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Las cableras y plataformas que difundan películas, series, documentales o cualquier contenido de entretenimiento en formato digital, como Netflix, pagarían un impuesto del 1,5% que serviría para financiar producciones cinematográficas costarricenses.
El pasado jueves 31 de octubre, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente el Proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual (expediente 20.661), que propone el cobro de ese tributo.
De aprobarse la iniciativa de ley, quienes contratan servicios de operadoras de televisión por cable como Cabletica, Telecable y Tigo, deberán pagar un monto de más en su factura mensual.
La medida también afectará a usuarios de plataformas como Netflix, HBO Go, Apple TV+, Amazon Prime Video, Fox Premium Series y Claro Video, entre otras.
Por ejemplo, la tarifa de Netflix, que actualmente es de $8,99 (unos ¢5.240), con el impuesto, pasaría a ¢5.320.
En tanto, un paquete de televisión básico ofrecido por Cabletica, cuya tarifa más barata es de ¢15.492, subiría a ¢15.724.
Por su parte, un servicio como el de HBO Go, que cuesta $9,99 (¢5.824), aumentaría a ¢5.911.
El expediente 20.661 fue introducido en la corriente legislativa desde el 2017, por la entonces diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero.
Actualmente, es impulsado por los también rojiamarillos Laura Guido y Enrique Sánchez, y por el liberacionista Wagner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se discute el proyecto.
Como ya cuenta con un dictamen afirmativo, el documento pasará al plenario legislativo, donde los diputados tendrán dos días para presentar mociones vía artículo 137.
‘El monto es muy bajo’
La iniciativa propone dos cambios a la ley de espectáculos públicos, la cual data de 1943.
Uno de estos es un tributo del 6% que se cobra actualmente a los “teatros o salones de cine” ubicados en cabeceras de provincia, y de un 3% a los que operan fuera de las cabeceras.
El proyecto de ley plantea igualar ese impuesto para todos los cines del país a un 1,5% y, además, incluir al “servicio de puesta a disposición, por Internet u otras plataformas digitales, sin cesión definitiva, de películas, series, documentales y demás contenidos de video de entretenimiento, en formato digital”.
La propuesta también quiere gravar a “los servicios de televisión por cable, televisión satelital, de pago por visión y cualesquiera otros servicios similares de televisión por suscripción”, dicta el texto del proyecto de ley.
Según la diputada Guido, el 1,5% sería un cobro “muy bajo” que permitiría ampliar la base de contribuyentes e incluir a los nuevos actores del mercado en una industria de consumo audiovisual cambiante.
“Analizando la realidad de dónde se consume cine y audiovisual, tenemos que pensar en otros actores, y eso implica ampliar la base de contribuyentes a este impuesto”, aseguró la legisladora.
Guido comentó que esta nueva carga impositiva para los usuarios de cable y plataformas audiovisuales en línea, se enmarca en el reto de una economía trazada por la era digital.
“Nos toca modernizar y buscar la forma de empatar, para que podamos seguir teniendo ingresos, con contribuciones realmente bajas, porque el monto es muy bajo (el del impuesto), pero que nos permitan ese acompañamiento a un proyecto país que tiene que ver con reactivación económica, porque el cine tiene enormes encadenamientos”, aseveró la rojiamarilla.
Otro de los cambios sugeridos por el expediente 20.661 es la redistribución de los recursos obtenidos por el cobro del impuesto a los espectáculos públicos.
Hoy, del dinero producto de este tributo, un 50% se destina al Teatro Nacional, un 30% a la Compañía Nacional de Teatro, un 10% a la Dirección General de Artes y Letras, y un 10% a la Orquesta Sinfónica Nacional.
De aprobarse el proyecto de ley, se incluiría al Centro de Cine entre las instituciones beneficiarias con la recaudación de ese impuesto. A esta entidad se le otorgaría un 20%.
El resto de los recursos se dividirían de la siguiente manera: un 40% para el Teatro Nacional, un 22% para la Compañía Nacional de Teatro, un 9% para el Museo de Arte Costarricense y otro 9% para el Instituto Nacional de la Música.
Ana Xóchilt Alarcón, directora del Centro de Cine, dijo que aunque aún no calculan a cuánto ascenderían los recursos frescos, estos se destinarían al fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno.
Dicho fondo dedica actualmente ¢250 millones anuales al financiamiento de proyectos audiovisuales y cinematográficos costarricenses.
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‘Nos oponemos a más impuestos’
Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), aseguró que no apoyan el proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual porque que se oponen al cobro de más impuestos.
“La Cámara no comprende cómo estamos en la implementación de una reforma fiscal tan fuerte como la que hemos tenido, y se piensa en crear un nuevo impuesto que se traslada al usuario final.
“Creo que los diputados tienen que frenar su voracidad fiscal. No dudo de que tengan buenas intenciones, pero el país, las empresas y la gente ya no aguantan tanta carga”, enfatizó Castro.
Según la directora de Infocom, el sector que representa ha apoyado otros gravámenes, tales como uno para financiar al servicio de Emergencias 911, así como el impuesto rojo de la Cruz Roja.
Castro explicó que, actualmente, Infocom trabaja en un estudio que hace un recuento de las imposiciones a las que se ha visto sometida la industria de infocomunicación y tecnología en los últimos tiempos.
“La carga es demasiada. No estamos hablando de ¢78 (que subiría Netflix), sino que es sumar una serie de cargas. Más cargas desestimulan la inversión y se convierten en un freno para el desarrollo de las empresas y del país”, concluyó.
La reforma fiscal aprobada en la Asamblea Legislativa en diciembre del 2018, impuso a plataformas como Netflix el cobro del 13% del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Dentro de esos servicios también fueron gravadas las suscripciones a servicios como HBO Go, Amazon Prime, Spotify y Airbnb, así como servicios de almacenamiento en línea y aplicaciones móviles de gestión de cobros, como las de comida express y las de transporte.
Impulso a la industria del cine
El proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual reforzaría la estructura del Centro de Cine, permitiéndole conformar el Consejo Nacional de Cinematografía, la máxima autoridad del sector de producción audiovisual y distribución cinematográfica en el país.
Asimismo, crearía jurídicamente la Cinemateca Nacional, un ambicioso proyecto que se construiría en el terreno del antiguo cine Variedades, en San José.
La obra, cuya primera piedra se colocaría en el 2018, constará de tres salas de cine, un auditorio para la restauración de películas y un centro de educación y promoción fílmica.
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