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Brenda Moncada no tiene seguro social, no puede acceder a un trabajo formal, ni estudiar en una universidad. No puede inscribir una casa a su nombre y, por más talento que tenga como pintora y manicurista, no puede tener su propio negocio. A estas alturas, ni siquiera se ha podido vacunar contra la covid-19 porque, para ello, se requiere de un documento de identidad que no tiene.
Si lo quisiera, no podría casarse; y tampoco podrá votar en las próximas elecciones, aunque ha vivido casi toda su vida en Costa Rica, en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde comparte la vida con sus padres de crianza costarricenses y su hijo Santhiago, también costarricense.
Brenda tiene 27 años, pero no tiene cédula, no tiene nacionalidad, aunque en su corazón palpita el ser costarricense y así lo describe: “Costa Rica, para mí, significa un país perfecto para vivir, para ser libre de tiranías y libre de guerras, y un lugar precioso y en paz para que Santhiago crezca”, reflexionó.
Su hijo de seis años, por haber nacido en Costa Rica, goza de los beneficios que el Estado costarricense les da a los menores de edad, como la educación. Brenda también accedió a ellos, siendo pequeña, por haber crecido aquí. Sin embargo, de adulta, esta herediana lucha por ser reconocida como costarricense, con incertidumbre sobre sus derechos fundamentales y sin saber si algún día obtendrá finalmente una nacionalidad.
Ella es lo que se conoce como una persona apátrida. Es decir, no está vinculada jurídicamente a ningún Estado. El término se asocia con toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación. No existen datos sobre cuántos apátridas viven en Costa Rica, pero las autoridades sí perciben un incremento en la cantidad de personas que piden ser costarricenses al no ser reconocidos por ningún otro país o al desconocer su origen.
Llegó recién nacida
“Aquí es donde he crecido toda mi vida y me considero totalmente costarricense y con derecho de recibir la patria costarricense”, reclama Brenda, quien no ha recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades costarricenses a su solicitud de obtener la nacionalidad.
Era apenas una recién nacida cuando llegó a Costa Rica, sin documentos, junto a su madre nicaragüense, quien al poco tiempo la dejó con una familia costarricense en Heredia. Sin haberla inscrito en ningún país, ya sea en Nicaragua o Costa Rica, Brenda se separó de su madre biológica y se enteró de que no existía jurídicamente hasta que cumplió la mayoría de edad e intentó obtener el documento de identidad.
El único documento que tiene Brenda es lo que se conoce como un acta de nacimiento negativa, pero que no tiene ningún valor jurídico. Con ese papel se apersonó a la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, pero la respuesta que recibió es que el documento no es jurídicamente válido porque no equivale a una constancia de nacimiento, sino al inicio de un proceso de inscripción que su madre no completó.
Con el tiempo, logró obtener una constancia de que no aparece inscrita en Nicaragua y, a partir de allí, empezó un camino en la institucionalidad costarricense para obtener la naturalización que a la fecha no ha logrado.
Protección
Casos como el de Brenda son raros, pero están protegidos por convenios internacionales, los cuales han sido firmados y ratificados por el gobierno de Costa Rica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), unas diez millones de personas en el mundo carecen de patria.
Desde 1977, Costa Rica ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1958 para mejorar las condiciones de los migrantes que recorren el mundo sin haber sido reconocidos por otra nación.
Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual está a cargo de las declaratorias de apatridia, indican que unas 120 personas han sido declaradas apátridas en Costa Rica, aunque solo se han podido naturalizar 51 de ellos.
Brenda acudió, inicialmente, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual le negó la naturalización porque no había sido declarada como apátrida.
Posteriormente, la joven se acercó a la Cancillería. Allí pasó por un proceso de entrevista y de pruebas documentales que no le fueron suficientes para convencer a la autoridad de que realmente no está inscrita como ciudadana en ninguna parte del mundo. En la resolución del caso, consta que la Cancillería consultó al Gobierno de Nicaragua sobre el origen de Brenda, pero no recibió respuesta por parte de ese Estado.
De no encontrar esos vínculos, la Cancillería procede a declarar a esa persona como apátrida para que, luego, pueda obtener un documento de identidad de naturalización a través del Registro Civil, trámite que podrá realizar dos años a partir de la declaratoria.
En la práctica, para Brenda es imposible ir a Nicaragua a pedir que la inscriban allá. Primero, porque no tiene certeza de si realmente ese país la inscribirá; segundo, porque está desvinculada de su madre biológica y no tiene documentos migratorios para viajar. Adicionalmente, ella debe velar por su hijo porque es madre soltera y debe cumplir con su trabajo.
Aunque la convención fuera ratificada hace 40 años, no fue hasta el 2017 que el Registro Civil emitió el reglamento para Naturalización para personas declaradas en Condición de Apátrida o Refugiado Apátrida, que ha permitido más personas obtener esa condición.
En el 2018 se inscribió ante el Registro Civil la primera persona apátrida a partir de este reglamento, lo que permitió a una mujer, de supuesto origen hondureño, obtener la nacionalidad costarricense.
Antes de que existiera esa regulación, si acaso entraron 20 solicitudes de apátridas y se otorgaron a muy pocos. Sin embargo, a partir de la emisión, ingresan cientos de solicitudes a la Cancillería y hay actualmente unas 130 personas en espera, igual que Brenda.
La directora jurídica de la Cancillería agregó que, desde finales del año anterior, se establecieron una serie de factores de riesgo a considerar para dar trato diferenciado a algunos casos.
La funcionaria reconoce que no todas las personas declaradas apátridas tienen vínculos familiares con personas de otra nacionalidad. En algunos casos, incluso, son personas que podrían haber nacido en Costa Rica, pero que no fueron inscritas al nacer y de ellas se desconoce su origen.
