Sofía Chinchilla C.. 24 marzo
El Ministerio de Hacienda alega necesitar recursos para la operación normal del gobierno. Foto: José Cordero
El Ministerio de Hacienda alega necesitar recursos para la operación normal del gobierno. Foto: José Cordero

Previendo que habrá una caída sustancial en la recaudación de impuestos durante los próximos tres meses, el gobierno les pidió a los diputados aprobar un crédito internacional de $380 millones (¢216.000 millones) para financiar su operación normal durante la emergencia sanitaria causada por el covid-19.

El Poder Ejecutivo presentó este martes, ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 21.871, el cual le daría acceso a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Se trata de un préstamo para apoyo presupuestario que proveería recursos de libre disponibilidad, para financiar la estructura de gastos del Estado.

El gobierno argumenta que esos recursos se requieren debido a que se anticipan “efectos directos en la recaudación de impuestos producto del posible deterioro en el crecimiento económico”, ocasionado por la crisis sanitaria mundial.

Además, entre abril y junio, las arcas del gobierno verán mermados sus ingresos debido a la moratoria que el Congreso aprobó, a solicitud del Ejecutivo, en el pago de cuatro tributos: impuesto sobre el valor agregado (IVA), renta, selectivo de consumo y aranceles de importación.

Las empresas podrán pagar esos impuestos a finales del 2020 o alcanzar un arreglo de pago.

“Este sacrificio económico nacional también tiene implicaciones en la situación fiscal del Gobierno y las necesidades temporales de flujo de caja”.

“Por ejemplo, a pesar de que la moratoria de tres meses en los impuestos de renta e IVA es temporal y se recuperarían en el trascurso del año, también es cierto que la continuidad del gobierno requiere de los recursos programados en los meses de moratoria, lo cual vuelve urgente la aprobación de los programas de financiamiento externo propuestos por el Gobierno”, afirma el gobierno en el proyecto de ley.

No obstante, el gobierno no ha tomado medidas drásticas en cuanto a una reducción del gasto corriente.

Mantendrá el 100% de los salarios a los empleados públicos no esenciales, mientras que en el sector privado se podrán hacer reducciones hasta del 75%.

La única medida anunciada por el gobierno es congelar el alza salarial prevista para el sector público en el 2020.

Los recursos del crédito se desembolsarían en un solo tracto. $230 millones los pondría el BID y los otros $150 millones los aportaría la AFD. El préstamo tendría un plazo de 20 años.

“La aprobación de esta operación y en general la aprobación del plan de financiamiento del Gobierno se convierte ahora en una pieza fundamental para afrontar el impacto económico y de flujo de caja que genera la emergencia nacional producto del Covid-19”, afirma el Ejecutivo en el plan.

“Si el Gobierno no logra implementar la estrategia de financiamiento prevista para el Presupuesto 2020 tendría que tomar medidas fuertes de contención del gasto atentando contra los programas sociales, viéndose afectada la población más vulnerable e implicaría incrementos importantes en las tasas de interés en el mercado financiero nacional”, advierte el plan.

El país recibiría el financiamiento “bajo el compromiso de ejecutar las reformas de política relacionadas al Plan de Descarbonización”, cita el proyecto de ley.

En un oficio que envió a los diputados el viernes anterior, Pilar Garrido, ministra de Planificación, informó de que los recursos del BID y la AFD se habilitarían, junto con otras fuentes de recursos, para afrontar las consecuencias económicas y sanitarias de la emergencia por el coronavirus.

El préstamo del BID-AFD forma parte de un plan general para sumar ¢1 billón, de cara a la pandemia.

No altera el presupuesto

La exposición de motivos del proyecto enfatiza que la aprobación del crédito con el BID y la AFD no alteraría, en lo sustancial, el plan de gastos del gobierno.

Según el texto, los $380 millones que aportarían los organismos multilaterales son recursos que el Ejecutivo, de todas formas, tendría que salir a buscar para financiar su operación de este año.

De acuerdo con la iniciativa, para el 2020 se requiere financiar nuevo endeudamiento por más de ₡4 billones, equivalentes a unos $6.870 millones.

“Los créditos multilaterales de apoyo presupuestario no representan un mayor gasto a lo ya contemplado en el presupuesto vigente, ni un mayor endeudamiento, sino que corresponde únicamente a un cambio en la fuente de financiamiento”, dice el plan.

El Ejecutivo sostiene que la ventaja de que una parte de ese financiamiento lo otorguen organismos multilaterales, es que se consigue en condiciones más favorables a las que ofrece el mercado interno.

El gobierno sostiene que, a la vez, no quiere estrujar el mercado crediticio nacional en busca de recursos, pues eso implicaría un incremento en las tasas de interés, en momentos en que los sectores productivos necesitan acceso al crédito para poder recuperarse del golpe económico causado por la pandemia.

Fracciones piden claridad

Las jefaturas de las principales bancadas del Congreso se muestran anuentes a apoyar la iniciativa del Ejecutivo, pues coinciden en que las autoridades necesitan recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia.

Silvia Hernández, vocera del Partido Liberación Nacional (PLN) afirmó que acudir a un empréstito de una organización multilateral es acertado, pues por lo general se otorgan en condiciones favorables, aún más si se considera que producto de la crisis mundial, las posibilidades de buscar financiamiento posiblemente serán escasas.

Lo que pide Hernández es que el Ejecutivo aclare si ya acordó con las entidades financieras usar los recursos para financiarse durante la emergencia, pues, originalmente, el empréstito BID-AFD se diseñó para apoyar el Plan de Descarbonización.

“La emergencia amerita tomar acciones inéditas, en ese sentido estaremos tomando los acuerdos necesarios sobre este empréstito. Lo que creemos es que el gobierno debe ir definiendo primero un estimado de los recursos que probablemente va a necesitar para enfrentar la crisis”, añadió Hernández.

Para la socialcristiana María Inés Solís, lo más prudente es que los legisladores otorguen los recursos conforme el Ejecutivo les vaya presentando los planes de gastos.

“Siempre y cuando sea para cubrir gastos de temas que se están dejando de recibir, por ejemplo el IVA, que ya estaba presupuestado y tiene que reponerse. Así lo entiendo y no me parece que tendría sentido oponerme”, afirmó la jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La fracción del Partido Restauración Nacional, por el momento, también apoya el préstamo.

“Nos parece que es necesario juntar esa plata con lo del préstamo del CAF (aprobado este martes en segundo debate) y con el proyecto Pagar, para hacer una buena buchaca para enfrentar la crisis”, dijo Eduardo Cruickshank, vocero de los restauracionistas.

De acuerdo con Nielsen Pérez, coordinadora de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), la próxima semana el gobierno presentará un primer proyecto de presupuesto extraordinario, el cual incorporaría al Presupuesto Nacional los primeros $500 millones que el Congreso aprobó, a través de un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para atender la emergencia.