Los jefes de las fracciones legislativas debaten, este martes por la noche, si es posible consolidar un acuerdo para aprobar, en primer debate, el proyecto de ley que permite el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores afectados por la pandemia del covid-19.
Hacia las 7 p. m. de este martes, los voceros partidarios se encontraban analizando la versión del proyecto revisada por los miembros de la mesa legislativa sobre el FCL.
Esa discusión se inició luego de que, durante toda la tarde, dicha mesa revisó las propuestas de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y de la Superintendencia de Pensiones (Supén), a integradas en un borrador de texto sustitutivo.
La coordinadora de la mesa, la liberacionista Karine Niño, explicó que se afinaron los requisitos establecidos para que los trabajadores puedan solicitar el retiro del fondo, pues la versión que les llegó este martes por la mañana volvía muy engorroso el trámite.
“También, se les da 48 horas a las operadoras de pensiones para determinar si al empleado le falta algún requisito para solicitar el dinero”, expuso.
La iniciativa establece, básicamente, que los trabajadores puedan solicitar el retiro del FCL, en caso de que se les haya reducido su salario o se les haya suspendido el contrato, a raíz de una situación como la pandemia del coronavirus que actualmente afecta la economía del país.
En el caso de las personas que han perdido del todo su trabajo, ya la ley permite que puedan solicitar el retiro de su respectivo fondo.
De acuerdo con el Ministerio de Planificación, en el peor escenario, hasta 500.000 trabajadores podrían solicitar el retiro del Fondo de Capitalización, lo que corresponde a un 40% de la fuerza laboral formal del país.
Además, la versión que entregaron los diputados de la mesa a los jefes partidarios incluye las recomendaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para asegurar que las OPC tengan acceso a la liquidez suficiente para afrontar tantas solicitudes de retiro del FCL.
Esos mecanismos son, por una parte, la de que las operadoras puedan acceder al Mercado Integrado de Liquidez (MIL) del Banco Central y que la entidad emisora les pueda comprar títulos valores en poder de ellas.
Ambas propuestas ya están integradas en la propuesta de texto sustitutivo.
De igual forma, a través de un transitorio en la ley, se autoriza que, mientras esté vigente el decreto ejecutivo que declaró estado de emergencia nacional por el covid-19, las OPC podrán hacer traspasos no onerosos de instrumentos financieros entre ellas, en caso de requerir liduidez.
De igual forma, ese artículo transitorio les autoriza a exceder los límites de inversión establecidos reglamentariamente por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El segundo transitorio de la iniciativa establece que la Supén podrá solicitar, de forma razonada, que se suspenda el traslado de afiliados entre operadoras, con el fin de evitar daños de imposible o difícil reparación a los afiliados.
Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, informó de que la reunión de jefes y Directorio legislativo buscaría consolidar el acuerdo de la mesa del FCL y plasmar la ejecución del procedimiento, el cual permitiría la votación del proyecto, este miércoles.
Eso sería fundamental para darle votación en primer debate al proyecto.
De la reunión de jefes también surgió un acuerdo preliminar, el lunes, para sesionar este viernes, con el fin de darles votación en segundo debate a los planes que se tramiten el miércoles, incluyendo el aumento de multas por irrespeto a la restricción vehicular sanitaria y a las ordenes de aislamiento dictadas por el Ministerio de Salud.