Sociedades que incumplan con registro de ‘e-mail’ serían sancionadas, según proyecto de ley

Un proyecto de ley, a punto de votarse en primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa, les exigirá a las sociedades mercantiles fijar una dirección de correo electrónico para que reciban notificaciones de procesos judiciales y administrativos. Si no lo hacen, serán sancionadas con la imposibilidad de inscribir documentos ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

El plan de ley es una modificación al inciso 10 del artículo 18 del Código de Comercio. Entre los requisitos para inscribir una sociedad mercantil, se establecerá la obligatoriedad de consignar una dirección electrónica ante el Registro Nacional, además de la física, “para recibir las notificaciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales”.

A raíz de esta nueva disposición, el proyecto elimina el requisito de que ese tipo de sociedades deban inscribir un abogado como agente residente en Costa Rica, cuya función era precisamente ser receptor de notificaciones judiciales y administrativas.

El proyecto dará al Registro un plazo de seis meses para implementar el requisito mediante un procedimiento sencillo, ágil y sin costo.

Después de esos seis meses, las sociedades mercantiles actuales tendrán un año para inscribir sus respectivas direcciones electrónicas, mediante una solicitud firmada por su representante legal. La petición deberá estar exenta de timbres, derechos registrales, impuestos o cargas.

En el caso de las nuevas sociedades que se inscriban con la ley ya vigente, tendrán que incorporar dicha cuenta de correo electrónico en su acta constitutiva.

El expediente fue presentado por los exdiputados José María Villalta, del Frente Amplio; Franggi Nicolás, Wagner Jiménez y Jorge Fonseca, de Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo, de Acción Ciudadana (PAC); las restauracionistas Mileyde Alvarado y Floria Segreda, el socialcristiano Pedro Muñoz y la independiente Paola Vega, así como Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN).

El objetivo de la propuesta es consolidar el derecho a la tutela de los derechos mediante una justicia pronta y cumplida, porque los proponentes consideran que, para salvaguardar ese derecho, requiere una modernización de la administración de la justicia.

“La incorporación de los correos electrónicos como medio para recibir notificaciones, como alternativa al tradicional domicilio social de las sociedades comerciales, vaticina verdaderas probabilidades de éxito en el mejoramiento de las comunicaciones de esas entidades mercantiles”, enfatiza la exposición de motivos del expediente 22.567.

Ya a través de otra legislación, como la Ley de notificaciones y la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, se estableció que las personas físicas posean un correo para recibir notificaciones de diversa índole y eso lo ha avalado la Sala Constitucional.

“El valor de la notificación personal por medio de correo electrónico ofrece a los ciudadanos, usuarios y profesionales en general, ahorro de tiempo y esfuerzo en sus relaciones con la administración de justicia”, puntualiza el expediente.

“Asegura un correcto y eficiente funcionamiento, al evidenciar una garantía de celeridad y calidad de la actuación judicial en un momento clave para el buen funcionamiento del entramado jurisdiccional referido a la notificación de la demanda en forma rápida y dotada de validez”, explica el razonamiento del plan.

La iniciativa quedó lista para su votación, luego de que se tuviera que posponer porque los partidos Frente Amplio y el Liberal Progresista (PLP) determinaron que era necesario hacerle una modificación a la iniciativa, a fin de evitar cualquier cobro adicional por parte del Registro.

El proyecto ya se había aprobado en primer debate a finales de abril, cuando los diputados salientes votaron una gran cantidad de iniciativas a pocos días de dejar la curul, en doble jornada.

Sin embargo, tal como lo expresaron el liberal Eliécer Feinzaig y el frenteamplista Jonathan Acuña, la implementación de la nueva norma habría generado un costo adicional a las sociedades mercantiles, en criterio de Feinzaig un “minimpuesto”.