El gobierno de Luis Guillermo Solís reformó el Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos con una “urgencia" particular en enero del 2016, justo un mes antes de que el Banco de Costa Rica (BCR) le girara al importador Juan Carlos Bolaños el primer desembolso del crédito para importar cemento chino.

Tanta fue la prisa por el cambio que, en el camino, la Presidencia de la República se saltó etapas y cometió errores. Así lo reseñó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en el informe sobre las actuaciones en este caso del actual diputado del PAC, Welmer Ramos, quien en ese entonces era ministro de Economía.

Sin esa reforma, el BCR no le habría girado los recursos al importador de cemento, explica la PEP.

En marzo 2015, Welmer Ramos impulsó una primera reforma al reglamento sobre cementos, la cual se limitó a eliminar la norma que imponía un plazo de 45 días para la comercialización del producto, después de su empaquetado.

Posteriormente, octubre del 2015, el BCR le aprobó a la empresa Sinocem, de Juan Carlos Bolaños, dos líneas de crédito: una por $20 millones para la compra del cemento en China y otra por ¢5.400 millones para su comercialización en el país.

Sin embargo, el banco condicionó los giros a que la Presidencia de la República aprobara una reforma integral al reglamento sobre cementos hidráulicos, sobre las condiciones técnicas de los productos y las condiciones de comercialización.

Según la Procuraduría de la Ética, el actual diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) emprendió acciones “por órdenes de la Presidencia de la República” en pos de lograr el nuevo cambio reglamentario.

De hecho, la investigación de la PEP reseña que, según un informe del Organismo de Investigación Judicial publicado en medios, en esa misma época se produjeron 45 llamadas entre Welmer Ramos y el entonces gerente general del BCR, Mario Barrenechea, la mitad de ellas en octubre del 2015.

Además, el informe reporta las 12 llamadas de Paola Mora Tuminelli, presidenta por esa época del banco, y el exministro, además de dos llamadas de Juan Carlos Bolaños al ahora diputado del PAC.

La Procuraduría también menciona que el entonces ministro sostuvo una reunión con Andrés Víquez Lizano, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de Banca Mayorista del BCR.

El informe relata que Ramos urgió a los técnicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para que revisaran la propuesta de reforma integral del reglamento sobre cementos hidráulicos que sustituiría el anterior.

Para los hallazgos de la Procuraduría resultan fundamentales, nuevamente, las declaraciones de la entonces directora de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica, Isabel Araya.

Ella afirmó, ante la Procuraduría Ética, que Ramos movió el nuevo reglamento con carácter de urgencia “por órdenes de la Presidencia de la República”.

Incluso, Ramos le dio solo un día de tiempo a los técnicos a cargo de Isabel Araya para que revisaran la propuesta de reforma integral. Esa propuesta tuvo su origen en la norma técnica sobre cementos hidráulicos que el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco) venía preparando desde febrero del 2014.

Otra evidencia de esa urgencia que refiere la Procuraduría es que, incluso sin tener los resultados de la revisión de los técnicos del MEIC, el gobierno ordenó poner la reforma a consulta pública el 9 de noviembre del 2015.

Luego, un día antes de que el Ministerio de Economía respondiera y aceptara tres observaciones de Sinocem sobre el citado reglamento, se produjo una reunión entre el entonces presidente Luis Guillermo Solís y Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial. En esa cita también estuvo Mariano Figueres, entonces director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Luz verde a crédito

Los técnicos del MEIC aceptaron tres observaciones de la empresa de Juan Carlos Bolaños y, seis días después, le entregaron la versión final del reglamento a Welmer Ramos, como jerarca de Economía.

En ese momento, el gobierno se saltó la etapa de revisión de la reforma en la dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia, pues tal como lo pudo verificar la Procuraduría de la Ética, apenas Ramos lo tuvo en las manos se lo envió a Luis Guillermo Solís, para que lo firmara.

Tanto fue así que Ramos recibió el proyecto de reglamento el 16 de diciembre del 2015 y, ese mismo día, el entonces presidente lo firmó sin la revisión de la oficina respectiva.

Pese a ello, el gobierno publicó una primera versión errónea del reglamento en La Gaceta el 23 de diciembre del 2015. Fue errónea porque iba sin la firma de Luis Guillermo Solís; solo llevaba las de Ramos y la entonces ministra de Salud.

Una segunda publicación correcta del Reglamento Técnico sobre Cementos Hidráulicos se dio el 4 de enero del 2016 y, tal como lo manifestó la Procuraduría Ética, fue la acción definitiva para que el BCR le girara el primer desembolso del crédito al importador cementero en febrero del 2016.

“A criterio de la Procuraduría de la Ética, el señor Welmer Ramos González pudo haber incurrido en una violación al deber de probidad normado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, dice el informe.

“La aceleración del citado trámite, nuevamente, es coincidente con una necesidad específica del señor Bolaños Rojas, la pronta aprobación del nuevo reglamento técnico que le permitiría la reactivación del procedimiento de formalización y desembolso del crédito otorgado por el BCR”, indica el informe de la investigación.

Por esa razón, la Procuraduría envió el caso al Ministerio Público y ante ello, el presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió al diputado “honrar su compromiso” de renunciar a la curul si se le determinaba alguna falta. Ramos se niega a dimitir pese a que sus otros nueve compañeros de fracción también le piden retirarse mientras se somete a la investigación de la Fiscalía.