El Partido Acción Ciudadana (PAC) firmó un arreglo de pago por una deuda de ¢102 millones que mantenía con la empresa Jaulares S. A., con el fin de evitar el embargo que había dictado a inicios de marzo el Tribunal Civil de Primera Instancia de San José.
Ese pago, afirmaron las autoridades de la agrupación, es parte de un proceso de reestructuración financiera que busca mantener vivo al partido y tratar de ir pagando todas sus deudas.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAC, Fabián Solano, explicó que la deuda se arrastraba desde la campaña electoral del 2014, cuando hubo una diferencia de criterios entre la empresa y el partido sobre varios servicios prestados.
“La empresa decía que se habían prestado todos los servicios a cabalidad; el partido tenía dudas sobre los procesos internos y la naturaleza de las facturas. El Tribunal determinó que algunas facturas eran correctas y otras no”, comentó Solano.
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Jaulares fue la productora encargada de los eventos conocidos como “rutas de la alegría” y del evento de la plaza Roosevelt, en Montes de Oca, por celebración de la victoria del expresidente Luis Guillermo Solís.
En el 2022, luego de la peor derrota electoral sufrida por Acción Ciudadana en sus 21 años de existencia, ahora le toca a esa agrupación afrontar una importante cantidad de deudas, que suman ¢1.234 millones.
Entre ellas está el pago de la condena por una estafa cometida con los gastos de la campaña electoral del 2010. En este momento, en sus estados financieros, el PAC registra que debe indemnizar al Estado al menos ¢429 millones por esa sentencia.
En este 2022, el partido tiene que abonar al Estado ¢100 millones de esa condena.
Fabián Solano explicó que ese monto se debe cancelar con fondos frescos, es decir, con donaciones de militantes y simpatizantes, pues no pueden usar la reserva de ¢800 millones de la contribución estatal que tiene el PAC, de procesos electorales anteriores.
“La tesorera (Karla Arrunátegui) y la Comisión de Finanzas trabajan desde hace un mes, todos los liderazgos consolidados del partido, para pagar los ¢100 millones antes de finalizar este año.
“Ese pago es fundamental. Si no lo realizamos, el partido corre peligro, los militantes lo tenemos claro; estamos haciendo todos los esfuerzos, es una prioridad”, añadió Fabián Solano.
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Asimismo, el PAC adeuda un crédito al banco Lafise por ¢669 millones.
El resto de las deudas del PAC corresponden, principalmente, a préstamos con Coopealianza por ¢20 millones; un arreglo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por cargas sociales, de ¢46 millones, y préstamos sin intereses por ¢56 millones.
Solano enfatizó que no todas las deudas corresponden a obligaciones de corto plazo.
Según el presidente partidario, el partido logró trazar una hoja de reestructuración financiera para hacer frente a “todas sus obligaciones y seguir existiendo”.
Incluso, apuntó que tuvieron que reducir al mínimo los gastos para mantener la operación de la sede central del partido, ubicada en barrio Roosevelt.
Parte de la ruta trazada implicaría una estrecha coordinación entre las autoridades partidarias, la fracción legislativa y los representantes territoriales.