IMAS depositó subsidio por inflación a muertos

De manera confidencial, en enero pasado, la gerenta general del IMAS, Hellen Somarribas Segura, ordenó abrir una investigación preliminar para determinar cuáles funcionarios participaron en este otorgamiento anómalo y establecer si incurrieron en alguna falta.

Los giros a los fallecidos sumaron ¢18,8 millones, de los cuales, el Estado todavía no recupera ¢13,9 millones, es decir, el 74%. Las cuentas recibieron entre uno y tres depósitos de ¢60.000 cada uno, entre noviembre y diciembre del 2022.

La gerenta encomendó a los departamentos de Asesoría Jurídica y Planificación Institucional definir si procede abrir un procedimiento administrativo y de qué tipo, según consta en documentos en poder de La Nación.

Mediante un decreto que entró a regir el 20 de setiembre del 2022, el gobierno creó el subsidio temporal denominado “beneficio por inflación”, el cual se otorgó a hogares pobres que no reciben otras ayudas económicas del Estado –excepto la Red de Cuido–, que estuvieran registradas en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Entre noviembre y diciembre de ese año, se previó que el desembolso lo recibirían 111.111 hogares. Sin embargo, al final se giró a 79.834, o sea, a un 28% menos de la meta.

El 94% de esos hogares recibió tres depósitos de ¢60.000. Otro segmento equivalente al 4% percibió dos transferencias y el 2% restante, solo una. Se giraron ¢14.015 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), según un informe de ejecución emitido en febrero del año pasado.

Fallecidos nacionales y extranjeros

En el caso de los beneficiarios fallecidos, se trata de 115 nacionales y 32 extranjeros. Las 147 personas muertas recibieron, al menos, un depósito, 94 de ellos percibieron dos y 72, tres.

En la lista, aparece una persona que falleció en octubre del 2016, seis años antes de que se creara y girara este beneficio por inflación. También, figura otra que murió en el 2017 y otras tantas que perecieron en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. La gran mayoría falleció días o semanas antes de los depósitos, o bien, entre uno y otro giro.

El IMAS sí logró identificar a otras 450 personas que aparecían como beneficiarias en el Sinirube, pero que fallecieron durante el proceso de entrega de los subsidios. En esos casos, los desembolsos se frenaron a tiempo.

Sobre el dinero depositado a muertos y que aún no se recupera, Hellen Somarribas, la gerenta general, intentó que el Banco Nacional le reintegrara el dinero en marzo del año anterior. Mediante una nota –declarada confidencial–, así se lo formuló a Jaime Murillo Víquez, subgerente de Operaciones de esa entidad bancaria.

Somarribas le planteó a Murillo la posibilidad de recuperar las sumas giradas a las cuentas bancarias que no tuvieran personas beneficiarias, y adjuntó una base de datos de los giros realizados.

Este diario intentó obtener una explicación de la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León, o bien, de la gerenta Somarribas; sin embargo, no se obtuvo una respuesta a las preguntas enviadas a través de la oficina de prensa de esa institución, el viernes pasado.

León tampoco respondió a las consultas enviadas, este domingo, por medio de WhatsApp. Adujo que contestará “en el marco del plazo establecido por la ley”.

Criterio jurídico

Fue en un informe sobre la ejecución del “beneficio temporal por inflación”, emitido en febrero del año pasado por la subgerencia de Desarrollo Social y el Área de Bienestar Familiar, donde se consignó la entrega anómala de esos subsidios a fallecidos.

Casi de inmediato, la gerenta Somarribas pidió un criterio a la Asesoría Legal para determinar cuáles acciones legales se podían implementar para recuperar esos recursos y la viabilidad para hacerlo.

Consultó el tipo de acción que debería tomar si resultara improcedente interponer un proceso legal para la recuperación de dichas sumas giradas erróneamente.

La respuesta de esa dependencia llegó casi un año después, a principios de enero del 2024. En la contestación, se indicó que la Administración podría abrir procedimientos administrativos contra los funcionarios que otorgaron los subsidios a fallecidos, con el objetivo de determinar una posible responsabilidad administrativa, civil o penal.

Incluso, recomendó hacer una investigación preliminar en caso de que no estuvieran identificados los funcionarios que realizaron esos giros. En la segunda quincena de enero de este año, Somarribas ordenó la pesquisa y dio 15 días para emitir un resultado.

La Asesoría Jurídica del IMAS hizo esa recomendación bajo el alegato de que una gestión de cobro administrativo no procedería, pues no existe una persona física a quien cobrarle, ya que todos los beneficiarios están fallecidos.

Para recuperar esos recursos, otra posibilidad, de acuerdo con la Asesoría Jurídica, es buscar a los familiares de cada una de las personas muertas y evaluar si procede la apertura de un proceso sucesorio ante un notario.

Sin embargo, esa dependencia hizo hincapié en que la Administración debe valorar el costo de oportunidad, si es mayor el monto por recuperar o el costo que generarían tales gestiones de cobro. La suma pagada erróneamente, como ya se dijo, asciende a ¢13,9 millones.

A León y Somarribas, entre las preguntas que se les envió, se les consultó sobre el resultado de esa indagación preliminar, sin obtuvo una respuesta a la hora de publicación de este artículo.