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La Presidencia de la República convocó a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para crear un impuesto del 25% a los premios de la lotería superiores a ¢225.000.
Junto con la convocatoria firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, llegó el texto de la iniciativa legal, que se registró bajo el expediente 22.354.
Dicha propuesta es una de las derivaras de la Mesa de Diálogo Multisectorial y fue anunciada por el Gobierno el domingo pasado.
En el caso de que una persona se gane ¢1 millón por alguna de las loterías, la Junta de Protección Social solamente le entregaría ¢750.000 y el resto se lo dejaría el Estado.
Según lo anunciado por la Presidencia de la República, ese impuesto generaría ingresos para las arcas públicas por ¢41.800 millones anuales, o sea, un 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB).
La JPS sería la encargada de retener el impuesto y trasladarlo a la Caja Única del Estado.
En la convocatoria al Congreso, también se incluyó el proyecto de Ley de transparencia sobre la participación de los servidores públicos en países no cooperantes, también fruto del diálogo multisectorial.
Ese expediente, ingresado con el número 22.353, busca evitar que las personas que ejerzan altos cargos en la función pública tengan cuentas bancarias en países catalogados como paraísos fiscales.
Entre esas naciones están Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, Macedonia del Norte, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor Oriental, Uzbekistán y Wallis y Futuna.
Según informó la Presidencia de la República, los dos proyectos fueron puestos a consulta de los sectores y, de haber observaciones, las sumarían al proceso legislativo mediante mociones, informó Zapote en un comunicado.
Las sesiones extraordinarias son un periodo en que la Casa Presidencial es la que define cuáles proyectos de ley se discuten en los diferentes órganos parlamentarios, desde las comisiones dictaminadoras hasta en el plenario.
Dicho periodo empezó el 1.º de diciembre y, en esta ocasión, se extenderá por ocho meses, pues se juntarán los cinco meses del segundo periodo de extraordinarias de la tercera legislatura (mayo 2020 a abril 2021) y los tres meses del primer periodo de extraordinarias del 2021 (mayo a julio).
Eso se debe a una reforma constitucional promovida por Restauración Nacional para que cada periodo de sesiones dure tres meses. La otra parte del año legislativo se denomina sesiones ordinarias y es cuando son los diputados los que definen su propia agenda.
