Las personas que reciben más de una pensión tendrían que pagar impuesto de renta sobre el monto total de las jubilaciones, en vez de hacerlo por separado.

El resultado de ello es que el tributo será mayor, siempre que la suma de las jubilaciones supere los ¢840.000.

Entrarán en el cálculo las pensiones básicas de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.

Además, se tomarán en cuenta las pensiones adicionales que otorgan a su exfuncionarios el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Por ejemplo, si una persona tiene pensión del Magisterio y también del Poder Judicial, el impuesto se le cobrará sobre la suma de ambos montos.

Lo mismo ocurrirá si un exfuncionario tiene pensión del IVM y, a la vez, del ICE.

Actualmente, al cobrarse por separado el impuesto, es posible que una persona no pague impuesto en una jubilación y en otra sí. Tal es el caso, por ejemplo, de alguien con una jubilación de ¢2,5 millones en un régimen y de ¢800.000 en otro.

Hoy, esa persona solo tributa por los ¢2,5 millones, pues la pensión de ¢800.000 está por debajo del rango por el que se paga impuesto de renta (de ¢840.000). Con el proyecto de ley, en cambio, el contribuyente pagaría sobre los ¢3,3 millones.

En el cálculo, no se tomarán en cuenta las pensiones complementarias del Régimen Obligatorio de Pensiones ni las voluntarias, así como el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que propone sumar todas las pensiones y gravarlas sobre la totalidad del ingreso que estas generen.

El plan ahora será revisado por el plenario legislativo.

“Cada operador de régimen debe informar a Hacienda, cada tres meses, acerca de la base de datos que maneja (de todos los pensionados). De esa forma, Hacienda suma los ingresos totales de acuerdo con el número de cédula de cada persona. Sumados los montos, hace el cálculo de renta respectivo, por la totalidad del monto”, explica Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente del proyecto.

Hoy, el impuesto sobre la renta se cobra de la siguiente manera:

Quienes tengan ingresos mensuales de hasta ¢840.000 (o menos que eso) están exentos de pagar dicho tributo.

En tanto, para quienes perciban rentas sobre ese monto, existe una escala progresiva de tarifas para imponer el gravamen:

-Sobre el exceso de ¢840.000 y hasta ¢1.233.000 mensuales, se paga el 10%.

-Sobre el exceso de ¢1.233.000 y hasta ¢2.163.000 mensuales, un 15%.

-Sobre el exceso de ¢2.163.000 y hasta ¢4.325.000 mensuales, un 20%.

-Sobre el exceso de ¢4.325.000 mensuales, un 25%.

“Lo que busca el proyecto es que una persona que tenga más de una pensión (multipensionado) solo pueda disfrutar de una exoneración, y no como sucede en la actualidad, que, por cada pensión, se disfruta de una exoneración, las cuales, en algunos casos, son altas”, aseveró León a La Nación para un artículo publicado anteriormente sobre este mismo tema.

El proyecto no tiene efecto sobre las contribuciones solidarias para las pensiones de lujo, pues estas “tienen su regulación específica, amparada en regímenes especiales”, agregó León.

Según la liberacionista, datos facilitados recientemente por la Superintendencia de Pensiones (Supén), indican que el proyecto recaudaría ¢9.582 millones anuales adicionales.

Una publicación de Semanario Universidad, de junio de 2018, reveló que los multipensionados representan el 5% de los jubilados del país y reciben el 8,6% del total del dinero que se paga en pensiones.

Al menos 100 de esas personas reciben más de ¢5 millones mensuales, y aproximadamente 22 ostentan cuatro pensiones, según ese medio.

Una “corrección” al texto

El proyecto 22.261 consiste en una modificación del artículo 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (N°. 7092).

Ese numeral se refiere a la forma en que se deben gravar “las rentas de más de un empleador”.

Textualmente, el proyecto propone que la Administración Tributaria establezca, a cada pensionado, una sola “base contributiva” sobre “las jubilaciones y pensiones de todos los regímenes existentes en el país, obligatorias o voluntarias”.

No obstante, la versión inicial no excluía a las pensiones del ROP, las voluntarias ni los recursos del FCL.

Con el cambio, que ratifica que estos fondos no serán tasados con renta, los diputados de Hacendarios dieron dictamen afirmativo a la iniciativa, que está a la espera de discusión en plenario.

Antes de la aclaración en el texto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, había dicho en la Comisión de Hacendarios que veía con buenos ojos el proyecto, pero que no estaba de acuerdo con que se incluyeran las pensiones complementarias en el cálculo del impuesto de renta.

Por lo tanto, instó a los diputados a hacer la acotación de que se mantendrían las exoneraciones sobre el ROP y sobre las pensiones voluntarias.

“De una revisión rápida del documento (del proyecto de ley), parece que se ha solventado la observación, de manera que con ello se mantiene la exoneración vigente sobre los recursos señalados (ROP, FCL y pensiones voluntarias)”, dijo este lunes a La Nación Carlos Vargas, director de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Otros esfuerzos por gravar ROP y voluntarias

La polémica con respecto a poner cargas tributarias a estos fondos no se limita a este proyecto de ley.

Recientemente, los diputados rechazaron una iniciativa del Gobierno de gravar los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias y, de nuevo, en el plan de Ley de Renta Global Dual, presentado en diciembre en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo reintrodujo su intención de cobrarles impuesto a estas jubilaciones.

Esta última alternativa fue retirada por el Gobierno del texto de ley de renta global.

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