobre el 86% de sus ingresos salariales y el resto de asalariados lo hace sobre el 92%. Los estatales tienen exonerados el aguinaldo y el salario escolar, mientras que el resto de trabajadores solo el aguinaldo.