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Las municipalidades pretenden asumir “plena y exclusivamente” la construcción y equipamiento de los centros educativos en nuestro país.
Este viernes, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) presentó una propuesta de ley para que los ayuntamientos se encarguen de esas funciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Dicha iniciativa fue recibida por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Daniel Ulate, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.
Se trata del expediente 22.670, llamado “Segunda Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva del Equipamiento e Infraestructura Educativa”.
De acuerdo con el presidente de la Unión, el alcalde de San José, Johnny Araya, la propuesta busca descentralizar las funciones del Estado.
“En esta fecha tan significativa, día de nuestro Régimen Municipal, damos un paso al frente en impulsar los procesos de descentralización plenos, efectivos y reales, que doten a las municipalidades no solamente de la transferencia de nuevas competencias, sino también de recursos económicos necesarios”.
“Damos un paso al frente con seguridad, optimismo y confianza de que los gobiernos locales tienen las capacidades para identificar, así como solucionar, los problemas de nuestros ciudadanos y de asumir nuevas competencias”, afirmó Araya.
De acuerdo con Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, el Ministerio de Educación Pública solo daría acompañamiento técnico a las juntas municipales encargadas de la infraestructura educativa.
“Se toman los recursos que administra hoy día el MEP y se trasladan a las municipalidades. Estas van a definir la inversión según se planifique de manera quinquenal, a través de una junta de equipamiento e infraestructura educativa municipal, que contará con el apoyo de una unidad técnica.
“Los recursos se distribuirán entre las municipalidades según criterios que prioricen las regiones más necesitadas de inversión en este tema. El Ministerio seguirá ejerciendo el resto de las funciones y brindará apoyo técnico a los gobiernos locales para el ejercicio de esta nueva competencia”, manifestó Porras.
Ante consultas de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública aseguró que un vocero de la institución se referirá en relación con la propuesta municipalista el próximo lunes 6 de setiembre.
LEA MÁS: Mal cálculo de MEP sepulta construcción de 48 escuelas prometidas
En agosto pasado, los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa criticaron al MEP por no ejecutar todos los recursos del fideicomiso para construir infraestructura educativa.
En 2013, Costa Rica firmó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $167,5 millones para construir 103 obras educativas: 80 escuelas o colegios y 23 canchas techadas.
Sin embargo, por un mal cálculo del ministerio en el costo de las obras, lo prometido quedó en deuda.
El pasado 31 de diciembre del 2020, finalizó el plazo para ejecutar el fideicomiso aprobado por los congresistas en 2013. Al final, los $167,5 millones del préstamo solo alcanzaron para 55 obras (53% de lo prometido).
De esas 44, ocho no se entregaron en la fecha de finalización del fideicomiso. Para las restantes 48, el MEP no logró encontrar los recursos.
