EscucharEl Gobierno reinstaló este lunes a dos miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como lo ordenó la Sala Constitucional. Se trata de los directivos Marta Rodríguez y José Luis Loría, representantes del sindicalismo y el cooperativismo.
Ellos habían sido suspendidos por el Consejo de Gobierno, en diciembre anterior, mientras se les investigaba por un supuesto conflicto de interés, pero la Sala IV determinó que esa medida violentó la autonomía de la CCSS.
Casa Presidencial informó de que Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, coordinó las acciones necesarias para la reinstalación tal y como lo ordenó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta decisión la tomamos en razón de haber recibido las certificaciones de los cuatro por tantos sobre la Junta Directiva de la CCSS, ante mi solicitud del viernes pasado”, aseveró Díaz.
La ministra de la Presidencia aseguró que, con la reinstalación inmediata de ambos directivos, el Gobierno muestra “diligencia y buena fe en aras de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto por los señores magistrados”.
En conferencia de prensa del miércoles anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó la decisión de los magistrados constitucionales. Recurrió a la “señora de Purral” y utilizó una narrativa imaginaria que se aleja del argumento utilizado por el Gobierno para suspender a los directivos de la CCSS.
“Imagínese señora de Purral, usted pesca a un directivo de la Caja in fraganti llevándose carretones, haciendo algo delictivo o inapropiado, con cámaras, videos, fotos, más allá de cualquier duda razonable. Según la Sala IV, no se puede remover hasta que termine todo el proceso, no se puede meter una medida cautelar, ¿pero cuánto dura el debido proceso?”.
El ejemplo de Chaves se aleja del argumento que realmente utilizó el Consejo de Gobierno para suspender a los funcionarios en diciembre del 2022. El Poder Ejecutivo no encontró a los directivos “llevándose carretones” in fraganti.
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Lo que el Consejo de Gobierno achaca a los directivos es haber aprobado un incremento salarial para los funcionarios de Caja al tiempo que tienen hijos, hermanos y otros familiares entre los 63.000 trabajadores de la entidad.
No obstante, un criterio emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) contradice el argumento del Consejo de Gobierno. El ente procurador aclaró que los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos “macro”, aunque estos incidan en familiares, sin que ello configure un motivo de abstención.
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La Auditoría Interna de la CCSS también se había pronunciado en el mismo sentido.
El martes pasado, la Sala IV ordenó restituir a José Luis Loría Chaves y Martha Rodríguez González al considerar que las actuaciones del Consejo de Gobierno contravienen la independencia absoluta y la garantía de inmovilidad que la ley da a los directivos.
Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.
Agregó que sí pueden ser separados de sus puestos, pero hasta que se declarare alguna responsabilidad legal en su contra o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos en la ley.
El presidente Chaves informó, el miércoles anterior, de que los procedimientos disciplinarios en el Consejo de Gobierno siguen su rumbo.
“La Sala IV nos está dando una instrucción, pero la Sala no anuló los procedimientos administrativos en contra de los directivos, sino nada más la medida cautelar. Nosotros vamos a seguir, y que cada palo aguante su vela ante la opinión pública”, declaró.
