
Los jefes de las seis fracciones legislativas acordaron este jueves, durante su reunión semanal, reunirse con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para analizar los 10 proyectos de seguridad ciudadana impulsados por los supremos poderes, a fin de evaluar una posible vía rápida en el Congreso.
La decisión se tomó por instancia del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y en razón de la situación de inseguridad que vive el país.
El encuentro se realizaría el martes 30 de enero, de 10 a. m. a 12 mediodía, en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea Legislativa.
El presidente del Congreso expresó preocupación por el incremento de homicidios y por los dos asesinatos de oficiales de policía de las últimas semanas, uno en Limón, el 18 de enero, y otro la noche del miércoles en Garabito.
“Ya están los 10 proyectos, ustedes los tienen, se les enviaron ayer. El paso siguiente es fijar una fecha para que esta mesa de trabajo nos haga a todos, sobre todo a los jefes de fracción, la misma presentación que nos hizo a los presidentes de los tres poderes, sobre la importancia de cada proyecto”, dijo Arias.
El jerarca parlamentario enfatizó que la urgencia por combatir la criminalidad es apremiante, porque la violencia está tomando “proporciones realmente peligrosas; hoy en la mañana, otro oficial de Fuerza Pública fue asesinado en Herradura de Garabito, Puntarenas”.
La idea es tomar pasos extraordinarios en la Asamblea Legislativa, para que los voceros parlamentarios conozcan a fondo los proyectos y decidan si es posible tramitarlos de forma extraordinaria.
“Es una reunión de dos horas máximo. Daríamos un buen mensaje de que estamos adelantando las cosas y dándole la máxima importancia a este tema, como lo tiene”, comentó Arias.
El jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, manifestó que la agenda sobre seguridad es de la mayor prioridad, por lo que solicitó a los diputados que pidan permisos de ausencia en las respectivas comisiones a las que pertenecen.
También manifestó su acuerdo la jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros Gallo.
Los 10 proyectos de ley propuestos por la mesa sobre seguridad son los siguientes:
-Una reforma para impedir la naturalización a extranjeros condenados por delito doloso, con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, sea en Costa Rica o en el extranjero.
-Un plan sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.
-Ampliar a diez años o más el periodo durante el cual deben constar, en el registro judicial, las condenas recibidas por las personas a partir del momento en que terminen de cumplir la sentencia.
-Un incremento en las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Las sanciones alcanzarían los 15 años en el caso de que el delito sea cometido por bandas del crimen organizado.
-Ampliación de los delitos en que el Poder Judicial puede efectuar intervenciones telefónicas en las investigaciones, además de establecer un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de escuchas.
-Endurecimiento de penas por posesión y uso de armas ilegales.
-Una reforma para modificar el otorgamiento de tobilleras electrónicas.
-Un proyecto que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos.
-Una iniciativa para endurecer las penas a los adultos que usen menores de edad en delincuencia.
-Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad. Actualmente, el plazo para formular una acusación y solicitar el internamiento de un menor es de 24 horas, lo cual, en algunos casos relacionados con crimen organizado, se percibe como un período relativamente breve. Por ende, se busca extender este plazo para asegurar un proceso más exhaustivo y adecuado en situaciones de mayor complejidad, según el fiscal general.